Tres de los cuatro agentes de la Dijín de la Policía, capturados por participar en las “chuzadas” y un plan de montaje contra Marelbys Meza y Fabiola Perea, quienes laboraban en la vivienda de Laura Sarabia, fueron enviados a la cárcel por orden de la jueza tercera de control de garantías de Bogotá. La patrullera Dana Alejandra Canizales Bonilla gozará de una medida no privativa de la libertad.
En un minucioso análisis, la funcionaria judicial avaló la petición de la Fiscalía General y consideró que los cuatro agentes de la Dijín representan un peligro para la comunidad y para la misma investigación por las interceptaciones ilegales, señalando que estando en libertad podrían eliminar y manipular la evidencia.
Igualmente, teniendo en cuenta lo expresado por la fiscal del caso y la abogada de una de las víctimas frente a los seguimientos, amenazas y presiones que habrían recibido en las últimas semanas, la funcionaria judicial advirtió que la medida de aseguramiento en centro carcelario es necesaria para proteger la integridad de estas personas y sus testimonios dentro de esta investigación.
En su análisis, la jueza de control de garantías también tuvo en cuenta la gravedad de los hechos imputados al capitán Carlos Andrés Correa Loaiza; el intendente Alfonso Quinchanegua, los patrulleros John Fredy Morales Cárdenas y Fredy Alexander Gómez, así como su trayectoria y experiencia dentro de la Policía Judicial, con la cual podrían afectar el curso de la investigación. En el caso de la patrullera Dana Alejandra Canizales Bonilla se tuvo en cuenta que renunció a la Institución y que ya no tendrá intervención en las acciones de policía judicial.
Con el fin de garantizar la presencia y comparecencia de los cuatro procesados, la jueza dio instrucciones directas de que fueran enviados a un centro carcelario en la capital de la República. Debido a su cargo, se ordenó su traslado intemediatamente al pabellón de servidores públicos de la cárcel La Picota.
La Fiscalía General, el pasado 1 de septiembre, les imputó los delitos de falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones. Tras la pregunta de la jueza tercera de control de garantías de Bogotá, todos se declararon inocentes.
En su argumentación, la fiscal del caso relató que existe evidencia suficiente para inferir que un grupo de agentes de la Policía hizo todo lo posible para que la línea telefónica de Marelbys Meza, quien laboraba como niñera de la entonces jefa del gabinete de Gustavo Petro, fuera interceptada. Para esto, incluso llegaron a falsificar documentos que indujeron al error a la fiscal que llevaba la investigación contra Meza por el robo de un maletín lleno de dinero y documentos personales que estaban en el apartamento de la funcionaria.
“A través de engaño, consiguieron que la fiscal 101 del Grupo de Investigación de Hurtos de la Seccional Bogotá ordenara la interceptación de los abonados celulares (...) pertenecientes a Marelbys del Carmen Meza Huertas, quien trabajaba en la casa de la señora Laura Sarabia como niñera del hijo de aquella, y a Johson Pineda Sarmiento, persona cercana a la señora Meza Huertas”, precisó la fiscal durante la imputación de cargos.
Las pruebas recolectadas indican que desde que se recibió la denuncia del esposo de Laura Sarabia, a finales de enero, por el presunto robo de una maleta con cuatro mil dólares en efectivo y documentos privados que estaban en el apartamento de la funcionaria en el norte de Bogotá, se empezaron a realizar varios actos abiertamente ilegales para vincular a la niñera, quien era “la principal sospechosa”.
“El informe del 30 de enero lo entregaron unas personas a Alfonso y Dana. Incluso, al primero le fue remitido el informe a su correo electrónico por parte de Germán Alonso Cabana, pero este informe fue modificado por ustedes dos tanto en su fecha y hora, como en su contenido, incluyendo una actividad que no se hizo en actos urgentes”, señaló la fiscal durante la audiencia.
Las acciones no terminaron ahí. Los agentes también quisieron interceptar la línea telefónica de Fabiola Perea, una joven que laboraba por días en la casa de la familia de Laura Sarabia realizando servicios varios. Para llegar a esto, se alteraron varios informes de Policía Judicial para que una fiscal los presentara ante un juez de control de garantías con el fin de conseguir la interceptación de los abonados celulares. Igualmente, sus dos mejores amigos fueron interceptados para obtener información sobre el presunto robo.