Luego que la Corte Constitucional declarara exequible la ley de paz total del presidente Gustavo Petro, con algunas restricciones como la liberación de criminales bajo la figura de voceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias, el fiscal general, Francisco Barbosa, dejó claro que los llamados “voceros de paz” que salieron de las cárceles serán recapturados.
Sin dejar ninguna duda, el fiscal Barbosa dijo que “los fiscales en el marco de su autonomía e independencia en los próximos días tendrán las órdenes de captura de las personas que salieron de la cárcel como voceros de paz”.
Y es que según la información entregada por la Corte Constitucional sobre la trascendental decisión que tomó, dejó en claro que ni los delincuentes que se vincularon a las protestas ni los peligrosos criminales que ya están detenidos y forman parte de grupos ilegales, pueden salir de las prisiones por capricho presidencial.
La Corte puso punto final a este debate, pues declaró inexequible la posibilidad de que lo hagan personas que “se encuentren en privación de libertad”, esto porque vulnera los derechos de las víctimas. Es decir, no se podrán dar excarcelamientos bajo el argumento de participar en los diálogos o negociaciones.
“Cuando estaba el presidente electo, en ese momento Gustavo Petro, en efervescencia en su discurso y emoción, dijo: le solicito al fiscal general que salgan de la cárcel los muchachos de la primera línea, porque han sido capturados ilegalmente; incluso, la vicepresidenta habló de presos políticos. Hoy la Corte Constitucional acaba de declarar inexequible esa disposición y, por ende, seguramente los fiscales en el marco de su autonomía e independencia en los próximos días solicitarán las órdenes de captura a quienes se designaron voceros de paz y se les otorgaron esas libertades”.
Y agregó el fiscal que “estamos haciendo el balance para saber cuáles son las personas que salieron como voceros de paz; hay que distinguir la palabra con gestores de paz, que es otra figura jurídica que está amparada por la Ley 975 de personas que hacen parte de organizaciones al margen de la ley y que pueden tener esa figura, pero aquellas que no hacen parte de organizaciones al margen de la ley la Corte ha dicho que es inconstitucional”.
“Un año y medio de desgaste, simple y llanamente porque las cosas se tienen que hacer en derecho; hoy la rama judicial está sosteniendo la institucionalidad colombiana”, precisó Barbosa al celebrar el hecho de que la Corte Constitucional le dio la potestad al Congreso de la República para que defina el grupo que puede entrar a negociar la paz total.
“No era posible de un plumazo presidencial sacar delincuentes de la primera línea de la cárcel”, manifestó el fiscal general en el Encuentro de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que se realiza en la ciudad de Neiva.
En este sentido, aseguró que en múltiples escenarios se le había advertido al Gobierno de las incoherencias y falencias en la potestad que se había adjudicado el presidente de ordenar libertades a los integrantes de estos grupos.
“El presidente tiene la posibilidad de solicitar levantamiento de órdenes de captura razonadas y la rama puede decir sí o puede decir no”, explicó el fiscal general al recordar que sus funcionarios tienen intactos los principios de autonomía para tomar decisiones.