Si nada extraordinario ocurre, el próximo viernes 6 de septiembre se reanudarán las audiencias preparatorias de juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El proceso contra el exmandatario se reanudó después de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá rechazara la solicitud de nulidad en la que se alegaba una vulneración al debido proceso.
En entrevista con SEMANA, el abogado Jaime Granados Peña, quien lidera la defensa del expresidente, aseguró que pese a que son respetuosos de la decisión del Tribunal, no la comparten, pues se hicieron valoraciones que van en contravía de otros pronunciamientos dentro de este mismo caso judicial.
“Nos han cambiado las reglas de juego”, precisó el penalista al considerar que la indagatoria que rindió el exjefe de Estado en octubre de 2019 ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha dado para todo, por lo que no dudó en llamarla como “elástica” puesto que se ha llegado a la conclusión que esa diligencia es comparable con una imputación de cargos.
A todo esto, se le añade la acusación hecha en junio pasado en la que, sin más, le sumó un nuevo delito al expresidente y el hecho que se cambiara el “conocimiento” que habría tenido Uribe de los hechos materia de investigación. Por todo esto, la bancada de la defensa evalúa todos los escenarios judiciales posibles y si hay espacio para la radicación de otros recursos.
“Aquí hay un sesgo”, aseveró el abogado, que considera que hasta para fijar la fecha de la reanudación de las audiencias de juicio no fueron consultados. “En este caso miramos con preocupación lo que está pasando”.
El abogado aseguró que, debido a todas las “situaciones anómalas” registradas, no se descarta que se presente el caso ante los organismos internacionales para que realicen la respectiva vigilancia y, si es el caso, emitan un pronunciamiento de fondo.
Frente a las audiencias que se realizarán próximamente, el abogado Jaime Granados anticipó que habrá “sorpresas”, señalando lo crucial de esta etapa en el complejo y ya extenso proceso que se ha venido adelantando contra el exmandatario.
La defensa del expresidente Uribe ya solicitó que por los compromisos personales que tiene y su deseo de estar presente en toda la diligencia judicial se reprograme la audiencia. Sin embargo, por motivos que no entienden, la jueza de conocimiento la rechazó de tajo.
“La juez nos respondió diciendo que no, en unos términos totalmente desorden fuera del lugar”, manifestó el profesional del derecho. “No se puede atropellar a la defensa en una petición elemental”.
SEMANA: ¿Cuál es su posición frente a la decisión del Tribunal?
JAIME GRANADOS (J. G.): Como defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez somos respetuosos de las autoridades judiciales, acatamos los fallos que emiten los magistrados y los jueces, aunque por supuesto no los compartamos en algunas ocasiones, como es el caso presente.
SEMANA: ¿Por qué no comparte la decisión?
J. G.: El magistrado ponente y sus compañeros de Sala pues nos han cambiado las reglas de juego al entender que lo que venía defendiéndose el expresidente Uribe con todas las dificultades de la elástica y ambigua imputación que venía de ser, y durante cuatro años así se le indicó, que era un dolo eventual, pues ahora es dolo directo.
SEMANA: Frente a este escenario, ¿qué cambió en el caso del expresidente?
J. G.: Ahora tendremos un nuevo escenario que enfrentar de cara al juicio. De la misma manera, pues estamos preocupados porque no se haya resuelto nuestra apelación en relación con las alegadas víctimas, Deyanira Gómez, Jorge Fernando Perdomo y Eduardo Montealegre. Ahora nos tocará esperar una fecha para ir incierta, que cuando nos sirven para conocer la lectura del auto que desate esta apelación.
SEMANA: ¿Se le está respetando el debido proceso al exmandatario?
J. G.: Ha quedado demostrado, una vez más, que en este caso contra el doctor Álvaro Uribe Vélez pues nada está dicho, todo cambia.
SEMANA: ¿Se va a presentar otro recurso jurídico en los próximos días?
J. G.: Estamos evaluando qué posibles acciones toma frente al cúmulo de decisiones que se han presentado. Estábamos esperando que se consolidara la situación a la que se iba a presentar el expresidente de cara a las audiencias preparatorias de juicio oral.
SEMANA: Usted acaba de decir que en este proceso todo está cambiando, pero ¿qué es lo que se ha modificado?
J. G.: Ciertamente lo que ha llevado este caso es sorpresa tras sorpresa. La primera sorpresa fue que luego de haber presentado una denuncia y aportado elementos de prueba para que la Corte Suprema tomara una decisión de abrir una investigación y llamar a indagatoria al senador Iván Cepeda, terminó con una compulsa de copias contra el expresidente Uribe.
Nunca se tuvo en cuenta la versión libre y, para sorpresa de todos, durante cuatro meses a espaldas del expresidente se le investigó pese a que se había pedido que se certificara qué procesos cursaban. Nos ocultaron esa información.
Finalmente, el 8 de octubre de 2018, en una indagatoria que duró ocho horas, prácticamente ahí no hay realmente una formulación clara de cargos ni se presentan unos hechos jurídicamente relevantes, pues se realizaba bajo la dinámica procesal de la Ley 600.
Una imputación que no tenía cuerpo ni sustancia, lo que llevó a que ese caso escalara hasta la Corte Constitucional, que tomó la decisión, que hoy en día es una decisión que mantiene su eficacia jurídica, en el sentido de una equivalencia funcional entre la indagatoria y la imputación.
SEMANA: ¿Por qué se modificó el conocimiento que tuvo el expresidente en todo este caso?
J. G.: En una decisión, el Tribunal dijo que la imputación era a título de determinador, pero resulta que ahora nos cambian otra vez y nos dicen que no es dolo eventual, sino directo. Esto nos lleva a enfrentarnos a un desafío distinto y nos agregan un delito que no había sido imputado, que es el soborno de testigos.
Me refiero a las diferentes variaciones que ha habido en el caso, que le quitan esa certeza que debe tener cualquier proceso, y ahora, pues ya frente a esta última edición, que nos toca acatar con el mayor respeto.
SEMANA: Ya se confirmó la continuación de la fecha de la continuación del juicio, pero tengo entendido que habían pedido hacer una modificación por un compromiso académico que tiene el expresidente.
J. G.: Entramos a una audiencia preparatoria donde la señora juez nos está llevando a unas fechas que ni siquiera ha consultado con las agendas de los abogados, cosa que es algo realmente inaudito. La única autoridad judicial en Colombia, que fija que sin tener en cuenta otro tipo de agendas, es la Corte Suprema por ser la única Corte y ser Suprema; todos los demás jueces tienen que someterse obviamente a sus determinaciones y a las agendas, pero el resto de los jueces son todos iguales. Todos los jueces de circuito tienen el mismo rango y todos los casos son igualmente importantes, y no se puede pensar que se puede llevar a atropellar a la defensa y a otras partes fijando una agenda que no ha sido concertada con las agendas de todos los intermitentes participantes. Eso nos ha sorprendido.
SEMANA: ¿Eso no podría entenderse como otra violación a las garantías procesales?
J. G.: Obviamente el debate sobre este tema se hará el día de la audiencia, pero anticipo que esa va a ser una circunstancia que muestra que aquí hay un sesgo de la jueza frente a este caso.
SEMANA: ¿Cuál es la posición del expresidente frente a este proceso?
J. G.: Frente a lo que se viene, que han sido las etapas preparatorias de juicio, ya nos ha manifestado que quiere estar presente, que es su derecho, que le asiste y lo va a hacer valer.
SEMANA: ¿Cuál es su estrategia de defensa en esta etapa?
J. G.: Pensando en las audiencias que se avecinan, la defensa va a hacer sus atribuciones y les anuncio que va a haber sorpresas frente a lo que se viene en cuanto al descubrimiento material probatorio y las solicitudes de las pruebas.
Será bueno que la opinión pública esté atenta al momento crucial que se avecina en este proceso.