La defensa del exsenador Arturo Char le pidió de manera sorpresiva este viernes a la Corte Suprema de Justicia que revise la decisión por medio de la cual dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra él, en el marco del proceso por compra de votos para las elecciones de 2018 en el Atlántico.
Fuentes cercanas al alto tribunal informaron que el recurso de reposición en contra de la decisión emitida el pasado 6 de septiembre deberá ser resuelto por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Una vez se tome una decisión de fondo, la defensa podrá radicar, si lo considera pertinente, control de legalidad de la medida de aseguramiento ante la Sala Especial de Primera Instancia.
La presentación de estos recursos -aclararon desde la misma Corte Suprema- no afecta en nada el curso de la investigación contra Char por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante, ambos agravados. Igualmente, sigue en firme la diligencia de ampliación de indagatoria que fue fijada para el los días 25 y 26 de septiembre a las 9 a. m.
Char se encuentra privado de su libertad desde el pasado viernes 8 de septiembre, en el pabellón de funcionarios públicos de la cárcel La Picota de Bogotá. En diversas oportunidades, por medio de su defensa y en publicaciones en la red social X (antes Twitter), el exsenador de Cambio Radical ha manifestado que es inocente y que Aida Merlano miente.
Incluso, en la investigación, la defensa de Char fue más allá y aseguró que él no tenía la necesidad de comprar votos, puesto que tenía casta política y un reconocimiento social, por lo que ya tenía los votos asegurados para garantizar su presencia en el Senado para el período 2018-2022.
En la medida de aseguramiento, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tuvo en cuenta varios factores, además de la gravedad de los hechos por los que se investiga a Char. Desde que renunció al Congreso en febrero de este año, el dirigente político no había vuelto a Colombia. Se radicó junto a su grupo familiar en Miami, Estados Unidos, ciudad desde la cual rindió su indagatoria el 30 de junio pasado.
A esto se le suma el hecho de que Char cuenta con doble nacionalidad y ya tiene todos los documentos de residencia. No existía, pues, plena garantía, para ese momento, de que regresara por sus propios medios a Colombia para atender las citaciones del alto tribunal que lo investiga por los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados.
Por esto, se llegó a la conclusión de que existía un alto riesgo de no comparecencia, uno de los tres puntos fundamentales cuando se evalúa la necesidad de emitir una medida de aseguramiento, según dicta el Código de Procedimiento Penal.
Igualmente, los movimientos migratorios de Char en los últimos años dejaron ver un fenómeno que llamó la atención de la Sala, al considerar que durante su cargo tuvo una decena de salidas del país, pero regresaba en un plazo razonable.
Esta situación no se presenta desde que salió del Congreso, puesto que, una vez en los Estados Unidos, no había vuelto a atender ningún asunto.
Teniendo en cuenta varias declaraciones, entre ellas las de la misma Aida Merlano, quien reseñó que estando en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, en el año 2019, recibió la visita de los abogados Diego Muñetón y Teodoro Antonio Dejón, muy cercanos a la familia Char. Estos la presionaron y ofrecieron varios beneficios para que no declarara ante la Corte Suprema de Justicia en el caso de la corrupción electoral. Es decir, para que guardara silencio.
Esta versión fue confirmada por Merlano hace unos meses ante la Sala de Instrucción, señalando que, en efecto, tuvo conocimiento de las presiones de Arturo Char y del empresario Julio Gerlein, principal financiador y promotor de su campaña, con el fin de que no siguiera contando nada de lo ocurrido en las proximidades de los comicios del 2018.
Por estos hechos, la Fiscalía anunció una imputación de cargos en contra del empresario y los dos abogados por los delitos de soborno en actuación penal y determinador de falso testimonio.
Estas presiones denunciadas por el abogado de Aida Merlano llevaron a la propia Corte a la conclusión de que, estando en libertad, Char podría seguir ejerciendo presiones o realizando acciones para manipular y eliminar elementos materiales probatorios.
En sus declaraciones, Merlano fue más allá y aseguró que el propio Char fue a su sede de campaña en Barranquilla para entregarle un dinero y verificar que el estructurado plan de compra de votos estuviera marchando sin ningún tipo de problemas, puesto que él también se beneficiaría.
Merlano no dudó en calificar a Arturo como el “artífice” de toda esta estrategia de corrupción electoral.