El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia (Indepaz) denunció el sábado 30 de enero que 13 líderes y defensores de los Derechos Humanos han sido asesinados en lo que va de 2022 en el país, después de que se diera a conocer la muerte de Deisy Sotelo, activista en el departamento de Cauca.
Sotelo fue vista por última vez el pasado 23 de enero, cuando unos hombres armados la sacaron de su vivienda de manera forzada. Su cuerpo fue encontrado con múltiples heridas, en una carretera del departamento. Al parecer, su esposo también estaba con ella, aunque hasta el momento se desconoce su paradero, según ha informado Indepaz en su cuenta de Twitter.
La muerte de Deisy Sotelo supone la ‘masacre’, nombre con el que el Indepaz denomina a ese tipo de homicidios, número 13 del año, una cifra que ha aumentado considerablemente con respecto a las masacres cometidas en estas fechas el año pasado, que fueron seis.
Al menos 39 personas han muerto en las 13 masacres en 2022 a causa de incidentes violentos provocados por enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Cauca es el departamento donde, por ahora, se han cobrado más víctimas este año, con un total de 11.
Desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc en 2016, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia ha contabilizado 1.299 asesinatos de líderes y defensores de los Derechos Humanos.
“Cada muerto es un golpe para la paz”
El responsable de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, alertó ante el Consejo de Seguridad sobre los riesgos para el Acuerdo de Paz si persiste la violencia e instó a reforzar su protección.
“Aunque reconozco que se han reducido los asesinatos en comparación con el año anterior, cada muerto es un golpe para la paz y se necesita que se hagan todos los esfuerzos para proteger” a los 13.000 guerrilleros que han depuesto las armas en Colombia, declaró.
Ruiz Massieu participó en el examen trimestral que realiza el Consejo de Seguridad sobre los avances del Acuerdo de Paz con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que hace cinco años puso fin a medio siglo de guerra.
La misión se creó para velar por la reincorporación política, económica y social de los integrantes de esa guerrilla y sus familias luego de la firma de la paz, así como para dar garantías de seguridad.
Pero la inseguridad, recordó el funcionario, se ha agravado en regiones como Arauca, donde siguen actuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos disidentes de las Farc-EP.
“El espíritu del Acuerdo Final de Paz es precisamente que no puede haber en la Colombia de hoy ninguna justificación para la violencia, como tampoco alternativa alguna al diálogo para resolver los conflictos”, dijo.
“En el centro de todos los esfuerzos están y seguirán estando las víctimas”, dijo por su parte el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila.
Este recordó posteriormente a la prensa que en Colombia siguen operando otros grupos, que en total tienen otros 14.000 combatientes, entre ellos el ELN, el Clan del Golfo, los Contadores o los disidentes de las Farc, algunos “apoyados por la dictadura de Venezuela”.
*Con información de Europa Press.