“Estoy acostumbrado a infamias y especialmente en épocas electorales”. Así, y desde su cuenta de Twitter, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez respondió a una decisión de la Fiscalía de trasladar un expediente en el que se menciona su presunta participación en la masacre del corregimiento El Aro (Antioquia), donde murieron 17 personas. Así lo reveló la mañana de este martes Caracol radio. La Fiscalía toma esta decisión porque considera que las actuaciones judiciales contra Uribe por fuera de su periodo como presidente son causas judiciales que deben ser investigadas por la Corte Suprema. Según fuentes de la Fiscalía, las investigaciones trasladadas al alto tribunal fueron por dos hechos: para que se investigue la relación de Uribe en el homicidio de Francisco Villalba, un paramilitar que en vida señaló a Uribe por esos hechos y por su presunta participación en la masacre de El Aro. A esto se suma una recientemente declaración que obtuvo la Fiscalía del exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias 'Don Berna’, quien aseguró que el hoy senador tenía conocimiento de esos asesinatos. En su declaración 'Don Berna’ vincula a varias personalidades de Antioquia. Entre ellas, al exsecretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno, una de las personas más cercanas a Uribe cuando fungió como gobernador de ese departamento. Moreno murió en un accidente aéreo en febrero del 2006 cuando se encontraba a bordo de un helicóptero BELL-206-B que se estrelló en el Urabá antioqueño-. Otra de las versiones sobre esa masacre, que también dejó 60 casas destruidas y decenas de desplazados, indica que mientras los paramilitares asesinaban a los campesinos un helicóptero de la Gobernación de Antioquia, supuestamente, sobrevolaba la zona y no denunció el episodio. Jaime Granados, abogado de Álvaro Uribe, dijo en entrevista con Blu radio que esta decisión demuestra una intención de emprender una arremetida contra el exmandatario y su círculo más cercano. “Estamos en frente a una persecución sin precedentes de quien es el principal opositor del actual gobierno y del proyecto ideológico que defiende el fiscal general desde la trinchera de la Fiscalía”, dijo. Para la defensa, el testimonio del exjefe paramilitar extraditado a Estados Unidos es, en cierta medida, inducido por quien interroga. “Es claro que la Fiscalía está sugiriéndole a quien declara las respuestas que quiere escuchar, hace preguntas claramente sugestivas que serían inapropiadas en el terreno judicial”. Esta será la oportunidad para que el hoy senador despeje todas las dudas que hay sobre su participación en esa masacre ordenada por Salvatore Mancuso, cuando él era gobernador de Antioquia. Por cuenta de esa masacre, Colombia fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la violación al derecho fundamental a la vida. Esto, porque la responsabilidad del Estado se habría derivado de los actos de omisión, aquiescencia y colaboración por parte de miembros de la fuerza pública de Ituango. La CIDH además concluyó que la participación de agentes del Estado no se limitó a facilitar el ingreso de los paramilitares a la región, sino que omitieron, además, el deber de asistir a la población civil durante la incursión.