El general en retiro Mario Montoya negó, ante la Sala de Reconocimiento de Verdad la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad en 130 asesinados y desapariciones forzadas documentadas en el departamento de Antioquia. Por medio de su defensa solicitó la nulidad del proceso.
En este sentido su abogado manifestó que no se le pusieron de presente todos los informes y versiones de este expediente, lo que representa una “indebida formulación de imputación” por lo que se debe anular entonces todo lo actuado.
Para la defensa del general en retiro, la Sala no le precisó cuáles serían las consecuencias de aceptar, o no aceptar, responsabilidad, ni se habló del tipo de sanciones aplicables en uno y otro caso, “para que evaluadas tales perspectivas, el afectado con la providencia contara con los elementos de juicio suficientes para tomar una decisión”.
Por esto, la Sala le dio un plazo de 30 días para que revise y estudie todos los informes que existen en este expediente y tome una decisión de fondo. ”Dado que uno de los argumentos expuestos en la solicitud de nulidad es que el general Mario Montoya Uribe y su abogado no conocieron la totalidad de las versiones voluntarias e informes (...) y que, según alega el abogado defensor, esto impide que el compareciente pueda efectuar su reconocimiento o no de responsabilidad, esta Sala otorgará un plazo adicional de treinta días”, señala la decisión.
En la imputación hecha, la Sala indicó que desde su posición se ejerció una presión constante a sus subalternos por resultados operacionales, lo cual se consolidó con el mensaje de presentar “muertes en combate” como único indicador del éxito militar en la guerra contra la subversión.
En este sentido se señaló que esta práctica “se replicó a lo largo de toda la cadena de mando militar, hasta constituir el punto de partida del patrón macrocriminal de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate”.
Frente a este mismo caso, el coronel (r) Julio Alberto Novoa Ruiz, los subtenientes (r) José Alejandro Ramírez Riaño, Diego Germán Guzmán Patiño, y Edwin Leonardo Toro Ramírez, los tenientes coroneles (r) Emerson Antonio Castañeda Morales y Nelson Enrique Carvajal Chisco y el soldado Óscar Iván Mayo Marulanda, que hicieron parte del Batallón de Infantería No. 4 ‘Jorge Eduardo Sánchez’ (BAJES) aceptaron su participación en estas ejecuciones extrajudiciales.
Por su parte, el coronel en retiro Iván Darío Pineda Recuero hizo de presente su manifiesto para no aceptar su responsabilidad frente a las imputaciones hechas por la Sala.