Fuentes de la Fiscalía General de la Nación le confirmaron a SEMANA que se abrió una investigación preliminar contra varios ministros y exfuncionarios de alto nivel del gobierno de Gustavo Petro, por el escándalo de corrupción que se cocinó desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión se tomó en medio de las graves revelaciones que se han conocido en las últimas horas, que mencionan e involucran a varios servidores y exfuncionarios con uno de los casos de corrupción que más ha golpeado a la presidencia de Gustavo Petro.
SEMANA reveló hace pocos minutos un audio del año pasado, en el que se escucha a Carolina Martínez, mano derecha de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, comunicándole a Sneyder Pinilla que recibió de Jaime Ramírez Cobo –enlace en el Congreso del entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y del director del Dapre en esa fecha, Carlos Ramón González– información que tiene que ver con la compra de congresistas para lograr aprobar las reformas y los proyectos de Petro en el Congreso.
Esa delicada grabación, en poder de esta revista, sería uno de los principales motivos por el que la Fiscalía decidió abrir la investigación contra los dos funcionarios, que en el caso de Velasco ya dejó su puesto en el Gobierno y en el caso de Carlos Ramón, saltó del Dapre a la Dirección de Inteligencia (DNI).
La directora de SEMANA, Vicky Dávila, había llamado la atención en las últimas horas sobre la demora de la Fiscalía para investigar a los funcionarios del Gobierno Petro involucrados en este escándalo.
En ese audio que Martínez –asesora de Olmedo– le envió a Pinilla, se escucha: “Ney, ayúdame a hablar con el director. A mí me manda esto el asesor del Congreso del ministro del Interior y el del doctor Carlos Ramón, del Dapre. Él siempre ha mandado ciertas solicitudes para que el director las atienda, entendiendo que él es el enlace del Congreso de ellos dos. Es el mismo. Me llama a decirme que es importantísimo que atendamos a estos tres alcaldes porque si no se les cae no sé qué, se les cae lo que están haciendo en (el) Congreso; mejor dicho, no sé qué tan importante sea, te lo mando a ti para que por fa me ayudes a preguntarle a él si es importante o no”.
Aparentemente, los alcaldes a los que se habría referido la asesora del exdirector de la Unidad serían los de Cotorra (Córdoba), Carmen de Bolívar (Bolívar) y Saravena (Arauca), quienes, según las evidencias entregadas por Olmedo López a la justicia, al parecer terminaron favoreciendo a congresistas de la Comisión de Crédito Público, que tenían que aprobar unos empréstitos de la Nación que tramitaba el Ministerio de Hacienda.
Y ahí entra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al radar de todo este escándalo, pues SEMANA también ha conocido chats, documentos, reuniones y pruebas contra el alto funcionario que dejarían entrever el modus operandi que utilizó para tratar de favorecer por medio de un acuerdo criminal a varios congresistas salpicados como Karen Manrique, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo, Juan Diego Muñoz, Liliana Bitar y Wadith Manzur, presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Según la versión del propio Olmedo, el ministro Bonilla lo habría inquirido el pasado 19 de septiembre para buscar más de 700 mil millones de pesos que se le inyectarían a la UNGRD. Después de que salió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y el dinero ingresó al Fondo de la entidad, el Ministerio de Hacienda habría destinado ese capital para supuestamente regalarlos a dedo para comprar conciencias de congresistas.
En el caso de Sandra Ortiz, la exconsejera para las Regiones de la Presidencia, fue salpicada por el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, al señalarla de ser la “mensajera” a cargo de llevarle maletas con 3.000 millones de pesos en efectivo al saliente presidente del Senado, Iván Name, para que supuestamente aprobara las reformas del Gobierno Petro.