El fiscal General, Francisco Barbosa anunció que, junto a la procuradora Margarita Cabello Blanco, le enviará una carta al presidente Gustavo Petro para pedir garantías para que se puedan realizar las investigaciones judiciales en el país. Esto tras el atentado contra el helicóptero que movilizaba a una Comisión que iba a investigar los hechos que se presentaron en Tierralta, Córdoba.
“No existen garantías de investigación en Colombia. El Ejército Nacional El Ejército no da garantías de seguridad a la justicia colombiana, a la Fiscalía General”, precisó e jefe el ente investigador. En este sentido reseñó que ya se comunicó con la Procuradora General para hablar de la grave situación.
“Le enviaremos un oficio al Presidente de la República manifestándole esa preocupación, de que miembros de la Rama Judicial del Poder Público no pueden cumplir adecuadamente sus funciones en el territorio nacional”, precisó el Fiscal General en rueda de prensa.
Esta grave situación se suma a los ataques registrados, en las últimas horas, contra los fiscales y jueces en Tuluá. “Un Estado de Derecho donde la Rama Judicial del poder público no puede ejercer adecuadamente sus funciones es un Estado fracturado”.
Igualmente, en la noche de este miércoles, el Fiscal General le respondió de manera directa al presidente Gustavo Petro y le advirtió que será el organismo el que adelante las investigaciones frente a estos graves hechos.
“Hace unos minutos, el Presidente de la República señaló que volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería el peor error militar de la Fuerza Pública, y dice que eso no puede pasar en su Gobierno, ¡Estoy de acuerdo! Sería muy grave que en el Gobierno de Gustavo Petro se paramilitarizara el país”, advirtió Barbosa en rueda de prensa.
El Fiscal General reiteró que será el organismo que él dirige el encargado de adelantar la investigación. “Quiero decirle de nuevo al Gobierno y al presidente Petro que las funciones de investigación en este país no están en cabeza suya, sino en cabeza de la Fiscalía General de la Nación”.
“No le corresponde al Ejecutivo en Colombia, de acuerdo a sus facultades constitucionales, hacer investigaciones judiciales de ningún tipo. La Investigación la hará la Fiscalía General de la Nación y no vamos a permitir tampoco que la Jurisdicción Penal Militar se entrometa en investigación que tiene que ver con los derechos humanos de las poblaciones rurales en Colombia”, aclaró.
Reseñó que en esa zona delinque la subestructura de Javier Yepes Cantero de la banda criminal del Clan del Golfo, y “al día de hoy tenemos 83 órdenes de captura sin ejecutar contra sus miembros y comandantes en esa zona del país. Es importante que la Policía y la Fuerza Pública estén al frente de esas capturas en zona rural, para sacar a los criminales de las zonas no para atemorizar a la ciudadanía. No podemos volver a las épocas del paramilitarismo como el mismo Presidente lo señaló el día de hoy”.
Igualmente, anunció que se realizará una investigación exhaustiva para establecer si los militares intentaron abusar sexualmente de una menor de edad.
“Pues si tenemos que verificar qué hay denuncias por parte de la comunidad cuáles son los Actos Urgentes si hay circunstancias de tiempo modo y lugar si hay personas que se pueden identificar y por supuesto llegar rápidamente a la responsabilidad repito no podemos permitir una repara militarización del país en Colombia no lo podemos permitir y eso no puede ocurrir en el barco de un Gobierno que al mismo tiempo rechaza el día de hoy el presidente ese tipo de actos”. aclaró.
Este llamado se suma al que hizo en la noche de este miércoles la procuradora General, Margarita Cabello Blanco quien le pidió al comandante del Ejército Nacional, general Luis Mauricio Ospina “garantías plenas” para realizar las investigaciones respectivas en la zona y establecer qué fue lo que efectivamente ocurrió.
“Muy preocupada por los hechos ocurridos el día de hoy, conversé con el Comandante del Ejército, el general Ospina, para exigir garantías de seguridad para la comisión que se encuentra en la zona y para las investigaciones que se continuarán realizando”, manifestó.
Igualmente, manifestó que las investigaciones disciplinaria continuarán y espera que en el menor tiempo posible se pueda identificar todo lo ocurrido el pasado 11 de septiembre. Las evidencias señalan que militares, fuertemente armados, se habrían presentado como disidentes de las Farc para amedrentar a la comunidad de la vereda Bocas de Manzo.
En los videos grabados por los mismos afectados se ven a cuatro hombres, con pantalón camuflado y pasamontañas, amenazar con sus armas de fuego a los habitantes, sin importar que había mujeres con bebés, y niños.
“Quiero decirle al país que continuaremos con las investigaciones y esperamos que las autoridades cumplan con las garantías que está reclamando la Procuraduría General de la Nación”, concluyó Cabello Blanco.