Un nuevo golpe recibió el gobierno del presidente Gustavo Petro en su intento de volver a la vida la deducción de regalías por impuesto a la renta. La Corte Constitucional rechazó la solicitud de impacto fiscal que presentó el Ministerio de Hacienda en contra de la decisión emitida en diciembre pasado.
El Ministerio advertía que esta decisión generaba un impacto total en los ingresos que el Estado tenía proyectados para el 2024 por un valor cercano a los 6,6 billones de pesos, lo que equivalía al 29,8 % de los ingresos esperados para esa vigencia por la reforma tributaria.
Igualmente, se ponía sobre la mesa el impacto significativo frente al cronograma de ingresos fiscales que el Gobierno nacional tenía proyectados para financiar sus necesidades de gasto. Sin embargo, la Corte Constitucional, con ponencia de los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Cristina Pardo Schlesinger, consideró que los argumentos no fueron suficientes.
“El escrito de sustentación del IIF sobre la Sentencia C-489 de 2023, presentado por el ministro de Hacienda y Crédito Público, no cumple con los requisitos constitucionales, legales y jurisprudenciales para ser admitido. Particularmente, no satisface las condiciones materiales o sustanciales establecidas en el artículo 334 de la Constitución y 6 de la Ley 1695 de 2013″, reseña la decisión.
En el análisis jurídico, la Corte manifestó que en ningún momento el Gobierno demostró la afectación directa del fallo. “Respecto de los argumentos presentados en el escrito de sustentación, la Sala Plena observa que no son claras las razones por las que el Gobierno nacional no puede adoptar medidas mixtas para frenar el presunto impacto del fallo en las finanzas públicas”.
Citando lo mencionado por el mismo Ministro, el alto tribunal sostuvo que “el escrito omite explicar por qué no es posible combinar de forma estratégica y en un marco de sostenibilidad fiscal las tres herramientas de política fiscal y de planeación presupuestal reseñadas, para hacer oposición a los efectos fiscales de la Sentencia C-489 de 2023″.
Frente a otro de los puntos claves del recurso del Gobierno, el alto tribunal señaló que no se evidenció ningún daño directo o que no se pudiera reparar frente al Plan Financiero 2024 elaborado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo que nunca quedó claro cómo se afectó.
“En ningún apartado del plan financiero se menciona que la reducción de los ingresos causada por el fallo solo pueda ser superada con la modulación, modificación o diferimiento de sus efectos”, advierte la decisión. “Por el contrario, se afirma que, incluso teniendo en cuenta las consecuencias que provoca la sentencia, (i) la ampliación del déficit es plenamente consistente con el cumplimiento de la regla fiscal; (ii) el Gobierno nacional puede adoptar una política fiscal que impulse la reactivación económica; (iii) es posible ajustar el gasto para compensar los menores ingresos asociados al fallo y (iv) la Administración central puede implementar medidas para mejorar el manejo de la liquidez”.
La Corte Constitucional le dio cinco días al Gobierno para que revise sus argumentos y presente una nueva solicitud de impacto fiscal, atendiendo los señalamientos sobre los vacíos y contradicciones frente a lo ya manifestado.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en entrevista de inicio de año con SEMANA, había confirmado que estaba adelantando ese trámite ante la Corte, con el propósito de buscar la manera de que al menos se module el fallo, para que así el impacto fiscal no sea tan grande. “Sí vamos a tener unas limitaciones frente a la expectativa de recaudo en 2024, porque la decisión de la Corte (sobre prohibición de deducción de regalías del impuesto de renta) nos reduce el ingreso en 6,8 billones de pesos.
Esa disminución se daría en dos partes: 3,8 billones en recaudo en 2024. La diferencia está en lo que se obtuvo en 2023 por vía de retención en la fuente. Las empresas energéticas pedirían su reintegro en 2024, pero nosotros le estamos pidiendo a la Corte que module la sentencia. Y vamos a esperar el resultado de esa solicitud con el argumento del impacto fiscal, porque finalmente lo que se recaudó ya estaba recaudado. La modulación solicitada sería para que lo recaudado no se tenga que devolver. Esperaremos a ver qué sucede”, dijo en su momento el funcionario.