En un documento de seis páginas en poder de SEMANA, la Procuraduría registró el informe preliminar de los hallazgos que permitieron abrir una investigación contra nueve funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, entre ellos el delegado para la Protección de Competencia, José Miguel Moreno, por la inspección que adelantó esa entidad contra la Registraduría, el pasado 12 de marzo.
Los otros funcionarios implicados en dicha visita, que tenía como fin “verificar el cumplimiento del régimen de libre competencia económica en los procesos contractuales de la Registraduría”, son Francisco Melo, Mario Franco, Martha Liliana Fandiño, Mercy Lorena Agámez, Daniela Alvarado Guzmán, Rober Alexis Núñez Barrios, Jéssica Juliana Ortega, Daniel Leonardo Muñoz y José Miguel Moreno.
La investigación, señalan desde la Procuraduría, tendrá como finalidad verificar la ocurrencia de la situación fáctica, determinar si la misma es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron y la responsabilidad de los investigados.
Entre las solicitudes de la Procuraduría a la Superintendencia de Industria y Comercio, para determinar si se extralimitaron, está la “copia íntegra digital del expediente de la actuación administrativa, averiguación preliminar y de la visita administrativa realizada a la Registraduría Nacional del Estado Civil, del cual se garantizará por la Procuraduría General de la Nación ta reserva de ley correspondiente”.
Además, “copia íntegra del manual de procedimientos y flujogramas vigentes para 2024, relacionados con las actuaciones administrativas de protección a la libre competencia económica, las averiguaciones preliminares y visitas administrativas”.
La semana pasada, un día después de la inspección de la SIC, un equipo de la Procuraduría llegó hasta las instalaciones de la Registraduría a adelantar una visita que tiene como objetivo verificar la legalidad y legitimidad de la inspección que adelantó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para recaudar información reservada de la entidad electoral.
El asunto que resultó extraño y en el que, según informaron, los funcionarios de la SIC habrían recaudo de teléfonos celulares personales, correos electrónicos, computadores y documentación de diferentes compañías, sin que tuvieran la competencia.
La situación ha generado fuertes cuestionamientos sobre la competencia de la SuperIndustria para adelantar este tipo de diligencias sobre una entidad como la Registraduría, es decir, una entidad con autonomía administrativa y que no compite en el mercado y tampoco está en los sectores de Industria y Comercio.
Un posible abuso de autoridad y prácticas extorsivas, como la imposición de sanciones económicas a servidores públicos, se estarían presentando al interior de la Registraduría.