Este viernes entró en su recta final la intervención de los abogados del expresidente Álvaro Uribe Vélez frente a la petición de la Fiscalía General de precluir la investigación que se adelanta contra el exmandatario por presunta manipulación y presión a testigos.

En su intervención, el abogado Jaime Granados Peña aseguró que no existe ninguna evidencia que demuestre que Uribe ordenó entregarle dinero a testigos para que cambiaran sus versiones o avaló el ofrecimiento de beneficios judiciales si se retractaban de haberlo vinculado con grupos paramilitares en el departamento de Antioquia.

Para Granados, en el auto de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la medida de aseguramiento en contra de Uribe en agosto de 2020 incurrió en constantes contradicciones sobre la supuesta forma en cómo aparecieron los testigos que en un momento manifestaron que querían retractarse de sus acusaciones (Juan Guillermo Monsalve y alias Caliche) y después aseguraron que habían sido presionados para cambiar su versión y vincular al senador Iván Cepeda como el artífice del complot contra el expresidente.

En uno de los puntos centrales de su intervención, el jurista aseguró que no es cierto que el expresidente Uribe pueda catalogarse como un “imputado” puesto que la indagatoria que rindió el 7 de octubre de 2019 ante la Corte Suprema de Justicia no puede transformarse de la noche a la mañana en una imputación de cargos.

“Si miramos la indagatoria esta no es más que un interrogatorio, una indagatoria no es una audiencia de imputación (…) un interrogatorio refleja lo que pregunta un instructor y el testimonio que rinde el indagado, hay una dificultad de extraer de unas preguntas una claridad de una imputación. Habría que tener telepatía para saber qué hay en la mente del magistrado cuando formula una pregunta”, precisó el abogado penalista.

En este sentido reseñó que es imposible adivinar en dicha indagatoria, que duró casi siete horas, lo que “se le censuraba a Álvaro Uribe Vélez”, puesto que nunca se le pusieron de presentes las pruebas, sino que se le escuchó defenderse frente a los hechos por los cuales era investigado. Para Granados no se puede aceptar una “imputación elástica” puesto que esto representa una vulneración a los derechos procesales.

En otro de los apartes de su intervención Granados sostuvo que –pese a lo dicho por los representantes de víctimas- la Corte nunca allegó una evidencia que pudiera inferir que Uribe le dio una orden directa al abogado Diego Cadena para que ofreciera dinero, dádivas o asesorías jurídicas a los exparamilitares para que modificaran su dicho y se retractaran.

Es más, cuando el exmandatario se enteró de la situación se molestó mucho con Cadena y le pidió que no hiciera ese tipo de cosas sin su autorización, puesto que él no quería ofrecer dinero o beneficios jurídicos a los testigos que querían retractarse de manera libre y voluntaria.

En este caso, tras la petición de solicitud de preclusión por parte de la Fiscalía General por falta de pruebas, las víctimas avaladas (el senador Iván Cepeda; el exfiscal General, Eduardo Montealegre; el exvicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo; y la defensa de Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve) pidieron que se rechace la petición del fiscal Gabriel Jaimes y se continúe con el proceso en etapa de juicio.

Mientras que el delegado de la Procuraduría General, Jorge Sanjuán y los abogados Jaime Lombana y Jaime Granados le pidieron a la jueza 28 de conocimiento que avale la petición de la Fiscalía argumentando que en efecto no existe evidencia para vincular a Uribe con la presión a testigos.