Una demanda ante el Consejo Nacional Electora (CNE) tiene es ascuas la posesión de casi medio centenar de candidatos que fueron elegidos para distintas corporaciones públicas en el Valle del Cauca. El alcalde de Buga, sus 17 concejales y los 21 diputados del Valle tendrían que esperar hasta el próximo 20 de enero cuando resuelvan tres reclamaciones que pusieron en duda la legalidad del proceso electoral en esa región del país. La decisión se hará pública mediante una audiencia en la que los nueve magistrados del CNE notificarán a las partes sobre la medida que tomaron y a su vez informarán un fallo parcial. “La ponencia que se presentó pretendía que se respetaran los resultados oficiales, pero la votación fue muy estrecha (4-3) y se requiere mayoría calificada. Por lo tanto se tomó la decisión de nombrar tres conjueces para que diriman el caso”, dijo un magistrado que pidió omitir su nombre. Agregó, que en lo único que estuvieron de acuerdo, es que la credencial para gobernación se podía entregar, “ya que las reclamaciones en discusión no afectaban los resultados para esa corporación”. Así las cosas, la gobernadora electa Dilian Francisca Toro recibirá la credencial que la acredita como tal y podrá posesionarse el próximo viernes primero de enero del 2016 tal como estaba previsto. Pero no sucederá lo mismo con los 21 diputados que resultaron electos a la Asamblea del Valle, quienes tendrán que esperar hasta el 20 de enero cuando se conozca la decisión de los conjueces del CNE. “Es increíble que luego de dos meses esas reclamaciones no fueran atendidas a tiempo y hoy tengamos que esperar 20 días para posesionarnos”, comentó Juanita Cataño, diputada electa por el Centro Democrático y una de las sorpresas de las votaciones de octubre pasado. La razón de dicha interinidad se debe a que las reclamaciones sobre los votos en Buga, comprometen la disputa que tienen los partidos Liberal y Alianza Verde, por la famosa curul 21. Precisamente quien presentó las reclamaciones ante el CNE fue el candidato verde Duvalier Sánchez, un joven aspirante de la línea del excongresista Camilo Romero y que hizo su campaña en bicicleta. Sánchez se pelea esa curul a la asamblea con la aspirante liberal Diana Moreno, quien es ahijada política de la exconcejala caleña, Clementina Vélez. De acuerdo con la cifra repartidora, en juego por esa curul hay 300 votos de diferencia. ¿Qué reclaman? Presunta trashumancia, irregularidades en el nombramiento de jueces escrutadores y hasta posible violación a la cadena de custodia de los votos, hacen parte de las reclamaciones hechas ante el CNE. Así quedó consignado en la denuncia que el candidato Duvalier Sánchez interpuso ante el Consejo Electoral. De acuerdo con el aspirante que lucha por obtener la curul 21, en Buga entre 50 y 200 electores, cuya inscripción de cédula les fue anulada por trashumancia, “votaron de todas maneras”. Dijo, que otra llamativa irregularidad y que obligaría la anulación de los votos depositados en mesas determinadas, es que el juez escrutador nombrado, resultó ser el esposo de una candidata al concejo. En efecto, las autoridades electorales determinaron que el marido de la señora Catherine Mejía, aspirante al concejo de Buga por el partido Opción Ciudadana, actuó como juez escrutador el día de las elecciones. Lo que está en duda es si la ley obliga que se deben invalidar todos los votos que escrutó ese juez o solo los que estaban a favor de su esposa. Lo llamativo es que esa candidata solo sacó 24 votos. La tercera queja está relacionada con la cadena de custodia de las urnas triclave donde se guardan todos los votos para el posterior escrutinio. El denunciante Sánchez asegura que existen videos donde se observa que las urnas no tenían los tres candados, sino uno, y que esa única llave estaba en poder del comandante de policía de Buga. “En esa urna estaban guardados los votos de dos de las tres zonas del municipio y la suspicacia surge porque al parecer ese oficial tiene a su esposa trabajando en la alcaldía y el candidato ganador es el heredero del actual mandatario”, dijo Sánchez. El factor Dilian Detrás de esa novela electoral apareció de carambola una suspicacia que en el fondo podría cambiar el mapa político del Valle. Si prosperan las reclamaciones del candidato a la asamblea del Valle, Duvalier Sánchez y son anulados los votos en las mesas en cuestión, quedaría abierta la posibilidad para que los resultados a la alcaldía de Buga, cambien. La razón es sencilla. La diferencia de votos entre Julián Latorre, apoyado por una coalición del Centro Democrático y el aspirante Francined Cano, avalado por La U y liberales, es de apenas 400 votos. Como Francined es ficha política de la gobernadora electa Dilian Francisca Toro, muchos consideran que en ese río revuelto saldría fortalecida la baronesa electoral del Valle, por cuanto sumaría una alcaldía más a la docena que ya conquistó. Al respecto, el alcalde electo Julián Latorre teme que con la anulación de votos él sea el más afectado “ya que las zonas donde ocurrieron las reclamaciones fueron aquellas donde más votos saqué”. Señaló que no descansará jurídicamente en exigir le sea otorgada la credencial, “pues de lo contrario estaríamos ante un hecho extrajurídico, pues las reclamaciones ya surtieron primera y segunda instancia y nos dieron la razón”, explicó. Lo único claro por ahora es que el Valle del Cauca arrancará el 2016 con el pie izquierdo. No tendrá diputados y en Buga, una de las ciudades intermedias más importantes no habrá alcalde ni concejales en propiedad, al menos por 20 días.