La elección en febrero de 2017 de Omar Contreras Socarrás como contralor local, que fue tumbada por el Consejo de Estado en julio pasado, es la base de la decisión de primera instancia divulgada este miércoles por la Procuraduría General de la Nación, en la que destituyó a 16 de los 19 concejales de la capital cesarense.Los cabildantes sancionados, todos elegidos para el periodo 2016-2019, fueron Víctor Julio Alvarado Bolaños, José Amiro Aramendis Sierra, Jaime Eduardo Bornacelly Figueroa, Carlos Alberto Daza Lobo, José Rafael Gómez Solano, Ricardo José López Varela, Leonardo José López Valera y Leonardo José Mestre Socarrás. Le recomendamos: Alcalde de Bucaramanga suspendido por golpear a concejalTambién fueron disciplinados los concejales Gabriel Muvdi Aranguena, Eudes Enrique Orozco Daza, Wilfrido Ortíz Arias, Gloria Margarita Ovalle Aguancha, Alex Pana Zárate, Carlos Julián Picón Cortés, Luis Miguel Santrich Díaz, Yesith Triana Amaya, y Roberto Carlos Castro Romero.Según una comunicación, la Procuraduría Regional de Cesar estableció que los afectados con la medida “omitieron sus deberes y la normatividad vigente, al elegir a Contreras Socarrás como contralor a pesar de tener una inhabilidad para ejercer el cargo”.Para el Ministerio Público, que determinó la falta disciplinaria como gravísima a título de dolo, indicó que con su actuación, “los concejales vulneraron los principios de transparencia, moralidad e imparcialidad que rigen el ejercicio de función pública”. Puede leer: Procurador aclara sus relaciones con el Grupo AvalElección viciadaLa elección para el cargo de contralor de Valledupar tiene una accidentada historia. En principio fue hecha mediante un concurso de méritos, en el que el primer lugar fue Omar Contreras, pero el Concejo -según denuncias- habría acordado con la administración municipal votar por el tercero, Álvaro Castilla Fragoso.El afectado demandó ante el Consejo de Estado, que anuló la elección en diciembre de 2017 y dio prioridad al resultado del concurso. En cuanto se posesionó Contreras Socarrás, Castilla devolvió el ‘favor’ y demandó ante la misma corporación, que halló que el nuevo contralor era inhábil por haberse desempeñado un año antes como defensor del pueblo en Cesar.Como consecuencia la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia de julio pasado en la que declaró una nueva nulidad en la elección. A partir de esa decisión, Castilla impulsó la queja ante la Procuraduría en contra de los concejales que eligieron a Contreras.El presidente del Concejo, Yesith Triana Amaya expresó al diario El Pilón que “el concurso de mérito el cual le dio el derecho, y así lo estaba mandando el Consejo de Estado, que eligiéramos al primero en la lista de ese concurso de méritos. Atendiendo que no era clara la inhabilidad que se argumentaba nosotros tomamos la decisión de elegirlo". Lea: Procuraduría pide que Santofimio no entre a la JEPAdvertenciaSin embargo, había voces que ya habían advertido que era inconveniente la elección de Omar Contreras. Uno de ello fue el asesor legal externo del Concejo Aldemar Montero, quien conceptuó en febrero pasado que si el currículo de alguno de los aspirantes elegibles “permitan inferir que el enlistado a elegir ha ocupado cargo de nivel ejecutivo en una entidad de orden departamental, distrital y/o municipal […] y que dicho empleo ha sido desempeñado dentro del anterior al momento de elección, su derecho adquirido a ser elegido estará limitado”.“No actuamos de mala fe. Ahora toca esperar a fondo la decisión de segunda instancia…que salgamos librados de esa sanción, de lo contrario pues entrarán los que siguen en la lista de cada uno de los partidos”, puntualizó el concejal Triana en conversación con medios de comunicación locales.Pero esto no es todo. La Procuraduría también investiga a miembros del cabildo por la elección del nuevo contralor, Jorge Araujo Ramírez, quien estaría inhabilitado como su antecesor or ser hermano de Jorge Eliecer Araujo, quien se ha desempeñado como gobernador encargado y fue secretario de Educación departamental. Entretanto, los concejales han apelado la decisión de la Procuraduría.