Helicóptero del Ejército que transportaba a comisión de la Procuraduría, Fiscalía y Defensoría del Pueblo para investigar hechos en Tierralta, Córdoba, fue atacado. Las primeras informaciones indican que el helicóptero fue impactado en el tanque de gasolina lo que obligó el piloto a desviarse de emergencia a Carepa, Antioquia. Todos los ocupantes se encuentran ilesos.
En el helicóptero, según confirmaron fuentes cercanas, viajaban 20 delegados de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, que fueron designados para la recolección de pruebas. Cuando se aproximaban al sector fueron hostigados con armas de largo alcance.
En la tarde de este miércoles, después del consejo extraordinario de seguridad en el que participaron el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez; delegados del Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación y el Ejército Nacional, se tomaron una serie de medidas.
“El Ejército Nacional, en colaboración armónica con las instituciones del Estado y en aras de la transparencia institucional, dispondrá de tropas y medios para garantizar el desplazamiento de las comisiones de la Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la Nación, para que los entes de control puedan desarrollar las investigaciones a que haya lugar”, aseguró Jairo Baquero, Secretario interior de Córdoba.
Así mismo, las autoridades locales de Córdoba solicitaron el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la vereda para restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y sujetos especiales de protección.
En cuanto a la Fuerza Pública, el funcionario indicó que “continuará cumpliendo con la misión constitucional para garantizar la seguridad de las comunidades y evitar desplazamientos hacia otros territorios, en trabajo articulado con el Ministerio del Interior, la Gobernación de Córdoba, Alcaldía de Tierralta, Defensoría del Pueblo y demás instituciones”.
Ante estos hechos que han causado indignación y rechazo en el país, los ministros del interior y Defensa viajarán el próximo jueves, 14 de septiembre, hasta la vereda Bocas del Manso para instalar una mesa de diálogo con la comunidad y así reestablecerles los derechos. Adicional esto, se buscará darles garantías de no repetición y evaluar la asistencia humanitaria en la zona, en concordancia con ente departamental y municipal.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación se encargará de adelantar una investigación disciplinaria para el caso, por ello a la vereda en mención también se trasladará grupo interdisciplinario liderado por el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento.
La denuncias instauradas por violación a los derechos humanos fueron recibidas por Defensoría del Pueblo y Personería Municipal junto con la Alcaldía.
“La Fiscalía General de la Nación dispuso un equipo de Fiscales en Derechos Humanos e Investigadores, así como el equipo interdisciplinario para el esclarecimiento de los hechos, quienes iniciaron los actos urgentes y harán presencia en el territorio”, concluyó el secretario del Interior de Córdoba.
Igualmente, la Justicia Penal Militar abrió una investigación preliminar por abuso de autoridad especial. Las primeras informaciones que se tiene es que hombres fuertemente armados llegaron hasta la vereda y, después de presentarse como disidencias de las Farc, amedrantaron a los pobladores. Un juez ya se dirigió hasta el lugar para recaudar evidencia y establecer la presunta participación de miembros del Ejército Nacional en esta acción violenta.
¿Qué ocurrió?
Hasta la vereda Bocas del Manso, ubicada en el municipio de Tierralta, llegó un grupo de uniformados, que en un acto irracional intimidó a campesinos, mujeres con bebés en brazos, incluso niños presenciaron el hecho.
Los afectados captaron en video el hecho, que ha causado indignación y rechazo entre los habitantes de Córdoba y las autoridades. Este ataque, según denunciaron, habría sido perpetrado por hombres del Ejército disfrazados de guerrilleros.
En la grabación se observa cómo uniformados maltratan verbalmente a los habitantes de la vereda El Manso e incluso a varios de ellos los amenazan con dispararles, poniéndoles las armas en la cabeza. Ante esta situación, algunas mujeres decidieron enfrentarlos y exigirles respeto.
“En estos momentos no me siento libre, ustedes nos apuntan con esas armas a la cara y nosotros no estamos haciendo nada. Ustedes saben que si nos vamos a la Constitución eso no se puede hacer, eso es violación de derechos humanos”, se escucha decir a uno los lugareños.
En la grabación, cuya duración es de 4 minutos y 14 segundos, se muestra a la comunidad acorralada en un quiosco, mientras los uniformados les apuntan con sus fusiles e intimidan.