Tras el secuestro de tres funcionarios de la Fiscalía y una secretaria de un despacho judicial en el municipio de Tarazá, en el departamento de Antioquia, el fiscal General Francisco Barbosa, advirtió que cerrarán la sede de la Fiscalía en esta zona del país por cuestiones de seguridad.
Dijo el fiscal que luego del secuestro, los funcionarios fueron trasladados por diferentes puntos de ese municipio e incluso pasaron por puestos de control de la Policía y el Ejército sin que se hiciera ningún procedimiento, de ahí que citarán a diligencia de declaración a las autoridades, para que expliquen qué operativos o procedimientos adelantaron en procura de rescatar a los funcionarios.
Barbosa aseguró que uno de los secuestradores de los funcionarios judiciales, sería alias Gonzalito, el máximo cabecilla del Clan del Golfo luego de la captura y extradición de alias Otoniel. Esa persona, alias Gonzalito, estaba en el listado que entregó el gobierno nacional para suspender las órdenes de captura lo que motivó un choque de trenes entre el ejecutivo y el ente acusador.
“Después de escuchar a las víctimas se logró evidenciar que uno de los secuestradores fue José Gonzalo Sánchez Sánchez alias Gonzalito, máximo cabecilla del Clan del Golfo, en esta zona y quien tiene orden de extradición vigente y hace parte de la lista con 16 nombres que pidió el Gobierno levantar las órdenes de captura, a esta petición no accedió la Fiscalía”.
Justamente con la evidencia y las declaraciones de los funcionarios que fueron secuestrados, que posteriormente liberados, delegados del ente acusador en el departamento de Antioquia acudieron ante un juez de control de garantías para solicitar una orden de captura en contra de alias Gonzalito, lo que suma una nueva orden de detención en contra de este peligroso delincuente.
“Ante esta preocupante situación que afecta la seguridad de los funcionarios de la Fiscalía he decidido temporalmente cerrar la sede de la Fiscalía en Tarazá y se trasladará la atención a Medellín dado que no se cuenta con las condiciones de seguridad para administrar justicia en ese municipio”, dijo el fiscal.
De acuerdo con los propios funcionarios, víctimas del secuestro, los delincuentes los trasladaron e incluso pasaron por puestos de control de la Policía y el Ejército sin que se adelantara algún procedimiento para editar su retención. Los secuestradores del Clan del Golfo se movilizaban con tranquilidad por esa zona del país.
“Por lo anterior se citará los funcionarios de Policía y fuerza militares responsables de esa zona en Antioquia, para que expliquen las acciones realizadas y los procedimientos tendientes a garantizar la seguridad de los ciudadanos y servidores públicos. En Tarazá la Fiscalía fortaleció su presencia con cooperación internacional, es lamentable que situaciones como estas sucedan”, advirtió el fiscal general.
Aseguró Barbosa que justamente Tarazá es uno de los municipios priorizados en el acuerdo de paz con las Farc y por eso se concentró la atención de los ciudadanos y no es posible que ahora esté nuevamente a merced de los delincuentes que transitan, según el jefe del ente acusador, de manera libre por esa zona del país. “No podemos admitir que nuestros funcionarios sigan siendo objeto de ataques por parte de grupos armados que transitan de una manera libre en ciertas zonas del país”.