En Colombia la vacunación contra el coronavirus no es obligatoria. Es una elección de cada persona. Hace algunos meses algunos creían que la desesperación por el virus era tal que la mayoría de las personas se vacunaría tan pronto tuvieran la posibilidad, pero el panorama es distinto. El Ministerio de Salud ha dicho que hay poco flujo en algunos puestos de vacunación y la preocupación es que no se logre la anhelada inmunidad de rebaño, necesaria para ponerle fin a la pandemia.
En los últimos días, incluso, el Gobierno señaló que apenas el 60 por ciento de los mayores de 50 años está totalmente inmunizado. Es un porcentaje bajo, considerando que desde finales de mayo se habilitó la vacunación para el grupo etario, que fue dividido en dos quinquenios.
Por todo lo anterior ha surgido el debate sobre si la vacunación contra el coronavirus debería ser o no obligatoria en Colombia, como lo han decidido en otros países del mundo, al menos para ciertas actividades o trabajos.
En Francia, desde el 21 de julio entró en vigor el pase sanitario y las personas que quieran asistir a espacios con más de 50 personas deben portarlo. Este será necesario para que las personas asistan a partidos de fútbol u otros deportes, museos, cines y otros espacios culturales.
Asimismo, el Gobierno griego ordenó que todo el personal sanitario deberá recibir la vacuna contra el covid-19, mientras que aquellos ciudadanos que quieran asistir a espacios cerrados de hostelería y ocio tendrán que estar inmunizados.
En Nueva York, miles de empleados de hospitales públicos de la ciudad deberán vacunarse contra la covid-19 o, como alternativa, presentar una prueba con resultado negativo todas las semanas.
“Vigilamos la variante delta y su impacto y es hora de introducir cambios”, dijo el alcalde Bill de Blasio en una conferencia de prensa. “Es un primer paso (...) Si no vemos que las cifras de vacunación aumentan lo suficientemente rápido, contemplaremos otras opciones”, advirtió.
Gustavo Morales, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), le dijo a SEMANA que desde hace seis meses le propuso al Gobierno que hiciera que las vacunas fueran obligatorias.
“Los que están en contra de esa teoría sólo tienen un argumento y es que la ley estatutaria dice que nadie puede ser obligado a un tratamiento. Nuestra respuesa a esa objeción es muy fácil: 1) las vacunas no son un tratamiento, son una tecnología para evitar tratamientos (...) 2) la Constitución dice que existe el deber a la salud de nosotros como personas y de nuestra comunidad”, argumentó Morales, asegurando que existe el fundamento jurídico necesario para una medida semejante.
Según él, la obligatoriedad de la vacuna es el camino, pero no que sea necesario sancionar a millones de personas, pero sí restringir ciertas actividades y derechos para los no inmunizados. Por ejemplo, piensa que acudir a un banco, ir a edificios públicos o viajar en avión, podrían ser algunas acciones para las personas inoculadas únicamente.
Para Elisa Torrenegra, directora ejecutiva de Gestarsalud, gremio que integra a las EPS del régimen subsidiado, aunque se deban tomar todas las medidas necesarias para controlar la pandemia, es “mejor enfatizar en la pedagogía para llegar a los que no quieren y convencerlos de los beneficios de la vacunación”, ya que se debe respetar el criterio individual de las personas, teniendo en cuenta las características del país.
Carlos Trillos, epidemiólogo de la Universidad del Rosario, la obligatoriedad no es el camino y está de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Vacunación en ese sentido. “El éxito de un programa preventivo es que las personas entiendan su razón de ser, los beneficios y que estos superan ampliamente el riesgo de enfermarse. Lo anterior garantiza el éxito de estos”, explicó.
Por eso, recordó que “la vacunación es una de las actividades preventivas que más han tenido impacto en el planeta”.
Por su parte, el doctor Juan Manuel Anaya, director del Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes (CREA) de la Universidad del Rosario, considera que “si se garantizara la disponibilidad de vacunas para toda la población la obligatoriedad debería considerarse por el bien común”.
Hasta ahora, el Gobierno no ha manifestado intenciones por hacer obligatorias las vacunas, pero sí de crear incentivos para que aumente el flujo y el interés por aplicárselas.