Los exintegrantes del Secretariado de las Farc le anunciaron este martes, 8 de octubre, a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que renuncian a la presunción de inocencia y piden una sola sentencia por los hechos cometidos durante el conflicto armado. Un anuncio rimbombante, pero al leer la letra menuda, en realidad solo están renunciando a este derecho, en los casos que ellos mismos ya han reconocido.
El debate se da porque, aunque parezca altruista lo planteado en la carta de las Farc, " notificamos que renunciamos a nuestro derecho universal a la presunción de inocencia, respecto a todos los hechos, conductas previamente definidos y contrastadas que hasta ahora nos han sido atribuidos en todos los Macrocasos investigados en esta Jurisdicción y en las que hemos aceptado nuestra participación y responsabilidad, y la seguiremos aceptando”.
No quiere decir esto que las Farc, de forma unilateral esté renunciando a la presunción de inocencia por todo lo que se les acusa, de ser así, incluso la JEP ya no tendría misión diferente a contrastar e incluso perdería su relevancia. Es claro que esto tiene que ver con lo que ya han reconocido.
Así las cosas, quedan en duda temas tan espinosos como la práctica de abortos forzados, que han negado que fuera una política de esta guerrilla, aunque las víctimas así lo han señalado. Secuestros que para la JEP son graves privaciones de la libertad, que tampoco han sido reconocidos, tampoco delitos tan graves como el reclutamiento de menores, entre otros.
En la carta de ocho páginas, los exintegrantes del Secretariado que firmaron en 2016 el Acuerdo de Paz le piden a todas las Salas y Despachos de la JEP que emitan, “a la mayor brevedad”, una decisión de fondo sobre los procesos que se les adelantan en ese tribunal.
“Solicitamos que se emita una única Resolución de Conclusiones, en la que se incluyan todos los hechos, conductas, prácticas y casos que sobre cada uno de nosotros obren en conocimiento de la Sala”, precisa una de las peticiones del antiguo Secretariado de las Farc.
Con esto, advierten, se busca “permitirnos reconocer nuestra responsabilidad plena y trasladar el análisis unificado de nuestra situación a la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal de manera tal que se puedan establecer las sanciones propias consagradas por la ley”.
Igualmente, se solicitó el traslado de todos los procesos y sentencias que “reposan en la justicia ordinaria y que se asuma la competencia por los procesos y condenas ocurridos fuera del territorio colombiano que se haya cometido durante, con ocasión y en relación directa o indirecta con el conflicto armado”.
Sin embargo, piden que se evalúe las solicitudes de amnistía en cada uno de los procesos, atendiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo Final de Paz.
“La Sala correspondiente deberá asumir su conocimiento, resolviendo en todo caso de acuerdo al principio de otorgamiento de la amnistía más amplia posible y/o la aplicación inmediata y sin condicionamientos de renuncia a la persecución penal, en concordancia al caso que corresponda”, señalaron.
“Para aquellos que continúen en los macro casos y no han sido seleccionados como participes determinantes, con base en nuestro reconocimiento y el principio de juez natural, solicitamos (...) procedan a la definición de la situación jurídica inmediata de todos los comparecientes que no han sido seleccionados para su inclusión”, precisa otro punto.
Esto con el fin de que se otorgue la renuncia a la persecución penal, y demás tratamientos especiales, sin la “existencia de un régimen estricto de condicionalidad. Lo anterior con el fin de garantizar la seguridad jurídica como derecho constitucional conforme al Acuerdo Final”:
En otro de los apartados pide que se emita “resolución cesando las investigaciones contra las personas vinculadas en la totalidad de sentencias condenatorias e investigaciones por crímenes y conductas no amnistiables proferidas por la justicia ordinaria”.
En el quinto punto se hace mención a los procesos contra los integrantes del Secretariado de las Farc que se adelantan en otros países para que se acumulen en un “macro caso que recoja todas las conductas no amnistiables atribuibles a personas no pertenecientes a las Farc por hechos ocurridos durante, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado con anterioridad a diciembre de 2016″.
Es de recordar que en Paraguay existe una investigación contra Rodrigo Granda, el llamado canciller de las Farc, por su presunta participación en el secuestro y asesinato de la empresaria Cecilia Cubas, hija del expresidente del Paraguay, Raúl Cubas, registrado el 21 de septiembre de 2004.
La solicitud está firmada por Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, el exmáximo comandante de las Farc; Pastor Alape Lascarro, el actual senador del Partido Comunes, Julián Gallo Cubillos, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Rodrigo Granda Escobar y Jaime Alberto Parra Rodríguez.