Un fuerte pronunciamiento emitió este viernes la Corte Suprema de Justicia frente a la posición del Gobierno frente a los graves hechos que se presentaron el pasado jueves en el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, donde los magistrados y trabajadores estuvieron sitiados durante cinco horas.
“La Corte Suprema de Justicia exige al Gobierno Nacional brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar en presiones, hostigamientos o amenazas”, advirtió el alto tribunal.
Por medio de un comunicado, la Corte Suprema rechazó tajantemente el asedio, bloqueo, amenazas e intimidaciones que se presentaron durante la jornada de protestas y que pusieron en grave riesgo la integridad de las personas que estaban dentro del Palacio. Con este tipo de acciones, recalca el alto tribunal, “la democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia”.
“En un Estado de derecho como el colombiano, la función judicial, solo está sometida al imperio de la ley. Todo conflicto o diferencia deben ser tramitados por medio de los pronunciamientos institucionales consagrados en el orden jurídico”, manifiesta el alto tribunal en rechazo a todo lo ocurrido, advirtiendo que los bloqueos a las puertas de ingreso “afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país”.
La manifestación del pasado jueves entró en un punto de tensión máxima después que se conociera la decisión de reprogramar la votación para elegir a la nueva fiscal general de la Nación puesto que ninguna de las ternadas alcanzó, o estuvo cerca, de lograr los 16 votos que exige el reglamento.
“Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado”, asevera la comunicación. Y es que varios de los manifestantes presionaban para que la Corte eligiera una fiscal General inmediatamente mientras rechazaban el hecho que la vicefiscal Marta Mancera asuma como fiscal general encargada a partir del próximo 13 de febrero.
Un grupo de manifestantes se asentó sobre la carrera octava y la calle 12, estratégicamente sobre los parqueaderos, impidiendo cualquier entrada o salida de visitantes ocasionales, funcionarios, empleados de la Rama Judicial, así como de los magistrados tanto de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura.
Sobre el medio día, cerca de 20 personas intentaron ingresar por la fuerza, agrediendo a las policías mujeres que estaban resguardando el ingreso al parqueadero de la Carrera 8 para saltarse las improvisadas vallas de seguridad que tuvieron que ubicar para cercar toda la edificación.
A las 5 de la tarde, después de la reunión entre el director de la Policía Nacional, general William Salamanca y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, agentes del Esmad intervinieron para desalojar a los manifestantes y permitir la salida de los magistrados, funcionarios y empleados.
Por estos hechos, varios sectores políticos y judiciales sentaron su voz de rechazo al considerar que se extralimitó el derecho a la protesta poniendo en grave riesgo la vida e integridad de las personas que estaban dentro del Palacio de Justicia.
Incluso, la procuradora General, Margarita Cabello Blanco indicó tajantemente que los magistrados y funcionarios de la Rama Judicial estaban secuestrados.