La Fiscalía General le solicitó al juez de control de garantías que ordene el traslado a una guarnición militar del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), Olmedo López y el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla.
Esto por motivos de seguridad y protección para los dos exdirectivos de la UNGRD. “Han venido recibiendo amenazas contra sus vidas e integridad personal, en razón que han decidido colaborar con la administración de justicia”.
De esta forma confirmó que han “delatado actores criminales, han entregado evidencia física, elementos material probatorio e información legalmente obtenida que los vincula con los ilícitos investigados, afectándolos de manera grave de forma individual, económica y política lo cual se ha traducido en una serie de amenazas”.
La fiscal del caso advirtió que es responsabilidad del Estado brindarle la protección a estas personas que han mostrado un compromiso con las autoridades judiciales.
“Le corresponde al Estado proteger más aún si se considera el interés de la justicia y la comunidad en que los aquí procesados concurran a diferentes procesos generados con ocasión a los graves hechos de corrupción en la UNGRD”, precisó.
En su solicitud se señaló que se debe tener en cuenta que la información entregada en las largas jornadas de interrogatorio han permitido abrir nuevas líneas de investigación.
“Es preciso reiterar que existen diversas líneas investigativas de la corrupción al interior que están siendo desarrolladas por la Fiscalía General y que serán objeto de judicialización”, manifestó la delegada del ente acusador.
Con esto, reseñó, se buscará una sanción de estos actos punibles y “desmantelar por completo la organización criminal”.
En la solicitud de medida de aseguramiento se advirtió que los procesados representan un peligro para la sociedad, pueden obstruir la justicia y darse a la fuga, lo que afectaría el proceso y daría una sensación de total impunidad ante la sociedad.
“Como puede advertirse, su Señoría, una medida no privativa de la libertad, así como la detención preventiva en el domicilio de los imputados resulta insuficiente para garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales haciéndose necesario imponer una medida de aseguramiento privativa en establecimiento de reclusión.
A primera hora, y antes de ingresar a la audiencia en el complejo judicial de Paloquemao, los abogados de los procesados advirtieron que no se opondrían a la solicitud de medida de aseguramiento que iba a solicitar el ente investigador.
Esto si, señalando que se debían tomar todas las medidas para garantizar la seguridad y protección de los imputados, advirtiendo que la mejor medida era enviarlos a una guarnición militar.
En la audiencia se pudo conocer también que tanto Olmedo López, como Sneyder Pinilla y el empresario nariñense Luis Eduardo López siguen negociando con la Fiscalía General para la firma de un principio de oportunidad o un preacuerdo.
Con esto, se convertirían en testigos de cargo de la Fiscalía General en los otros procesos penales que se realizarán en un futuro no muy lejano.
La Fiscalía General les imputó el pasado 25 de julio los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.