De la cabecera municipal de Uribia al corregimiento de Puerto Estrella hay siete horas en carro, y a Siapana, en el otro extremo de la Alta Guajira, 5 horas y 30 minutos, todo por trochas que atraviesan el desierto. Las condiciones se repiten en muchas partes del departamento, que tiene un rango de ruralidad del 50,5 por ciento y donde cerca del 44 por ciento es población indígena que se ubica en zonas muy dispersas. Este, como otros territorios de las regiones alejadas del país, enfrenta un reto doble con la ejecución del plan nacional de vacunación.
Desde mediados de marzo, prácticamente no hay camas en las unidades de cuidados intensivos (ucis) disponibles en La Guajira. A principios de abril fue declarada la alerta roja hospitalaria. En total, el departamento cuenta con 164 camas ucis, 124 están disponibles para pacientes de covid-19, y la ocupación ha llegado al 94 por ciento.
Ismenia Kohen, líder comunitaria de la Alta Guajira, dice que muchos indígenas se están muriendo sin que nadie les practique una prueba, porque no hay una sola de estas en los centros de salud y solo se hacen en el hospital de Nazareth, a dos o tres horas de camino. Por ello, algunos prefieren quedarse en casa para “manejar la enfermedad”.
La líder señala que en La Guajira nadie tiene una cifra exacta de contagiados y, mucho menos, de mortandad: “El de Nazareth es un hospital de primer nivel para una población de 54.000 personas de nueve corregimientos, unas 9.500 familias. Los wayús se están muriendo en masa día tras día, tanto en el casco urbano de Uribia como de las zonas dispersas”.
En lo que sí están de acuerdo todos en La Guajira es en que la situación actual le fue advertida al Gobierno nacional hace más de un año. Para tratar de frenar la crisis, el gobernador Nemesio Roys le envió a comienzos de mes una carta de seis páginas al ministro de Salud, Fernando Ruiz, en la que le pide un plan de vacunación especial y diferencial para el departamento.
Dicha iniciativa, que según las autoridades locales debe empezar en junio, incluye vacunación en rangos de edades superiores a los ya establecidos para mayor cobertura y agilidad en la aplicación, teniendo en cuenta que el 96 por ciento de la población del departamento es menor de 70 años. Además, una inmunización concentrada y acelerada en los centros urbanos para abrir capacidad, mientras que se inicia con biológicos de una sola dosis en zonas dispersas; así como la implementación de barridos geográficos en municipios fronterizos o con alto impacto migratorio. Para Roys, la presencia de la cepa brasileña es una amenaza latente. En el departamento, de acuerdo con datos de la gobernación, han sido aplicadas 74.609 dosis de las 116.394 enviadas por el Gobierno. A Uribia han llegado 4.606.
En otro extremo del país, Jawer Dávila, coordinador del área de vacunación de una IPS, lucha contra la negativa de algunas comunidades a aplicarse la vacuna. Bajo su cargo está la entrega de biológicos en los municipios de Bojayá, Medio Atrato, Carmen del Darién, Riosucio y Belén de Bajirá. El rechazo de las poblaciones indígenas a vacunarse ha requerido de campañas de concientización.
En algunos casos se trata de adultos mayores que aseguran que prefieren morirse de viejos que por las “enfermedades que les pueda provocar la inyección”; y en otros casos son los familiares los que no los dejan vacunar. La situación más llamativa se ha registrado en Bojayá, en donde hasta esta semana solo se habían aplicado 77 dosis de las 184 recibidas.
A eso hay que sumarles los problemas de orden público que, afirma Jawer, le impiden a él y a su equipo desplazarse por zonas muy apartadas porque la fuerza pública dice que no cuenta con hombres para realizar el acompañamiento.
La logística no ha sido un problema, pues las vacunas enviadas a este territorio han sido las del laboratorio Sinovac, que solo necesitan temperaturas de entre 2 y 8 grados centígrados para su conservación, la cual han podido garantizar con termos y bolsas de hielos especiales. En total, según la gobernación, en el Chocó han sido aplicadas 32.182 dosis.
Acelerar en Catatumbo
El Catatumbo es otra de las regiones del país que presenta retos especiales para la vacunación. Por eso, el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander (IDS) trabaja en una propuesta que pretende lograr que la región quede vacunada en un esquema. Lo que se contempla es que todas las fases se puedan realizar en 21 días y alcance a unas 140.000 personas.
La propuesta ya tuvo el primer visto bueno por parte del Gobierno nacional –faltan algunos arreglos y la aprobación final–, pero se viene ajustando para que pueda ponerse en marcha pronto. Se busca llegar a los poblados más distantes de diez de los once municipios de la región y vacunarlos en una sola visita.
Es una iniciativa práctica, teniendo en cuenta que el Catatumbo tiene un área de 4.826 kilómetros cuadrados y algunas comunidades están a unas 12 horas de viaje desde la cabecera más cercana. Carlos Martínez, director del IDS, le dijo a SEMANA que esta es una propuesta departamental que será presentada ante la comisión de especialistas del Ministerio de Salud y en la que explicarán la importancia de trabajar para que se agilice el proceso sin la división de fases.
Entre las variables que se consideran en un plan diferente en la región están el orden público, las condiciones geográficas (que implica un alto costo logístico) y climáticas. Por ello, entre otras cosas, se está pensando en vacunas que no requieran temperaturas muy bajas de refrigeración y que sean de una sola dosis. “Hay factores que son importantes para esta propuesta, como, por ejemplo, contar con una vacuna de una sola dosis tipo Janssen (producida por Johnson & Johnson). Recordemos la necesidad de ingresar una sola ocasión; esto es muy importante”, señala Martínez.
Para llegar al corregimiento Saphadana, al norte del municipio de Convención, por ejemplo, hay que hacer un recorrido de unas 12 horas, o 14 si la vía no está en buen estado. Allá se encuentra la comunidad indígena barí, que cuenta con unos 300 nativos e igual cantidad de campesinos. Este poblado es solo una de las razones por las que es necesario pensar la inmunización para el Catatumbo de una manera diferente, acorde a la región.
Para el alcalde, Dimar Barbosa Riobó, un plan de vacunación especial en la zona es algo acertado: “Es una propuesta muy lógica que acogemos de manera satisfactoria”. Asimismo, insiste en que el orden público y las lluvias los tienen atravesando una situación compleja en este momento; estos son factores a resolver para lograr avances. Con alrededor de 400 kilómetros de vías terciarias y con lluvias permanentes, la vacunación en las zonas rurales del Catatumbo sería una odisea y elevaría los costos.
Por eso la importancia de pensar una propuesta ajustada a la realidad del territorio, como esta, en cuya elaboración participaron los alcaldes de la región, los personeros, las empresas de salud, la Policía y el Ejército. Y en la que se espera contar con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras para su aplicación.
Uno de los obstáculos es que la vacuna de una sola dosis de Janssen solo llegaría al país entre junio y julio, por lo que la de Sinovac, que no requiere ultracongeladores para la conservación, parece la mejor opción hasta el momento. Sobre el manejo del orden público, el brigadier general Fabio Leonardo Caro, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, que opera en la región, dijo que la institución ha ayudado con la protección, seguridad y transporte de las vacunas a municipios como El Tarra, Tibú, Hacarí, Teorama, Cúcuta, Villa del Rosario, San Cayetano y Puerto Santander.
El Catatumbo tiene 282.393 habitantes. En las cabeceras urbanas las jornadas de vacunación pueden adelantarse con más facilidad. La intención del IDS es acelerar el proceso con las 140.000 dosis en diez municipios, 88 corregimientos, 949 veredas, con una estrategia extramural por concentración en 21 días.