Hace dos meses, personal del Comando Especial Estratégico del Ejército le informó al general Luis Mauricio Ospina, comandante de la institución, que obtuvo información crítica y creíble sobre un plan terrorista del ELN para asesinar al fiscal Francisco Barbosa, al general (r) Eduardo Zapateiro y a la senadora María Fernanda Cabal. La unidad que recopiló la información fue la que tiene entre sus blancos de alto valor a alias ‘el Rolo’, del ELN.
El alto oficial habría decidido ocultar el grave dossier con las amenazas, en lugar de alertar a los afectados y al país y tomar las acciones judiciales y de seguridad correspondientes.
Tres fuentes distintas, en inteligencia militar, el CTI de la Fiscalía y la policía judicial que apoya la Dirección Especializada de Organizaciones Criminales, confirmaron la grave información del plan criminal en marcha. Todo se ordenó en una reunión de cinco altos mandos del ELN en Venezuela. El encargado de la operación macabra fue ‘el Rolo’, con el apoyo de Jaime Galvis, alias ‘Ariel’, y ‘Gonzálo Satélite’.
La propia UIAF detectó el movimiento sospechoso de 3.000 millones de pesos destinados a ejecutar el ataque terrorista. El informe fue puesto en conocimiento del Ejército y este fue engavetado. La Fiscalía le solicitó al Ejército que le enviara toda la información sobre el plan terrorista, pero la institución no lo hizo.
Solo cuando la Fiscalía confirmó el plan macabro para asesinar al fiscal Barbosa, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, lo convocó a una reunión urgente el pasado miércoles con la cúpula militar. El fiscal llegó acompañado de la vicefiscal Marta Mancera. La reunión fue tensa.
Era incomprensible que el general Ospina se hubiera guardado una información tan delicada que comprometía la vida del fiscal general, la de un excomandante del Ejército y la de una senadora de la oposición.
Fuentes del Ministerio de Defensa le confirmaron a SEMANA que, en medio de la reunión, hubo un momento complejo porque el general Ospina trató de desconocer el plan del ELN para asesinar a Barbosa. Mancera lo frenó, pues el propio Ejército había entregado a través de una de sus unidades toda la información a la Fiscalía de manera oficial. El ministro Velásquez terció, se solidarizó y se comprometió a colaborar.
Solo tras estallar el escándalo, el general Ospina citó al general (r) Eduardo Zapateiro. El encuentro tampoco fue fácil. La pregunta de Zapateiro fue obvia: si sabían desde hace dos meses, ¿por qué solo me llamaron ahora? Las explicaciones no justificaban los hechos.
Allí, Zapateiro fue informado de cómo el ELN tenía el registro de un vehículo rojo, con placas, al igual que la información sensible del día a día de sus hijos, incluidos sus lugares de estudio.
Unas horas después, el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa se reunieron por 20 minutos en Palacio. El fiscal se quejó con el presidente por el pronunciamiento del alto comisionado de paz, Danilo Rueda, en el que decía que le creía al ELN que no era cierto el plan para asesinar al jefe del ente acusador. Por eso, Barbosa calificó sus declaraciones como “irresponsables” y responsabilizó al Gobierno Petro de lo que le pueda suceder a él y a su familia.
Agencias de Estados Unidos también obtuvieron información del plan terrorista y alertaron a los afectados ante la gravedad de la amenaza.
Ahora se vive otro capítulo, el de una fuerte guerra interna y de persecución contra los oficiales del Comando Especial Estratégico de Ejército que dieron a conocer la información directamente a la Fiscalía y que permitieron que se destapara el escándalo que dejó en evidencia que el general Ospina se quedó callado al conocer el plan para atentar contra el fiscal, Zapateiro y Cabal.
También están tratando de identificar a quienes compartieron información con las agencias Internacionales. Una fuente le dijo a SEMANA: “Se vino encima una cacería de brujas”.
La verdad es que todo habría sido para proteger el proceso de paz con el ELN. Un absurdo político y humanitario, tratándose de personas en riesgo de muerte.
SEMANA contactó al comandante del Ejército, el general Luis Mauricio Ospina, quien aseguró que el lunes entregará un completo informe al ministro de Defensa para dar claridad y agregó: “La información la conocimos el martes en la reunión del fiscal, el ministro de Defensa y la cúpula. Allí se dijo que el viernes anterior alguien del Ejército la llevó (la información). Entonces, la Fiscalía expresó tener un trabajo de 30 días atrás. Lo de los 60 días corresponde a información que la UIAF nos entrega a todas las fuerzas desde marzo para hacer extinción de dominio, lo cual cumplimos con funcionarios de la Fiscalía o CTI”. También afirmó que no se enteró de que la Fiscalía pidiera algo por escrito al Ejército.
Será clave que queden claras las razones por las cuales no se actuó con la celeridad requerida ante una información tan crítica.
Ejército asegura que continuará contribuyendo con la investigación
A través de un comunicado a la opinión pública, el Ejército Nacional se pronunció sobre los hechos que vienen generando polémica, tras conocerse el presunto plan de la guerrilla del ELN para asesinar al fiscal General, Francisco Barbosa, el general (r) Eduardo Zapateiro y la senadora María Fernanda Cabal.
“Para el Ejército Nacional la defensa, seguridad y protección de la vida de todos los ciudadanos es una prioridad y sus acciones no están sujetas ni enmarcadas a intereses diferentes que el cumplimiento estricto de la misión, conforme al ordenamiento jurídico.
La institución reiteró que dos de los temas tratados en la reunión del pasado miércoles, donde estuvo presente el ministro de Defensa, Iván Velásquez: el primero la verificación de la información, con todo el rigor, seriedad y celeridad que la situación amerita, y el segundo, el momento en que la Institución la conoció.
Explicó que los procesos y procedimientos se adelantan desde el mismo momento en que se conoció la información, asegurando “el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de la Constitución, la Ley y el derecho internacional humanitario”.
Finalmente, señalaron que van a solicitar una reunión con los diferentes organismos de inteligencia del Estado, para revisar, analizar y fortalecer las investigaciones.