En un documento de seis páginas quedó consignada la propuesta del exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla.
El exfuncionario propuso aceptar todos los cargos que le imputará la Fiscalía General a cambio de una pena de 60.5 meses de prisión (es decir, cinco años).
“La anterior pena de prisión de 60.5 meses, la cumpliré en atención a mi seguridad y vida, por la calidad de testigo que ostento, en un centro de reclusión militar”, precisa la propuesta.
Igualmente, se compromete a reintegrar la suma de 292 millones de pesos.
El próximo 25 de julio, la Fiscalía General le imputará los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
A la misma diligencia judicial fueron citados el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y el contratista Luis Eduardo López, quien participó en el proceso licitatorio para la compra de 40 carrotanques.
Este es el documento firmado por Sneyder Pinilla:
El documento cita que dentro de los términos acordados para resolver su situación jurídica frente al escándalo de corrupción en la UNGRD, obtendría una inmunidad por los hechos que lo vinculan como exsubdirector de la entidad y, así mismo, aceptaría la responsabilidad de los delitos de peculado agravado por la cuantía y falsedad ideológica en documento público.
Con el centro de reclusión en guarnición militar, Pinilla también pidió condiciones de seguridad para su hijo menor, mientras cumple con los años de prisión que propone pagar por todas las irregularidades que se habrían presentado en el manejo del presupuesto de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
Sobre el principio de oportunidad, el documento firmado por Sneyder Pinilla explica que “se dará inmunidad por los hechos que constituyen delito y que haya podido cometer, en relación con el ejercicio del cargo como Subdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, entre el 20 de junio de 2023 y hasta el 5 de marzo de 2024, respecto de todos los actos que cometí como funcionario que fueron abordados en los interrogatorios llevados a cabo, en mi matriz de colaboración y los que serán abordados por la Fiscalía General de la Nación”.
Los dos delitos relacionados con la inmunidad estarían vinculados con los casos de corrupción que se habrían presentado con los contratos para comprar 40 carrotanques para suministrar agua potable a las regiones más vulnerables de La Guajira, la adquisición de 20 carros de bomberos y las irregularidades que se habrían presentado con el manejo del presupuesto que les destinó el Ministerio de Hacienda, liderado por Ricardo Bonilla.
Mientras que los delitos por los que se declarará culpable son “peculado agravado por la cuantía y de cuatro (4) eventos del delito de Falsedad ideológica en documento público. Los cuales se encuentran tipificados en el Código Penal – Ley 599 del 2000”.
Al finalizar el documento, Pinilla expresó de manera voluntaria que acepta los términos del principio de oportunidad y preacuerdo, además, volvió a pedirle excusas al país y reiterar su arrepentimiento por todo el entramado corrupción en el que se vio involucrado.
La propuesta de Pinilla de someterse a la justicia surge después de que se conocieron los chats que sostuvo con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien habría sido el encargado de direccionar los contratos para comprar los votos de los congresistas, con el fin que se aprobaran algunos proyectos del Gobierno en el Congreso.
En las conversaciones aparecen el ministro de Hacienda, Sneyder Pinilla, María Alejandra Benavides —asesora del ministro Bonilla— y Jaime Ramírez Cobo —asesor del Dapre—. La cifra es escandalosa, los contratos superarían los 92.000 millones de pesos.
Lo más grave de todo es que días después de que se conociera esa delicada información, casualmente desapareció el computador de la asesora del hombre que maneja la cartera de las finanzas públicas del país.
La revelación de nuevos chats por parte del exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, que vincularon no solo a Bonilla, sino a su asesora María Alejandra Benavides Soto, serían la razón por la cual el equipo estaría desaparecido.