Este miércoles en la tarde tarde, a la Secretaría de la Cámara de Representantes llegará una iniciativa que sin duda despertará polémica en medio de la coyuntura de la pandemia. El congresista Ricardo Ferro, del Centro Democrático, buscará que sea obligatoria la vacunación en el país contra la covid-19.
“Es necesario que entendamos que el tema de la vacunación es un tema de salud pública. Es un tema que nos involucra a todos los colombianos. Una persona que no se vacuna, es un asesino en potencia, por cuanto puede contagiar a otro ser humano que puede terminar perdiendo la vida por cuenta de este contagio”, le dijo Ferro a SEMANA.
Uno de los argumentos del congresista es que mientras gran parte de los ciudadanos ya se encuentra en una etapa de refuerzo, hay otros que ni siquiera han empezado su esquema de vacunación y esto generaría diferentes riesgos en materia de salud pública, como un nuevo pico y confinamientos.
“Significa que mientras vamos otra vez vacunándonos todos los que ya nos hemos vacunado, y completamos nuestro esquema de vacunación inicial, estamos corriendo riesgos todos los seres humanos”, comentó el representante.
La forma en la que será esa obligatoriedad aún no está detallada en la propuesta, pero se habla de un confinamiento para quien decida no aplicarse el biológico, es decir que no podría concurrir en espacios públicos.
“No puede poner en riesgo la vida de los demás. El que no se quiera vacunar pues que se quede en su casa”, afirmó Ferro.
De aprobarse, tendría que ser el mismo Gobierno el que decida cuáles serían esos requisitos para que las personas deban vacunarse. Se podrían imponer sanciones u otras condiciones para que las personas no tengan otra opción.
Hasta ahora se presentará el primer borrador de la propuesta, pero serán los propios congresistas quienes discutan cuáles serían esas condiciones y los límites que se deben establecer, sabiendo que del otro lado se encuentran las discusiones constitucionales y los derechos fundamentales de las personas.
“Estamos frente a la posibilidad de un asesino en potencia”, recalcó el congresista. Agregó que mientras se hable de un nuevo pico de covid-19, está el riesgo de que las UCI vuelvan a colapsar, lo cual es otro de sus argumentos”.
Ferro recalcó que en términos de costos es más rentable poner una vacuna que un tratamiento a un paciente por covid-19.
“Una vacuna le cuesta al Gobierno cerca de $ 260.000. Cada día en la UCI de un paciente con covid-19 cuesta más de ocho millones de pesos, sin que eso implique que se le garantice que se le va a salvar la vida”, le respondió Ferro a SEMANA.
Pensando en la discusión que se va a generar en el Capitolio y la polémica frente al movimiento antivacunas -que no solamente está en el país sino en todo el mundo-, el congresista recalca que no se trata de las primeras vacunas que son obligatorias en el país y que por eso no habría problemas constitucionales frente al desarrollo de la personalidad y otros derechos fundamentales.
Menciona que un ejemplo de ello es el plan obligatorio de vacunas para menores de edad, que sin importar las condiciones, creencias o religión del paciente deben ser aplicadas. Solo habría una excepción con relación a condiciones médicas.
“Vamos a exceptuar a las personas que por disposiciones médicas no se les pueda aplicar la vacuna. Es decir, que un médico diga que no se le debe aplicar la vacuna contra la covid-19 por razones meramente de salud”, comentó Ferro.
El congresista espera que desde el Gobierno se pueda apoyar la iniciativa y pide que le pongan mensaje de urgencia. Precisamente, otro de los retos serán los tiempos para que pueda ser aprobado, sabiendo que en la cola hay varias iniciativas que vienen de tiempo atrás y esperan ser discutidas para que no se hundan. Hasta ahora Ferro no ha conversado con nadie del Ejecutivo, pero recuerda que fue él quien impulsó la normativa para que las vacunas fueran aplicadas gratuitamente y que viene trabajando el tema desde el Congreso.
El representante por Tolima considera que el proyecto complementa la medida anunciada por el presidente Duque de exigir el carné de vacunación en sitios públicos, la cual empezó a regir desde este martes, y también tiene el propósito de incentivar la vacunación en quienes no han recibido el pinchazo.
Colombia no es el primer país que se encuentra en esa discusión y en algunos casos ya se han establecido medidas para la obligatoriedad de la vacuna, lo cual ha generado diversas reacciones de la población.