Las Asociaciones de Ciudades Capitales y Ciudades Intermedias manifestaron este miércoles su rechazo a la decisión de que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) deje de prestar el servicio de alimentación a los privados de la libertad que se encuentran en todas las estaciones de Policía y URI del país a partir del próximo 31 de julio.
“En las actuales circunstancias, la decisión de la Uspec de no suministrar más alimentación a las personas privadas de la libertad en los centros de detención transitoria, está poniendo en riesgo sus derechos fundamentales. Asimismo, se aparta de lo establecido por la Corte Constitucional e interpreta de manera errónea sus órdenes, las cuales incluyen la obligación de asesorar, acompañar y cofinanciar a las entidades territoriales”, señalaron Asocapitales y Asointermedias en un comunicado.
Las asociaciones subrayaron que la Uspec “no solo tiene la obligación legal, sino que además cuenta con el presupuesto suficiente para garantizar la alimentación”. “En 2023, le fueron asignados $647 mil millones de pesos, para la alimentación de las personas privadas de la libertad incluidas las que se encuentran en las Unidades de Reacción Inmediata- URI’s y estaciones de policía”, agregaron.
“De las 22 mil personas que aquí se encuentran, 1.600 son ya condenadas y deberían estar en las cárceles nacionales, sumadas a las incontables personas que están asumiendo las ciudades capitales de otros municipios y que debería ser un trabajo de coordinación de las gobernaciones. Ante las evidencias, el llamado de la Procuraduría General de la Nación debe recaer principalmente en la Uspec”, sostuvieron en la comunicación Asocapitales y Asointermedias.
Oficio
La Procuraduría envió el pasado 24 de abril un oficio a la Uspec, con el fin de que informe si esta entidad dejará de prestar este servicio. Mediante un oficio de fecha 26 de abril de 2023, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios dio respuesta señalando que el suministro de los alimentos le corresponde a cada entidad territorial, que deberá incluir en sus presupuestos las partidas necesarias para garantizar lo pertinente a dicho grupo poblacional.
En consecuencia, el Ministerio Público les dio la semana pasada 10 días al Ministerio de Justicia y a las Gobernaciones para que informen de los planes logísticos y administrativos que se tienen para ejercer el suministro de alimentación a esta población.
Adicionalmente, luego de una exhaustiva verificación realizada por la Procuraduría General de la Nación, el organismo de control constató condiciones mínimas de infraestructura, de acceso a servicios básicos y trato digno para las personas privadas de la libertad (PPL) en ocho estaciones de Policía de Bogotá, tres Unidades de Reacción Inmediata (URI) y el Instituto Penitenciario y Carcelario de La Picota.
La elección de estos establecimientos, de acuerdo con el Ministerio Público, se basó en el alto número de quejas recibidas y con el objetivo de abarcar todas las localidades de la ciudad. Por lo tanto, llevó a cabo una verificación en las estaciones de Usaquén, La Candelaria, Kennedy, San Cristóbal, Engativá, Suba, Los Mártires y Rafael Uribe Uribe, así como en las URI de Usaquén, Puente Aranda y Paloquemao.
Durante este proceso, la entidad constató la capacidad y el grado de hacinamiento, el estado de las instalaciones y el acceso a servicios de salud, agua, alimentación y otros aspectos relevantes.
La Procuraduría identificó condiciones “degradantes e inhumanas” en los centros de reclusión de la capital del país. La mayoría de los detenidos duermen en espacios improvisados con colchonetas, hamacas u otros elementos precarios. Además, “se encontró que no hay baterías sanitarias suficientes para la totalidad de las personas recluidas en estos lugares”.
La Procuraduría también encontró que el servicio de alimentación proporcionado es “insuficiente y puede representar un riesgo para la salud”. También constató que algunos alimentos son entregados en estado de descomposición.
En cuanto al acceso al sistema de salud, la Procuraduría General encontró que es “precario e insuficiente para los reclusos, quienes carecen de acceso a medicamentos y tratamientos necesarios”. Esto se suma a “las condiciones insalubres en las que están a diario, por lo que algunas de las enfermedades que sufren como tuberculosis y leptospirosis son contraídas en estos sitios”.