Desde cuando este portal anunció a finales del año pasado que el Valle del Cauca arrancaría el 2016 sin diputados, un alcalde y 17 concejales, no paran las voces de protesta por lo que consideran el absurdo electoral más penoso de los últimos años. La verdad es que ese incidente no es un tema menor y ha desatado una serie de interpretaciones jurídicas que aún no tienen respuesta. Lo triste es que esta no es la primera vez que esa región se ve sumida en tortuosas interinidades administrativas. Para no ir muy lejos, el gobernador saliente, Ubéimar Delgado, llegó a ese cargo tras una elección atípica en el 2012 luego de la destitución del titular, Héctor Fabio Useche, por irregularidades en contratación cuando era secretario de Salud. Y antes de Useche, el Valle tuvo el penoso récord de cinco gobernadores en menos de un año, tras la destitución en el 2010 de Juan Carlos Abadía por participación indebida en política. Así las cosas, y poniendo las cuentas claras, se puede asegurar que en los últimos cinco años el Valle ha tenido ocho gobernadores, tres electos y cinco por encargo. Pero más allá de ese triste pasado, lo cierto es que hoy el Valle no tiene asamblea, y en Buga, uno de los municipios más importantes de ese departamento, no hay alcalde en propiedad y tampoco concejales. Esa situación ha generado una avalancha de críticas que en su mayoría recaen sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE), que en últimas es la entidad que decidió suspender la acreditación y la posesión de los 21 diputados del Valle, el alcalde de Buga y sus 17 concejales elegidos durante las votaciones de octubre pasado. El CNE tomó dicha medida porque no le alcanzaron los dos meses que tuvo antes de terminar el año para atender tres reclamaciones que ponen en duda la legalidad de los resultados electorales en Buga, instauradas por el candidato a la asamblea del Valle por la Alianza Verde Duvalier Sánchez, quien se disputa voto a voto la última curul para acceder a esa corporación, con la aspirante liberal Diana Moreno. En la denuncia Sánchez alega la existencia de serias irregularidades que ponen en duda los resultados de las votaciones en dos de los tres distritos electorales de Buga. Desde trashumancia, pasando por violaciones al régimen electoral, ya que, según la denuncia, un juez escrutador resultó ser el esposo de una candidata al Concejo, hasta violación a la cadena de custodia del material electoral porque no se cumplieron las normas de seguridad en torno a las urnas triclaves. Si prosperan las reclamaciones se anularían miles de votos y ello cambiaría los resultados electorales en el Concejo y Alcaldía de Buga y de paso definiría la curul 21 que se disputan Duvalier Sánchez y Diana Moreno. Pero en dos meses los nueve magistrados del CNE no lograron resolver esas reclamaciones y la única ponencia que surgió de ese proceso y avalaba los resultados electorales en Buga no obtuvo la mayoría calificada de votos por lo que se debió dejar el tema en manos de tres conjueces. Ahora ellos resolverán el problema, pero sólo el próximo 20 de enero se conocerá el fallo. Mientras tanto, el Valle del Cauca no tiene diputados y por primera vez en la historia política de Colombia un departamento se ve en tan exótica situación en el sentido de que un gobernador en ejercicio (en este caso la mandataria es Dilian Francisca Toro) carece de control político y administrativo. Otro coletazo que produjo esa interinidad es que en esa región tampoco hay contralor en propiedad, ya que la Asamblea posesionada debía elegir el nuevo esta semana. Ante semejante lío, el saliente contralor, Adolfo Sinisterra, designó a su director de comunicaciones, Daniel Eduardo Aldana Cabezas, contralor encargado. Y como era de esperarse, esa decisión causó polémica por las presuntas violaciones legales en las que se incurrió. Esta semana los 21 diputados electos se hicieron sentir a través de un comunicado público de cinco puntos en el que advierten el vacío de poder que actualmente reina en el Valle, la afectación a la institucionalidad y la vulneración a los derechos de elegir y ser elegidos. “Es preocupante el vacío de poder que se registra en el departamento del Valle del Cauca desde el 2 de enero del 2016, fecha constitucional y legal de posesión, ante la no instalación ni posesión de la Corporación Asamblea Departamental y sus 21 diputados, extensiva a igual circunstancia que se registra en el Municipio de Buga -sin alcalde ni Concejo Municipal debidamente declarados-, y las consecuencias que de ello se puedan derivar”, dice la carta que hicieron pública este miércoles 6 de enero. ¿Paseo bugueño? Si por los lados de la Asamblea llueve, en Buga no escampa y la polémica se agudiza cada vez más. En ese municipio la interinidad no habría pasado de ser un problema legal y anecdótico de no ser por un pequeño detalle: de lo que decida el CNE depende que la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aumente o no su capital político. La razón es sencilla de explicar. El alcalde electo, Julián Latorre, apoyado por el Centro Democrático y que no se pudo posesionar por las reclamaciones que investiga el CNE, es el rival político de Francined Cano, el otro candidato, ahijado político de Dilian y que obtuvo la segunda mayor votación. A ellos los separan escasos 400 votos y si el CNE decide anular mesas, es probable que Latorre sea superado por Cano. Para empeorar el crispado ambiente político, la gobernadora Dilian designó alcalde encargado a uno de sus funcionarios, Jesús Antonio Copete. Lo irónico de ese nombramiento es que al frente del municipio quedó una persona que pertenece a la estructura política contraria al mandatario electo que no pudo posesionarse. Para rematar, Copete montó el gabinete con personas que hacen parte de la estructura política que perdió en las urnas y es contraria a Latorre, el mandatario electo; “nunca me consultaron nombres para armar el gabinete”, denunció Latorre. Sin duda lo que ocurre actualmente en el Valle del Cauca parece más una burda inocentada, pero tristemente es la cruda realidad y esa novela terminará solo cuando el CNE se pronuncie al respecto.