La Corte Constitucional, en una votación de 6 a 3 en su Sala Plena, tumbó este jueves la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños al declararla “inconstitucional”.
El principal argumento del Alto Tribunal, expuesto en la ponencia que presentó la magistrada Cristina Pardo, fue que la reforma va en contra de la dignidad humana de los agresores.
La discusión sobre la constitucionalidad de la reforma inició casi que al mismo instante en que el proyecto fue aprobado en el Congreso, pues llegaron ocho demandas que reclamaban tumbar esta iniciativa.
Al mismo tiempo, prestigiosos abogados advirtieron lo que iba a suceder en la Corte Constitucional y aseguraron en ese entonces que Colombia, antes que aprobar la ley, tenía una legislación penal que castigaba hasta con penas de 60 años a este tipo de delincuentes.
Uno de los argumentos de fondo en el que coincidían las demandas era que esta reforma no solucionaba la problemática de estos hechos contra los menores y, por el contrario, se constituía en populismo punitivo, que finalmente podría generar hacinamiento y violación de los derechos humanos de los procesados.
Los magistrados que tumbaron la cadena perpetua fueron Cristina Pardo, José Fernando Reyes, Alberto Rojas, Alejandro Linares, Diana Fajardo y Jorge Enrique Ibáñez.
Los tres votos en contra fueron de los magistrados Antonio José Lizarazo, Gloria Ortiz y Paola Meneses.
En su momento, el presidente Iván Duque señaló que se trataba de una reforma que no fue fruto “ni de una ideología, ni de un partido, sino de una respuesta a un clamor de la ciudadanía”. Por ello, pidió que la misma fuera respetada y aprobada en su totalidad.
Por ahora quedará vigente la norma anterior para castigar la violación y el asesinato de niños en Colombia.
Sobre esta decisión, el abogado Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, afirmó que “desde el día uno se advirtió al país que era una medida populista, populachera, que suponía un desconocimiento abierto y flagrante de la Constitución. Se sabía lo que iba a pasar y se insistió de manera terca generando una expectativa en la ciudadanía, que seguramente confía en este tipo de medidas que son contrarias a la Constitución”.
Bernate agregó que “en ese sentido el Colegio de Abogados Penalistas celebra la decisión que es acorde con lo que la Corte ha dicho desde hace 30 años. Adicionalmente, hacemos un llamado a que no se haga política con los niñas, niñas y adolescentes, que se respete la Constitución, los mínimos de un Estado de Derecho, y que no se tramiten este tipo de medidas que, lejos de proteger a los niños, generaba mayor impunidad y contrariaba los derechos de los ciudadanos”.
Por su parte el abogado penalista, Iván Cancino, expresó en su cuenta de twitter que “ante el Congreso muchos advertimos que la cadena perpetua no respetaba la estructura de la Constitución y no protegía la niñez colombiana. No es una derrota en los derechos de menores es un mensaje claro para legislar bien. Un llamado al Congreso para que entiendan que el derecho penal no soluciona los problemas de un país”.
Así había sido aprobada
El pasado 18 de junio, la plenaria del Senado, en último debate, había aprobado con 77 votos por el ‘Sí' y 0 por el ‘No’, el proyecto que reformaba el artículo 34 de la Constitución Política para condenar a prisión perpetua –revisable– a los violadores y asesinos de niños.
En Colombia, la cadena perpetua fue establecida en el año 1890 y abolida en 1910. Por su parte, los Códigos Penales de 1936 y 1980 nunca establecieron penas únicas o fijas.
En el año 2009, una iniciativa legislativa buscó el referendo para implementar la prisión perpetua en Colombia, pero no tuvo el sustento jurídico para ser aprobada.
Además del presidente Duque, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Ministerio de Justicia se habían mostrado a favor de la cadena perpetua.
Hoy, en Colombia, hay 1.055 detenidos reincidentes por delitos sexuales contra menores de edad.
De hecho, había expectativa de que la cadena perpetua se estrenara para castigar a dos hombres que habían generado temor en la vereda Camperucho, de Valledupar, por la crueldad de los delitos que cometieron.
Se trata de Luis David Pérez Pertuz, alias ‘Lucho Rabo’, y Deibis Rapalino García, quienes son acusados de asesinar a dos menores de edad que trataron de defender a su mamá que estaba siendo violentada por los homicidas. Con este caso, se esperaba estrenar la norma que castigaba hasta con cadena perpetua a violadores y maltratadores de niños.