Después de varias extenuantes audiencias, que se prolongaron hasta este lunes, un juez de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento a 24 militares procesados por la muerte de once civiles en hechos registrados durante un operativo ejecutado el 28 de marzo de 2022, en el caserío Alto Remanso, en zona rural de Puerto Leguízamo.
Entre los vinculados a la investigación se encuentran el teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, el capitán Jorge Erney Marroquín Cadena, el teniente Julián Ernesto Ávila Martínez, los sargentos segundo Cristian Gabriel Pérez Galindo y Maicol Andrés Quiñones Mendoza, los cabos primero Wilber Leonardo Rodríguez y Wilson Andrés Santamaría Ramos, y 17 soldados profesionales.
Las evidencias presentadas por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos destacaron que, por orden del comandante del Batallón contra el Narcotráfico n.° 3, se realizó una inspección para ubicar a alias Bruno, uno de los señalados cabecillas de la estructura disidente de las Farc autodenominada Comandos Defensores de Frontera.
Luego de varias horas de observación, y con pleno conocimiento de que Bruno no estaba en la zona, unidades del Batallón contra el Narcotráfico y del Pelotón de Reconocimiento Táctico, portando prendas oscuras, distintas a las que tradicionalmente usa el Ejército Nacional, accionaron sus armas de dotación contra el caserío Alto Remanso, justo cuando terminaba un bazar comunal.
De acuerdo con los análisis del Centro Estratégico de Valoración Probatoria (Cevap) de la Fiscalía, durante dos horas y media los uniformados realizaron cerca de 1.600 disparos contra 13 casas, una caseta comunitaria, el polideportivo y el embarcadero. Además, lanzaron granadas de 40 milímetros y de fragmentación.
En ese momento, los militares reportaron que estaban en combate con un grupo armado organizado residual; mientras el teniente coronel Cadena Bautista dirigía la acción armada desde el complejo militar Santana, en Puerto Asís, Putumayo.
Producto de esa intervención murieron un gobernador indígena, el presidente de la Junta de Acción Comunal del caserío, un menor de edad y ocho personas más, que permanecían en estado de indefensión. Adicionalmente, quedaron heridos cinco civiles, entre ellos una adolescente embarazada que dormía en su vivienda.
En ese sentido, la Fiscalía les imputó a los 24 integrantes del Ejército Nacional los delitos de homicidio en persona protegida y homicidio en persona protegida tentado. Tras la pregunta del juez de control de garantías, todos los militares rechazaron los cargos.
La Procuraduría General presentó recurso de apelación en contra de la decisión, argumentando que existieron fallas en el debido proceso.
Por su parte, los abogados de los militares aseguraron que el operativo táctico cumplió con todas las normas, señalando que respondieron ante un ataque.
El abogado Jorge Luis Villafañe le señaló a SEMANA que el juez no valoró todos los argumentos que se presentaron para definir la medida de aseguramiento.
“Es una victoria de los grupos armados en el escenario judicial”, advirtió el jurista, quien señaló que durante toda la audiencia existió “un sesgo evidente y carente de análisis. No escucharon nunca a la defensa”.