En las últimas horas, la Procuraduría decidió archivar la investigación disciplinaria que se adelantaba hace tres años contra la exministra de las TIC, Karen Abudinen, por el escándalo de corrupción conocido como Centros Poblados. El anticipo de los 70.000 millones de pesos que se dio a la unión temporal por el contrato para llevar internet a niños en escuelas rurales del país.
La Procuraduría presentó varios argumentos sobre la decisión de finalizar la investigación contra Abudinen por el millonario contrato que le dio el Ministerio de las TIC al consorcio. Entre ellos, como que la ministra no era la supervisora de la licitación que se terminó malversando a través de un anticipo.
“Declarar la terminación de la actuación a favor de la doctora Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe, ministra MinTIC para la fecha de los hechos investigados, y en consecuencia ordenar el archivo definitivo del expediente, acorde con lo expuesto en la parte motiva de este proveído”, dice la decisión de la Procuraduría.
La decisión de la Procuraduría se basó en que no se logró acreditar la conducta irregular que demuestre cómo la exministra cometió una falta disciplinaria con las irregularidades que se presentaron en la adjudicación del Contrato 1043 de 2020, conocido como Centro Poblados.
El ente de control también informó que no existió responsabilidad directa de Abudinen porque “concluyó que las decisiones tomadas durante su gestión, aunque relacionadas con el proceso de licitación, no constituyeron una violación a las normas de contratación pública que pudieran generar responsabilidades disciplinarias para la exministra”.
La decisión también se basó en una causal de archivo al momento de que no se comprobó que existen elementos que demuestren su responsabilidad. Por esa razón tampoco existiría una sanción disciplinaria contra la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia.
“De acuerdo con el artículo 90 del Código Disciplinario Único, el proceso se puede archivar cuando se comprueba que el hecho atribuido no existió o no hay elementos que demuestren la responsabilidad del investigado”, explicó la entidad.
SEMANA conoció testimonios como el de Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, dueño de la firma Novotics y uno de los involucrados en el sonado escándalo de Centros Poblados con el Ministerio TIC, quien decidió colaborar con la justicia y destapó sus cartas en un testimonio que le brindó a la Fiscalía General de la Nación.
En ese relato, Cáceres confesó que “quiero aclarar sobre giros que realicé a personas o empresas que no son proveedores. Quiero aclarar que yo le realicé dos préstamos a una familia, que son esposos, por 503.000 dólares, los cuales yo lo hice por un tema personal, pero ellos ya van a devolver el dinero. Quiero aclarar que también tomé 1.342.000 dólares para comprar un apartamento a nombre mío, pero ya solicité la devolución de ese dinero. Me giré 75.000 dólares por un tema personal”.
Con esos testimonios, la Fiscalía conoció cómo fue que los 70.000 millones de pesos que se destinaron única y exclusivamente como anticipo a la compra de los equipos para llevarles internet a los niños más humildes de Colombia, terminaron siendo desviados y manejados como plata de bolsillo.