La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a declarar al general retirado Mauricio Santoyo, antiguo jefe de seguridad de la Casa de Nariño durante el gobierno de Álvaro Uribe, contra quien se adelanta un proceso por los delitos de concierto para delinquir y la desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes).
“Citar al señor Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, en compañía de su defensor, a una audiencia adicional de aporte a la verdad plena con el concurso de los magistrados Óscar Javier Parra Vera y Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez que adelantan el macrocaso 008 en la SRVR”, dice el auto de la citación.
Para la JEP, la información entregada hasta ahora por Santoyo a la Jurisdicción Especial no ha sido suficiente, por lo que se espera que durante la audiencia que se realizará de manera presencial el 21 de marzo de 2024 a las 9:00 a. m. en la sede principal de esta Jurisdicción en Bogotá, amplíe los detalles acerca de los delitos que le fueron imputados.
La desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa ocurrió el 6 de diciembre de 2001 cuando el general Mauricio Santoyo, entonces coronel de la Policía, era el comandante del Gaula en Medellín.
En marzo de 2020, la JEP asumió la competencia para conocer el proceso penal que se adelantaba en la Fiscalía contra Santoyo por estos hechos y, aunque el oficial retirado no ha mostrado interés en comparecer ante la jurisdicción de paz, la competencia prevalente de esta no le da opción distinta pues por tratarse de un expolicía, su comparecencia no es voluntaria, sino forzosa. Solo los terceros civiles o agentes del Estado no combatientes pueden decidir si prefieren seguir en la justicia ordinaria o pasar a la JEP.
El oficial retirado pagó condena en Estados Unidos, donde confesó haber apoyado a los grupos paramilitares entre 2001 y 2008. Ese periodo incluye los cuatro años en que sirvió como jefe de Seguridad de la Casa de Nariño durante el primer gobierno de Álvaro Uribe.
La Fiscalía también acusa al general de haber chuzado más de 1.800 líneas telefónicas entre 1995 y 2001 cuando dirigió el Gaula Urbano en Medellín. Esa interceptación masiva –según lo confesaron años después jefes paramilitares– fue como una brújula envenenada que les sirvió a los paramilitares para adelantar sus operaciones contra los sindicalistas, activistas y defensores de derechos humanos, a los que consideraban auxiliadores de la guerrilla.
Santoyo aceptó, ante la Corte del Distrito Este de Virginia, que recibió plata de jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia y que como alto mando de la Policía tuvo con ellos intercambio de asistencia y apoyo en varias operaciones. Para la Justicia de Estados Unidos, las AUC son un grupo narcoterrorista, por lo que Santoyo pudo haber afrontado una sentencia de más de 20 años de cárcel. Pero dado que aceptó su responsabilidad y tuvo buen comportamiento, consiguió rebajas sustantivas. Pagó siete años efectivos de cárcel.
El 29 de abril de 2019, el general regresó a Bogotá remitido por las autoridades de Estados Unidos. Al bajar del avión, Migración Colombia lo recibió con una orden de captura expedida por un fiscal especializado de la unidad contra la violación de derechos humanos por los hechos que ahora son materia de investigación en la JEP.