En un documento de una página, fechado este miércoles 3 de abril, el representante legal de Keralty, Juan Pablo Currea, accionista de la EPS Sanitas, le solicitó una reunión “prioritaria” a la procuradora general, Margarita Cabello, para denunciar posibles irregularidades en el proceso de intervención que adelantó el gobierno de Gustavo Petro a esa entidad.
En la carta que llegó al despacho de la procuradora general, el representante legal de la compañía –Juan Pablo Currea– solicitó: “Nos conceda un espacio con su equipo de trabajo de manera prioritaria para poner en conocimiento de ustedes las diferentes anomalías que observamos en el acto administrativo en mención, el cual consideramos que presenta una falsa motivación al afirmar que los problemas financieros de la EPS han incidido directamente en la garantía del derecho fundamental a la salud de los afiliados”.
En el documento también le advierten al ente de control que la actuación ha sido “desproporcionada, discriminatoria y sugiere una posible expropiación”. Por eso, desde Keralty, accionista de Sanitas, le solicitaron a la Procuraduría que inicie las investigaciones disciplinarias pertinentes detrás de la intervención a la EPS Sanitas para evitar que se afecte el derecho fundamental a la salud de los 5,9 millones de afiliados.
La procuradora Cabello no se hizo esperar, y desde la rendición de cuentas que estaba presentando en la Cámara de Representantes, sobre las garantías de seguridad a los derechos a la vida e integridad de la oposición, le respondió a la petición hecha por el representante legal de Keralty.
“Vamos a mirar las denuncias y las peticiones de vigilancia que nos ha presentado la empresa Sanitas EPS para saber si hay o no lugar para apertura de investigación disciplinaria e iniciar las preventivas correspondientes para saber si todo se ha hecho bajo el principio de proporcionalidad, y de razonabilidad para tomar las medidas a estas EPS”, advirtió Cabello.
La respuesta de Cabello se conoció en medio de la nueva intervención que adelantó la Superintendencia de Salud a la Nueva EPS, la Entidad Promotora de Salud con 10,9 millones de afiliados en Colombia. Una decisión que se dio tras la salida del presidente de esa EPS, José Fernando Cardona, y el nombramiento en el puesto de Aldo Cadena.
Por eso la procuradora Margarita Cabello también aseguró que el ente de control se encargará de “vigilar de manera preventiva que las causales para emitir la intervención forzosa a la EPS Sanitas son soportadas bajo los principios básicos de razonabilidad y proporcionalidad que son los que deben utilizarse frente a esa intervención, y ahora a la de la Nueva EPS”.
Pero mientras la procuradora general atendía su agenda en la Cámara de Representantes, la Comisión Séptima del Senado le puso fin a la peligrosa reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro tras siete horas de debates e impedimentos que terminó con la iniciativa legislativa hundida.
Los senadores Norma Hurtado (partido de La U), Miguel Ángel Pinto (Liberal), Nadia Blel (Conservador), José Alfredo Marín (Conservador), Honorio Henríquez (Centro Democrático), Alirio Barrera (Centro Democrático), Lorena Ríos (Colombia Justa Libres), Berenice Bedoya (Alianza Social Independiente) y Ana Paola Agudelo (partido Mira) fueron los encargados de sepultar la iniciativa.
Para argumentar el archivo de la reforma a la salud, la congresista Norma Hurtado aseguró que “la reforma, lamentablemente, dividió al país y generó dos bandos: los buenos y los malos. Y cuando se habla de salud no debería haber este tipo de divisiones”.
El polémico proyecto se hundió con 9 votos en contra y cinco a favor, y aunque el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se jugó su última carta ante la Comisión Séptima del Senado para intentar salvar la reforma a la salud, esta finalmente fue archivada. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, reconoció que las mayorías tenían la oportunidad de hundir la iniciativa.