Una tormenta política se desató en el país por la polémica propuesta del senador de la Colombia Humana Gustavo Petro de bajar el precio de los arriendos en el país a la fuerza, argumentando que, con una medida de esas características, el salario podría rendir más.
Sobre esa idea del candidato presidencial se conoció una fuerte reacción en las últimas horas. El representante a la Cámara del Centro Democrático Gabriel Vallejo calificó la propuesta como “absurda, populista y peligrosa”.
“Frente a la propuesta de Gustavo Petro de reducir los arriendos de vivienda a la fuerza, se trata de la propuesta más absurda, peligrosa, populista e imposible de realizar que he escuchado en los últimos meses”, sostuvo Vallejo.
Pero el congresista, en diálogo con SEMANA, fue más allá. “Por eso insisto en que Gustavo Petro es la estafa política más grande que ha tenido este país en su vida republicana y la razón es sencilla, la evidencia demuestra que imponer la reducción de arriendos vía ley de la República es un fracaso absoluto, eso no ha funcionado en España ni en ningún otro país que lo va implementado; por el contrario, lo que produce es más miseria y más pobreza”, sentenció.
Pero la otra orilla política piensa diferente y apoya la propuesta de Petro. Este es el caso de el senador del Polo Democrático Iván Cepeda, quien plasmó su postura destacando las bondades que una idea de ese estilo se aplique en Colombia, pero con varios requisitos.
“En realidad de lo que se trata es de adaptar una realidad que se vivió en los tiempos de pandemia, son acuerdos entre arrendatarios y arrendadores para de alguna manera mitigar los efectos socioeconómicos que ha tenido esta crisis de la pandemia”, señaló.
También subrayó que, en su opinión, “es una propuesta razonable, siempre y cuando esta parta del consenso del acuerdo entre quienes son propietarios y quienes están arrendando los inmuebles”.
Por otro lado, el senador de la Alianza Verde Antonio Sanguino indicó que la propuesta de Petro podría afectar el patrimonio de las familias y, por el contrario, afirmó que Colombia necesita una política robusta de vivienda propia.
“Es a todas luces equivocado, proponer mediante una decisión presidencial la reducción del valor de los arriendos de las viviendas como una manera de mejorar los ingresos o la situación económica de las familias más pobres del país. Sería tanto como olvidar que esas familias pobres les pagan sus arriendos también a otras familias pobres o menos pobres, que con mucho esfuerzo lograron acceder a un apartamento o a una vivienda que lograron luego poner en arriendo, sería afectar el patrimonio de estas familias”, dijo.
También precisó Sanguino que “lo que hay que hacer es, contrario a lo propuesto por el candidato Petro, una política masiva de vivienda de interés social y de interés prioritario que resuelva y reduzca el déficit cuantitativo de vivienda y que con una política de mejoramiento también reduzca el el déficit cuantitativo de las mismas”.
Por otro lado, una voz autorizada para hablar de esa propuesta está en la mirada de las inmobiliarias, que son las que en la mayoría de los casos manejan el tema de los arriendos. En particular, el presidente ejecutivo de Fedelonjas, Daniel Vásquez, recordó que el tema está regulado por una ley expedida por el Congreso de la República.
Según explicó, dicha norma (la Ley 820 de 2003) contiene topes máximos que han sido previamente estudiados; por consiguiente, cualquier propuesta en este sentido, de cualquier candidato a la Presidencia, no le permite al gremio pronunciarse, teniendo en cuenta que no tiene un sustento técnico, económico y jurídico, ni un camino sobre el cual se podría llegar de nuevo al Congreso para reemplazar la ley vigente.
Finalmente, Vásquez recordó también que en el contrato de arrendamiento hay dos partes: el arrendador y el arrendatario, por lo que puso sobre el tapete el hecho de que, en 2019, según las cifras oficiales del DANE, el 85 % de los propietarios que devengan un ingreso por cuenta de un arriendo, pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. “Estos son contratos que tienen que ver con situaciones económicas de los colombianos, por lo cual no se pueden analizar a la ligera”.