La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó un incidente de nulidad ante la Corte Constitucional en contra del fallo emitido el 10 de noviembre de 2021 que dejó en firme su calidad de “imputado” dentro del proceso que se le adelanta por presunta manipulación y presión a testigos.

En el extenso documento, de casi 80 páginas, el representante del exmandatario señala que existió una vulneración a la imparcialidad e independencia judicial por parte de algunos magistrados que tomaron la decisión. Esto representa una vulneración a derecho fundamental al debido proceso, por lo que se pide que se anule todo lo actuado.

En la decisión se advierte que la indagatoria que rindió el expresidente Álvaro Uribe Vélez en octubre de 2019, la Corte Suprema de Justicia es equiparable con una imputación de cargos en el sistema acusatorio. Se trata de una decisión que implica que Uribe sigue vinculado al proceso penal, formalmente imputado por fraude procesal y soborno. El proceso continuará y, en últimas, no habrá choque de trenes entre las altas cortes.

El magistrado Alejandro Linares, ponente de la decisión de la Corte Constitucional, resaltó que “la Corte señaló en la parte emotiva que cuando hay un cambio por renuncia o por adquisición de fuero constitucional, por ejemplo, cuando un ciudadano es elegido congresista, durante la etapa de la investigación conservará validez todo lo actuado, y se parte de la base de que hay una equivalencia funcional entre la indagatoria y la imputación”.

Sin embargo explicó que “las partes del proceso penal bajo ley 906 (Fiscalía) podrán solicitar al juez de control de garantías una audiencia innominada con el objetivo de que se analice si hubo o no alguna violación de las garantías fundamentales del procesado o de las víctimas”.

En el recurso se cita la presunta llamada que hizo el expresidente Juan Manuel Santos a varios magistrados en medio del trascendental debate. Pese a que el magistrado Alejandro Linares, quien era el ponente de caso, se retractó y dijo que nunca había recibido una comunicación del expresidente (2010-2018), la defensa de Uribe se quedó con la versión inicial de Linares que dejó entrever una llamada que pudo haber afectado la discusión.

“Reitero, como lo señalé en mis diferentes respuestas en la mencionada ronda de medios, que no me consta personalmente que mis colegas hubiesen sido contactados por parte de personas ajenas a esta institución, ni tengo razón alguna para pensar que su imparcialidad e independencia se hubieran visto comprometidas en forma alguna en este caso particular”, manifestó Linares en una carta publicada el 23 de diciembre.

Tras recibir la petición de nulidad, la Corte deberá designar a un magistrado para definir si en efecto existen méritos para anular la decisión —algo que no tiene un precedente reciente en la Corte Constitucional— y se reanude de nuevo la discusión por la tutela radicada por Uribe.

Las denuncias contra Santos y Linares

Por estos hechos, a finales del año pasado, la defensa de Uribe presentó dos denuncia contra el expresidente Juan Manuel Santos y el magistrado Alejandro Linares al considerar que con su acción habrían afectado el libre accionar de la administración de justicia. Esto debido a que, en el caso del primero, presionó para que se tomara una decisión y, ante el caso del segundo, tomó una posición alejada en Derecho.

Por el momento, ni la Fiscalía General ni la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes han emitido un pronunciamiento de fondo en estas dos denuncias.

Por el momento, Uribe sigue con la calidad de “imputado”. El próximo 27 de enero se reanudará la audiencia en la cual se define la solicitud de preclusión (archivo) de la investigación que se adelanta contra Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno.

En esta diligencia se espera la intervención de la abogada Laura Valentina Muñoz Osorio, quien pidió ser acreditada como víctima en este proceso penal. Posteriormente, intervendrá el delegado de la Procuraduría General.