Un tema que ha generado gran polémica en los últimos días ha sido la reforma a la educación. Ha sido tal el impacto que las universidades privadas salieron a comentar sobre esto, solicitando modificar el articulado.
No obstante, en esta ocasión fue el turno de las públicas, las cuales -a diferencia de las privadas- salieron a respaldar la reforma impulsada por el Gobierno. Concretamente, y mediante una carta, las rectorías de la Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, Universidad Industrial de Santander y Universidad del Valle dieron el espaldarazo.
Esta semana, se radicó el proyecto de ley ante el Congreso de la República. Antes de su radicación, los rectores de los Andes, Javeriana, La Sabana y Eafit le hicieron un llamado al Gobierno para modificarla y fortalecer ciertos puntos cruciales de la reforma.
Por un lado, la carta publicada por las rectorías anteriormente mencionadas señala que el proyecto no incorpora suficientes elementos que permitan consolidar un sistema pluralista, moderno, incluyente y sostenible.
Una anotación que hicieron es que se requiere señalar con mayor claridad los mecanismos que garanticen y fortalezcan el aumento de cobertura. En ese orden de ideas, consideran que es necesario sentar las bases para asegurar la calidad planteada.
Por otro lado, los rectores indican que, a pesar de los llamados hechos al Ministerio de Educación Nacional para que regule el derecho a la educación posmedia, el proyecto de ley estatutaria reconoce como única vía de formación la educación superior.
Ahora el turno fue para las universidades públicas, las cuales, también con una misiva, dieron a conocer su punto de vista a favor del proyecto de ley.
En primer lugar, las rectorías reconocen el esfuerzo del Gobierno al presentar un proyecto estatuario en búsqueda de reforzar el derecho fundamental de la educación en todos los niveles.
“Pese a la rigurosidad y las exigencias que reclama el trámite de una ley estatuaria, creemos firmemente que ella es necesaria y oportuna, en tanto reconoce principios constitucionales como la diversidad cultural, étnica, lingüística y de saberes en Colombia”, señala la carta.
Las universidades indican que el articulado debe iniciar discusiones en el Congreso, por lo que las universidades y demás actores del sistema educativo estarán dispuestos a contribuir con lo necesario; en especial, para la garantía de educación de calidad, con acceso, cobertura, progresividad, universalidad, financiamiento adecuado, enfoque territorial y equidad.
Adicionalmente, esperan que el proyecto se articule con otras iniciativas gubernamentales, tales como el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992.
El propósito de las universidades públicas expuesto en la carta radica en garantizar el desarrollo y la construcción de la nación desde sus funciones misionales de docencia, investigación y extensión. En ese orden de ideas, afirman apoyar la iniciativa del Gobierno.
“Respaldamos la apuesta del Gobierno nacional de garantizar el derecho a la educación desde la ampliación de la cobertura, el cierre de las brechas de acceso y el fomento de la calidad y la pertinencia, reconociendo que nuestro sistema educativo es mixto”, apunta la misiva.
De igual forma, las rectorías indicaron que defienden la autonomía universitaria en la Constitución como un derecho relacionado con la función social y el carácter misional de las instituciones. Además, consideran que es pertinente fortalecer el derecho a la educación para que las universidades sigan creando y gestionando conocimiento en la educación.