Este martes, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá rechazó la nulidad presentada en contra del proceso penal que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
El magistrado ponente Marco Antonio Merchán González aseguró que no se demostró ninguna irregularidad en el trámite del proceso que llevó a la Fiscalía General a presentar el escrito de acusación contra el exmandatario.
La Sala negó los tres principales apartados con los que la defensa de Uribe, representada por los penalistas Jaime Granados y Jaime Lombana, pedía la nulidad de todo lo actuado en este proceso, cuestionando la calificación que se le había dado en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a la indagatoria que rindió en octubre de 2019 el expresidente.
El alto tribunal consideró que esa diligencia era comparable con una imputación de cargos. El magistrado ponente no dudó en señalar la complejidad de este proceso, considerando que durante la investigación Uribe Vélez renunció a su curul en el Senado de la República.
“El hecho que se tratara de un aforado llevó a que se aplicaran de la Ley 600 del 2000, situación que cambió el uso de facultad del implicado al renunciar a la calidad que le reconocía tal fuero lo que obligó a que se equiparan las actuaciones para dar continuidad al proceso”, precisó el magistrado.
En la decisión puesta de presente en la mañana de este martes, la Sala Penal indicó que en esa oportunidad se cumplió con la presentación de los delitos al exmandatario y los hechos materia de investigación.
“Si bien es cierto que las actuaciones dentro del presente proceso han provocado diversas intervenciones judiciales, no goza de validez el sustento de reclamo que hace la defensa en la apelación de integrar al estudio de la nulidad el análisis que hizo otra Sala de este Tribunal al momento de evacuar la petición de preclusión de esta investigación”, aclaró el ponente.
Debido a que en contra de la decisión leída este martes no procede recurso alguno, en los próximos días se reanudarán las audiencias preparatorias de juicio en las que se destaparán las pruebas documentales y testimoniales que serán tenidas en cuenta para demostrar las respectivas teorías del caso.
En un memorial enviado al Tribunal Superior, la Fiscalía General puso de presente que el proceso penal contra el expresidente Uribe prescribirá en octubre de 2025.
En la presentación de la acusación el pasado 24 de mayo, el delegado de la Fiscalía aseveró que el expresidente contactó y le dio instrucciones al abogado Diego Cadena (quien actualmente enfrenta un juicio por estos mismos hechos) para que entrevistara a un grupo de exparamilitares que se encontraban privados de la libertad.
El jurista, como lo reseñan varios documentos y videos, entró a las cárceles y se contactó con los exparamilitares para que se retractaran de los señalamientos que habían hecho en contra del expresidente Uribe y su hermano, el ganadero Santiago Uribe Vélez.
Sin embargo, varios de los exparamilitares señalaron que Cadena —quien siempre se presentaba como apoderado de Uribe— les ofreció dinero, asesorías jurídicas y apoyos para sus familias si firmaban los documentos de retractación
“El doctor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, contando con apoyo consciente, deliberado y sistemático de múltiples personas, bajo la coordinación, la dirección y con el beneplácito, patrocinio o aval suyo, materializó la estrategia que idearon para lograr testimonios, documentos, y/u otros medios probatorios”, aseveró el fiscal.
En este sentido, indicó que este grupo de personas buscaron “situaciones parcialmente ciertas o que no correspondían a la realidad y que les sirviera para falsear o poner en duda versiones que contra él y su hermano Santiago habían rendido y reiterado los señores Pablo Hernán Sierra García y Juan Guillermo Monsalve Pineda, entre otros, particularmente con ocasión de la investigación previa referida atrás o por actuaciones penales distintas y que se ventilaban ante la Corte Suprema de Justicia o ante otras autoridades”, dijo el ente acusador.
En este proceso fueron reconocidas como víctimas el senador Iván Cepeda; el exfiscal General, Eduardo Montealegre; el exvicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, y Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve.