Este martes se emitió la orden de captura contra Cielo María Gnecco Cerchiaro, ex primera dama del departamento del Cesar, por presuntos nexos con grupos paramilitares. En el documento de 31 páginas, conocido en exclusiva por SEMANA, se señala que la dirigente política será puesta a disposición de la fiscalía quinta especializada en la “cárcel judicial de esta ciudad, lugar en el que cumplirá la detención preventiva”. Sin embargo, según se pudo confirmar, la captura aún no se ha materializado.
La decisión se tomó luego de que se declararan como delitos de lesa humanidad los secuestros extorsivos y homicidios de Jairo Alberto Hernández Hinojosa y Carlos Alberto Mendoza Guerra, en hechos registrados el 10 y 12 de abril de 2002, respectivamente.
Tras revisar el recurso de apelación presentado por la Procuraduría General, la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Valledupar determinó que existían méritos suficientes para vincular a Cielo Gnecco a la investigación, y dictar una medida de aseguramiento en centro carcelario en su contra por los delitos de secuestro extorsivo y homicidio en persona protegida.
Juan Manuel Argumedo García, alias Gabino -quien hizo parte del frente Mártires del Cesar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)-, señaló en un documento redactado de su puño y letra que Jairo Alberto Hernández Hinojosa y Carlos Alberto Mendoza Guerra, “quienes habrían estado vinculados contractualmente con la Gobernación del Cesar”, fueron retenidos por paramilitares “por petición que hiciera Cielo María Gnecco Cerchiaro”.
Esto, según narró alias Gabino, se hizo con el fin de “obligar a los plagiados” a devolverle a Cielo Gnecco una suma cercana a los 2.500 millones de pesos “que habrían obtenido, al parecer, de su actividad con el ente departamental y de la cual debían entregar una parte”.
Debido a que los dos secuestrados no aceptaron las presiones para devolver el dinero, fueron asesinados. “Cielo María Gnecco Cerchiario y Javier Gámez, según el denunciante Julio Manuel Argumedo García, pidieron a David Hernández Rojas, alias 39, que los asesinara, sugerencia que fue atendida positivamente por este, el 8 de noviembre de 2002, a través de miembros vinculados al grupo criminal”.
Con esta determinación, se revocó la decisión emitida el pasado 30 de enero por la Fiscalía Quinta Especializada, que se abstuvo de afectar la situación jurídica de Cielo Gnecco. En la determinación se ordenó recibir las declaraciones juramentadas del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez y Julio Manuel Argumedo García, alias Gabino; así como de Daniel Gómez Romero y Clara Lucía Castelblanco Fonseca.
Los señalamientos contra la matriarca del Cesar
Para la Fiscalía General, las declaraciones que se han emitido en contra de Cielo Gnecco son coherentes frente al tiempo, modo y lugar en el que se presentaron los hechos materia de investigación. Igualmente, se advierte que los testimonios cuentan con una validez legítima.
“Basta la lectura serena, reposada y desprevenida de las declaraciones de cargo para encontrar en ellas con fulgor que comprometen a la sindicada Cielo María Gnecco Cerchiaro con la ejecución de los delitos de secuestro extorsivo y homicidio agravado”, precisa la decisión.
Frente a la necesidad de la medida de aseguramiento, se considera que es clave para proteger la integridad del expediente y de los testigos. “Leídas las versiones de abajo para arriba, de arriba para abajo, rápida o reposadamente, no aflora ninguna fisura con capacidad de erosionar su valor suasorio, de cara a la exigencia normativa”.
Varios testigos y otras pruebas recaudadas permitieron inferir el poder en la región de Cielo Gnecco y las acciones que podría ejecutar contra aquellos que han declarado en su contra.
“Se suma el poder político y económico que ostenta en el departamento del Cesar el clan Gnecco Cerchiaro, del que la procesada forma parte, siendo la madre del detenido gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco. No cabe duda para estimar que tiene facilidades para abandonar el país y ponerse lejos del alcance de la justicia colombiana, una vez conocida esta determinación, si se optare por la decisión de no restringir su libertad”, se lee en la decisión.
Incluso el mismo Gabino, testigo clave en esta investigación, aseguró que en la región es bien sabido el poder que tiene la ahora procesada y las influencias con las que cuenta. “Se arriba a la necesidad de restringir su derecho a la libertad personal porque, de no hacerlo, el miedo que infunde, el poder y el dinero que posee, le facilitaría la manipulación de las pruebas que la primera instancia deberá recaudar antes de proceder a la calificación del mérito probatorio del sumario”.