La propuesta del congresista Álvaro Hernán Prada generó una ola de reacciones políticas. El proyecto plantea adicionar un parágrafo a la Constitución que permita a la "la ciudadanía anular mediante un referendo estas providencias, si las considera contrarias a sus principios fundamentales". Por el calibre de esa iniciativa, en la opinión pública se revivieron varios fantasmas. Se alcanzó a decir que esta sería la vía para poder implementar una tecera reelección de Álvaro Uribe, y también para limitar derechos que han alcanzado los colombianos referentes al aborto, la adopción por parte de parejas del mismo sexo y la dosis personal. Con muchos de estos últimos temas el uribismo ha tenido serios reparos. 

Sin embargo, lo que parecía una fuerte cruzada contra la rama judicial comenzó a desvanecerse con el paso de las horas. Aunque al comienzo se decía que el proyecto contaba con el apoyo de los 33 congresistas del Centro Democrático, lo cierto es que finalmente en la radicación, solo habían firmado 10, entre los cuales no estaba el ex presidente Uribe. SEMANA conoció la lista de quienes los suscribieron: José Vicente Carreño Castro, Juan Pablo Celis Vergel, Enrique Cabrales Baquero, Esteban Quintero Cardona, John Jairo Bermúdez Garcés, Margarita Restrepo Arango, Rubén Darío Molano Piñeros, Yesica Sugein Acosta y John Jairo Berro. Aunque al comienzo se decía que el proyecto contaba con el apoyo de los 33 congresistas del Centro Democrático, lo cierto es que finalmente en la radicación, solo habían firmado 10.

La puesta en marcha de esa propuesta por parte de ese grupo minoritario de parlamentarios produjo un enorme malestar en el Centro Democrático. El periodista Néstor Morales contó en los microfonos de Blu Radio que había hablado con el exmandatario y que él le había expresado que se sentía "mortificado" con esa salida. Por otra parte, el senador Ernesto Macías le contó a SEMANA que él ni siquiera conocía que sus colegas estaban en esa apuesta. El mismo malestar se sintió en Palacio de Nariño, pues allá también se enteraron por la radio de la mañana de que el partido de gobierno había enfilado sus energías a un proyecto del que la Casa de Nariño nunca tuvo conocimiento. "Personalmente no estoy de acuerdo. No considero que el gobierno respalde esta propuesta, en razón a que tenemos una agenda legislativa que está definida y priorizada", dijo la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutierrez.  ¿Una cortina de humo? La reacción colectiva de los sectores políticos y de los expertos, y el trámite que tendría que surtirse para que el proyecto se convirtiera en ley, muestran que es prácticamente imposible que la idea de Prada se convierta en realidad. Por eso, algunos han sostenido la tesis de que se trataría de una cortina de humo de Prada a pocas semanas de que el expresidente Uribe rinda indagatoria en la Corte Suprema de Justicia, un proceso difícil en el que el mismo Prada ha sido señalado. La Corte investiga si el representante uribista habría sido otro canal a través del cual supuestamente le estaban llegando al testigo Juan Guillermo Monsalve. A Prada la corte le abrió investigación y también lo citó para que rinda indagatoria. 

La reacción colectiva de los sectores políticos y de los expertos, y el trámite que tendría que surtirse para que el proyecto se convirtiera en ley, muestran que es prácticamente imposible que la idea de Prada se convierta en realidad. “Lo que buscan es armar tremendo ruido para distraer la opinión”, dijo, por ejemplo, la periodista Luz María Sierra. Hay varias razones que sustentan que un proyecto de ese tipo es inviable. El primero es su soporte jurídico. “La pretensión del Centro Democrático va en clara contravía con el Estado de Derecho. En ese modelo del Estado, justamente lo que se busca es que las decisiones sobre los temas de constitucionalidad queden en manos de gente que tiene la preparación, las capacidades y el buen juicio para asumir esa responsabilidad. Este tipo de determinaciones no pueden ni deben ser sometidas a la voluntad del pueblo", le dijo el exministro Juan Carlos Esguerra a SEMANA. En efecto, una de las principales funciones de la Corte Constitucional en el Estado de derecho es garantizar los derechos de las minorías. Esta debe protegerlos incluso si sus decisiones van en la dirección opuesta al sentir popular. “El tribunal de cierre en materia constitucional es la Corte Constitucional. Y por encima de ella no está ni siquiera la voluntad popular. Hay que recordar que las mayorías tienen limites en una democracia y esos límites son los derechos constitucionales fundamentales”, agrega el exconstituyente Jesús Pérez. Una de las principales funciones de la Corte Constitucional en el Estado de derecho es garantizar los derechos de las minorías. Esta debe protegerlos incluso si sus decisiones van en la dirección opuesta al sentir popular. El exministro Yesid Reyes advierte que la aprobación de una iniciativa de esta naturaleza volvería a abrir debates ya superados en las discusiones constitucionales.  “Por esta vía, decisiones como la que prohibió la aspersión con glifosato, la que despenalizó parcialmente el aborto, la que protegió el derecho a la igualdad de la comunidad LGBTI, la que mantuvo el consumo de drogas al margen del derecho penal, la que viabilizó el matrimonio igualitario, la que aprobó los actos legislativos del proceso de paz, o la que declaró inconstitucional la segunda reelección de Álvaro Uribe, podrían ser revocadas a través de referendo”, explicó el jurista. “Aquí lo que veo es al Centro Democrático tratando de conseguir el apoyo popular para desbaratar algunos aspectos que se han logrado últimamente por vía de reforma constitucional. El tema de la dosis personal, y las reformas del proceso de paz, por ejemplo”, agregó el exfiscal Alfonso Gómez Méndez. Por otro lado, hay una realidad política. Como el gobierno y el Centro Democrático no tiene hoy mayorías en el Congreso, las posibilidades de aprobarlo en los ocho debates que necesita un acto legislativo son practicamente nulas. Desde que se conoció el sentido del proyecto, los líderes de prácticamente todos los partidos lo rechazaron. "Esta nueva propuesta tiene un elemento venenoso. Recoje lo que en el uribismo denominan el estado de opinión, que es la manera más directa de manipulación de las sociedades a través de las emociones" afirmó el senador Roy Barreras. 

Un tercer elemento que haría díficil volver realidad este proyecto es que este tendría que ser aprobado por la misma corte, pues en Colombia existe el control previo de todos los actos legislativos. En esa instancia, las posibilidades de que el proyecto vea la luz serían aún menores que en el Congreso. “Un acto legislativo de esa naturaleza atenta contra los ejes definitorios de la Constitución del 91 luego es absolutamente inconstitucional”, afirmó el exconstituyente Jesús Pérez. Por último, el mayor contra que tiene ese proyecto es el mismo uribismo pues quienes no lo firmaron ya le están pidiendo a su colega Prada que se baje de ese bus. “Le hago un llamado a mi compañero Álvaro Hernán Prada para que reflexione, retire el proyecto, hagamos y construyamos entre todos una gran reforma a la justicia que es lo que necesita el país. Quitarle competencias, a estas alturas del partido, a la Corte Constitucional no es el momento ni el escenario propicio”, dijo el representante uribista Edward Rodríguez. Fuentes cercanas al uribismo consultadas por SEMANA afirman que tras la publicación de la noticia sobre el nuevo proyecto de acto legislativo, se desató un fuerte debate al interior del Centro Democrático. El gobierno necesita las mayorías para sacar adelante las grandes reformas y una propuesta como esta minaría la posibilidad de poder enfocarse en apuestas más urgentes y con más futuro político y jurídico.