Este viernes se escribió un nuevo capítulo entre el Gobierno nacional y el partido político Comunes, compuesto por los exmiembros de las extintas Farc y que firmaron los Acuerdos de Paz en 2016.

De acuerdo con Pastor Alape, miembro del secretariado de las entonces Farc y delegado del partido político en el Consejo Nacional de Reincorporación, hay despidos masivos en la Unidad Nacional de Protección (UNP) que están dejando vacíos en la seguridad de los firmantes de paz en Quindío, Chocó, Tolima y Risaralda.

Según Alape, existen inconvenientes y falta de compromiso de las autoridades colombianas para darles cumplimiento a los Acuerdos y, además, a la reincorporación de quienes militaban en las Farc a la vida civil. “Los errores de la dirección de la UNP y la falta de voluntad política para cumplir ponen en riesgo la protección de la vida de los firmantes del acuerdo. ¿Esa es la intención que tienen para cumplir el acuerdo de paz?”, escribió en su cuenta de Twitter.

Más adelante, cuestionó la forma en que se realizan los contratos dentro de la Unidad de Protección para no prever que los escoltas y quienes componen los esquemas de seguridad no puedan seguir acompañando a los protegidos.

“Ya son 276 firmantes del acuerdo asesinados hasta el momento. ¿Cómo es posible que no se prevea que, al terminarse los contratos de los escoltas, los protegidos queden a merced de los enemigos de la paz?”, expresó.

Ante estas denuncias, el director de la UNP, Alfonso Campo, desmintió que estén ocurriendo estos acontecimientos administrativos y que la seguridad de todos los miembros del partido Comunes y las ex Farc está garantizada.

“¡FALSO! La prestación del servicio de UNP con los miembros del partido Comunes está vigente. La subdirección especializada y la Mesa Técnica tienen conocimiento de todos los procesos que desde la entidad se vienen ejecutando para garantizar la seguridad de este grupo”, destacó.

A esto sumó: “La UNP presta medidas de protección robustas que brindan garantías de protección a los miembros del partido Comunes, dando cumplimiento a la directriz del presidente Iván Duque de priorizar la protección de la vida de todos los colombianos en riesgo de amenaza”.

Esta no es la primera vez que Alape denuncia hechos similares relacionados con la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz. En enero de 2021 señaló que su esquema había sido reducido a través del siguiente mensaje: “Dejo constancia y responsabilizo al Gobierno nacional por el riesgo que representan los desplazamientos, sin que el esquema de seguridad que me fue asignado sea reducido sustancialmente en su operatividad”.

Por esos mismos días, el director de la UNP aseguró que esto tampoco era cierto y que Alape, así como el jefe del partido político, Rodrigo Londoño, tienen medidas de “protección robustas, fuertes, combinadas con la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección, y ese es nuestro deber y nuestro compromiso”.

Además, ante las diferentes polémicas que se han desatado alrededor del asesinato de exmiembros de las Farc que firmaron los Acuerdos, la entidad del Gobierno señaló hace algunas semanas que casi el 80 % del presupuesto anual que se asigna está destinado a la protección del partido Comunes y que se ha planeado reforzar los esquemas de seguridad de los desmovilizados con poco más de 13.000 hombres.

Para 2021 están presupuestados alrededor de $ 121.000 millones para los esquemas de protección de este partido político.