El 30 de enero pasado, William Montenegro se salvó de ser asesinado. Él sabe que también iban por él. Aquel trágico día mataron a dos compañeros con los que venía denunciando actos de presunta corrupción en la alcaldía de Candelaria, en el Valle. Ellos eran Iván Giraldo Fúmeque y Jhonatan Borja, dos dirigentes políticos. Ese día William estuvo con ellos la mayor parte del día. Los acompañó incluso a interponer unas denuncias en la procuraduría de Cali. William se despidió de sus amigos y como a las 7:00 de la noche le avisaron que los habían asesinado. William ahora tiene mucho miedo. Esta tarde le llegó un panfleto que dice: “No queremos testigos. Te damos tres días para que te vaz (sic) del pueblo”. Al lado hay un dibujo de una pistola. En los últimos días por la casa de William ha estado rondando una camioneta blanca. Es tal el susto, que en un mes no ha podido ni salir a tomar el sol de la calle. Ni él, ni Yuli Berrio y Ricardo Abella, los otros denunciantes de corrupción, tienen protección, a pesar de las fuertes amenazas.  En mayo de 2019 habían asesinado a Brayan Borja, hermano de Jhonatan. Era  un joven de 28 años. Dicen que lo mataron para advertirle al mismo Jhonatan que dejara de investigar. Y en diciembre la víctima fue Mariano Cuero, un candidato a la personería de Candelaria que había prometido, de llegar al cargo, destapar todas las ollas podridas que en la Alcaldía se venían cocinando. Su asesinato ocurrió en Cali tres días después de ser el único aspirante que aprobó la totalidad de exámenes. Sicarios le dispararon cuando estaba tanqueando su carro. El homicidio pasó totalmente de agache. ¿Quién está detrás de estos asesinatos y amenazas? ¿Qué ha hecho la Fiscalía para esclarecer estos hechos? ¿Quién defiende a William? El 2 de febrero pasado, SEMANA publicó un reportaje que da cuenta de estos hechos. Lo reproducimos a continuación: Denunciaron corrupción y los mataron: las pistas desconocidas del tenebroso caso de Candelaria  A Iván Giraldo Fuqueme y Jhonatan Borja los mataron en una celada. Es muy probable que ambos conocieran de antes a los dos hombres que terminaron asesinandolos. De lo contrario ellos jamás hubieran ido hasta el barrio Betania de Palmira, a donde los citaron para entregarles supuestamente una información con la que podrían seguir develando actos de corrupción en la Alcaldía de Candelaria, Valle.  Jhonatan iba manejando, Iván era el copiloto. A eso de las 6:50 de la tarde, estos dos dirigentes políticos estacionaron el carro Kia Picanto en la esquina de la transversal 36 con carrera 36. Minutos después, los dos supuestos informantes se subieron a la parte de atrás del vehículo. Y ahí, aprovechando la vulnerabilidad de sus víctimas, les dispararon en simultánea.  En las calles de Candelaria saben que no puede ser casualidad que justo en los últimos meses hayan matado a cuatro de las personas que se atrevieron a poner el dedo en la llaga en contratos aparentemente corruptos de la administración municipal. Entre ellos Iván y Jhonatan, excandidatos a Concejo y Alcaldía por Colombia Humana y el Polo. En mayo de 2019 habían asesinado a Brayan Borja, hermano de este último. Era  un joven de 28 años. Dicen que lo asesinaron para advertirle a Jhonatan que dejara de investigar. Y en diciembre la víctima fue Mariano Cuero, un candidato a la personería de Candelaria que había prometido, de llegar al cargo, destapar todas las ollas podridas que en la Alcaldía se venían cocinando. Su asesinato ocurrió en Cali tres días después de ser el único aspirante que aprobó la totalidad de exámenes. Sicarios le dispararon cuando estaba tanqueando su carro. El homicidio pasó totalmente de agache.  En el municipio saben que tampoco es fortuito que nueve personas más hayan aparecido en una lista de amenazados solo por haber señalado irregularidades en manejos de platas públicas. Dos de ellos tuvieron que salir de país. Otros más están encerrados en sus casas en pánico por lo que les pueda ocurrir, tal como lo corroboró SEMANA en una visita a la zona. La pregunta que todos se hacen es: ¿quién está detrás de estos crímenes? ¿A quiénes no les convenía que ni Jhonatan ni Iván siguieran haciendo denuncias? ¿En qué asuntos concretos estaban escarbando los dos? Hay varios detalles que son importantes para responder estas preguntas. Horas antes de ser asesinados, Iván y Jhonatan se dieron cuenta que dos camionetas de la Alcaldía de Candelaria les seguían los pasos. Una tercera persona que iba con ellos ese trágico 30 de enero le contó a SEMANA que Iván, indispuesto por el asedio, se acercó a uno de esos vehículos y tocó a la ventana. Detrás apareció un trabajador del actual alcalde Jorge Eliécer Ramírez y del exalcalde Yonk Jairo Torres de ese municipio. Dijo que estaba en esa zona, cerca a la Procuraduría Provincial de Cali, por casualidad. Iván no quedó satisfecho con la explicación, pero no quiso ahondar en el tema. Ambos se concentraron en radicar ante el ente de control las irregularidades encontradas en dos contratos de la Alcaldía. 

Yonk Jairo Torres, exalcalde de Candelaria, Valle. Hoy es funcionario de Planeación Nacional. En la mañana también se habían cruzado con esas dos camionetas. Jhonatan e Iván llegaron al corregimiento Buchitolo para encarar al secretario de Infraestructura, Wilson Suárez, sin embargo, el funcionario nunca llegó. En cambio envió al contratista Jimmy Paz, quien trató de explicar por qué el contrato de adecuación de una cancha de fútbol fue cobrado, pero no ejecutado. Borja y su equipo jurídico lograron demostrar que el contrato 2031305013 con valor de $229 millones fue reseñado como finalizado el 23 de diciembre del 2019, pero en terreno no se movió una piedra. El contratista no pudo entregar respuestas a las indagaciones. Entonces decidió llevar la razón al alcalde para tomar una decisión.  Minutos después de ese encuentro, los veedores vieron por primera vez las dos camionetas rondar muy cerca al corregimiento Villa Gorgona. El segundo encuentro ocurrió en Cali hacia las 4 de la tarde. De regreso a Candelaria, la tercera persona en el vehículo decidió bajarse antes de llegar al municipio. Borja e Iván continuaron su recorrido.  La trágica noticia empezó a circular a las 7:30 p.m.: los dos dirigentes políticos, asesinados dentro de un vehículo en Palmira. Media hora más tarde fueron reconocidos por las autoridades. “A ellos los mató alguien conocido, porque Jhonatan era muy desconfiado. Él no le salía a cualquiera”, cuenta la persona que los acompañó durante el día. 

La cita fue pactada por teléfono. Un informante -que a la postre resultaría su verdugo-  le había prometido entregarle datos contundentes sobre otra investigación por presunta desviación de recursos de un contrato por $8.000 millones para adelantar obras en el alcantarillado. Jhonatan ya había recibido información de esa fuente y no vio rareza en el encuentro. Como acostumbraba, arregló la reunión en Juan Váldez del centro comercial Llanogrande de Palmira, a 22 kilómetros de Candelaria. Recogieron a los dos hombres en el barrio Betania a las 6:50 de la tarde. Luego vino el asesinato. Las amenazas contra Jhonatan e Iván encontraron su pico más alto en diciembre. En ese mes recibieron panfletos, llamadas y mensajes cada 48 horas. Ambos sabían que en cualquier momento se podían materializar y decidieron adquirir armas neumáticas para repeler cualquier ataque. Solo las personas de su círculo cercano conocían de esta medida. Ninguno de los dos había disparado un arma antes, pero la decisión era desesperada tras el retiro del esquema de seguridad a comienzos de enero. La UNP no encontró méritos para seguir cuidando a Jhonatan, abogado de profesión con doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, España. La charla en el vehículo no duró más de cinco minutos: Jhonatan había reclinado su asiento para conversar con los interlocutores en la parte de atrás e Iván alcanzó a mover la palanca de cambios. El ataque fue rápido y letal con proyectiles dirigidos a la cabeza. Las armas neumáticas quedaron debajo de los asientos. “Ellos no estaban en una posición de alerta, en ese momento no se sentían en peligro”, comenta un allegado a las víctimas. Cámaras de seguridad captaron a los agresores abandonando la escena del crimen. Llevaban en sus manos el celular de Jhonatan. “Son dos personas de tez morena, uno es alto de contextura atlética y el otro es más bajo y gordo”, dijo el coronel Javier Navarro, comandante de la Policía Valle. El testigo clave de este caso no puede salir de su casa por reiteradas amenazas. Una camioneta blanca con vidrios polarizados lo ronda desde el doble homicidio. Relata que Jhonatan había entregado varios de sus casos para abandonar el país en próximos días. La noticia de que en siete meses sería papá pesaba mucho en esta decisión. Henry Giraldo Fuqueme, hermano de Iván, cree que el doble homicidio está relacionado con las denuncias por corrupción en Candelaria. Cuenta que al iniciar 2020 Iván y Jhonatan demandaron la elección del personero, luego del asesinato de Mariano Cuero. “Esta gente quería poner una de sus fichas en la personería, pero mi hermano investigó y denunció eso”. Así acabaron con el grupo anticorrupción  La exconcejal Yuli Berrio ya se había montado al carro cuando una familiar salió desesperada de su casa. Abrió la puerta con dificultad y entre barrotes de la reja gritó: “¡Yuli, lleve el chaleco, por favor, que uno no sabe!”. La líder política accedió solo por dejarlos tranquilos. De vuelta al vehículo refunfuñaba que esa medida de protección no sirve mucho. “Los criminales de este pueblo disparan directo a la cabeza”, sentenció.  Tiene razones para no confiar en el chaleco entregado por la Unidad Nacional de Protección. Mariano Cuero, Jhonatan Borja, Brayan Borja e Iván Giraldo recibieron balazos en la cabeza. Los cuatro denunciaron hechos de corrupción en Candelaria y murieron en condiciones similares.  Las muertes violentas contra dirigentes políticos y líderes sociales en Candelaria coinciden con la creación del Grupo de Veedores Anticorrupción en abril del 2019. Recibieron en Cali la venia del procurador Fernando Carrillo para recopilar las denuncias en un solo paquete. Eran más de 100 quejas -con pruebas- de irregularidades en las administraciones de Jhon Wilson Rengifo (2011-2015) y Yonk Jairo Torres (2016-2019).  Inicialmente el grupo anticorrupción fue liderado por Jhonatan Borja, Iván Giraldo, Ernesto Álvarez, Ricardo Abella y la entonces concejal Yuli Berrio. Los dos primeros fueron asesinados, el tercero abandonó el país tras salvarse de varios atentados, y los dos restantes están bajo asedio criminal. Seguimientos, amenazas y mensajes en fachadas hacen parte de la estrategia para alimentar el miedo. La Fiscalía decidió entregarles chalecos antibalas y botones de pánico. No hay evidencia, concluyen, de que corran peligro.  Días antes del asesinato de Jhonatan e Iván circuló una lista de objetivos militares con esos nombres y el de seis personas más: William Montenegro, Wilson López, Leonardo Cano, William Benavides y Cristian Ordónez. Los veedores junto al grupo anticorrupción denunciaron ante la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía al exalcalde Yonk Jairo Torres -hoy funcionario de Planeación Nacional- en múltiples ocasiones por irregularidades en millonarios contratos de varias dependencias.  Una de las ollas destapadas por la exconcejal Yuli Berrio es un amaño en Tránsito, donde no existe un contrato oficial con empresas de grúas para inmovilizar vehículos. No obstante, carros y motos son llevados a un parqueadero particular, cobran la multa correspondiente, pero ese dinero no ingresa al municipio.  La Contraloría halló que el secretario Edilberto Peralta autorizó al parqueadero El Pailón, propiedad del señor Luis Antonio Zambrano, y Grúas Arce para prestar el servicio de acompañamiento a guardas. Entre los años 2013 y 2017 fueron inmovilizados 13.142 vehículos. El monto pagado por parqueadero ascendieron a $489.390.000, sumados a $657.100.000 por servicio de grúa. “Los prestadores de servicios de grúa y parqueadero efectúan directamente el recaudo del dinero”, señala el informe del ente de control. 

En ese mismo documento la Contraloría asegura que la Alcaldía no entregó las facturas de comparendos, “siendo imposible verificar cuántos días cancela el usuario por servicio de parqueadero y más grave aún, ¿cómo estos carros fueron sacados sin órdenes de salida de la Secretaría de Tránsito?”.  El guarda Álvaro Herrera se dio cuenta de esas irregularidades mucho antes del hallazgo de la Contraloría. Radicó una queja en la Alcaldía y días después iniciaron las amenazas. Decidió salir del país en octubre del 2018, cuando se produjo el primer atentado. Desde el exilio le contó a SEMANA cómo eran obligados a realizar acciones fraudulentas para enriquecer a terceros. “Éramos obligados a llamar solo una empresa de grúas para levantar los vehículos. Cuando confronté al secretario (Edilberto Peralta) me dijo: no se meta en eso, que no es problema suyo”, relata Herrera.  El entonces alcalde Yonk Jairo Torres quiso regular el tema del tránsito, pero con una idea “inviable”, dice Yuli. Quería privatizar la Secretaría y recibir facultades plenas para asignar a dedo empresas que prestarían el servicio de grúa y parqueadero. La idea era legalizar las prácticas ilegales denunciadas, incluso planteaba tercerizar el recaudo del dinero con una compañía recién creada.  El proyecto fue presentado al Concejo y el trámite estaba listo para ser aprobado, pero el Grupo Anticorrupción consiguió que el procurador provincial de Cali, Juan Gerardo Sanclemente, asistiera al recinto el día de la votación. Lo acompañó un policía judicial. Sorpresivamente todos los concejales votaron negativo el proyecto.  Esa no es la única irregularidad detectada en la Secretaría de Tránsito. El empresario y veedor ciudadano Ricardo Abella desparrama sobre la mesa más de cien documentos “son ocho años de denuncias”, afirma mientras escarba entre letras. Minutos después -casi celebrando- interrumpe el silencio: “¡Aquí está!” Eleva entre sus manos una hoja de bloc tamaño carta, sobre ella reposa la acusación contra el exalcalde Yonk Jairo Torres  -hoy funcionario de Planeación- en la Fiscalía.  Abella asegura que Torres lo extorsionó en varias oportunidades. Recuerda que primero fue el exalcalde Jhon Wilson Rengifo, quien comenzó con los pedidos para permitir que volquetas con escombros llegaran hasta su empresa de aprovechamiento de recursos sólidos. “Hace ocho años el alcalde Rengifo me pedía $1.500 por cada metro cúbico y luego Yonk Torres me exigía entre $20.000 y $50.000 por volqueta para dejarlas entrar al municipio”. La empresa de Abella solo operó seis meses y lleva ocho años clausurada.  Ante la negativa de pagar “por las buenas”, ordenaron instalar un peaje ilegal en la entrada a Candelaria. Los guardas tenían como misión parar las volquetas, una empresa de particulares efectuaba el cobro del dinero. Entregaban un recibo que era el santo y seña para permitir el ingreso al municipio. SEMANA obtuvo uno de esos recibos. La supuesta empresa que lo expide tiene como nombre Suministramos y Contratamos con NIT 79.309.043-8, pero cuando es consultado en el Registro Único Empresarial esa compañía no existe. El número corresponde a la identificación de un ciudadano con lugar de residencia en Bogotá, quien dice no conocer Candelaria, ni tener contacto con nadie de ese municipio. Ya hay una denuncia radicada por suplantación de documento. 

El guarda Álvaro Herrera confirma las extorsiones y el pago obligado a terceros. “Ellos decían que no era gente de la Alcaldía, pero la contabilidad de esos recibos se realizaba en la Secretaría de Tránsito”.  El Grupo de Veedores Anticorrupción puso sobre la mesa otras irregularidades en varias oportunidades. Ernesto Álvarez, líder de Candelaria, alcanzó a radicar ante Contraloría y Procuraduría 19 contratos con duplicidad en la firma del contratista. Alguien en la Alcaldía pagaba esos contratos, luego duplicaba el documento y nuevamente emitía una orden de pago pero por un valor más elevado. Estos hallazgos fueron conocidos por el procurador Fernando Carrillo, quien en julio del 2019 definió así la situación de Candelaria:  “Por esa razón la Procuraduría abrió investigación y citó a juicio disciplinario al alcalde de Candelaria (Yonk Jairo Torres) por presunta violación al régimen de inhabilidades. Se busca determinar si un concejal, la secretaria de Desarrollo Administrativo, secretario de Asuntos Especiales y los contratistas de las secretarías pudieron incurrir en falta disciplinaria al celebrar de manera irregular 19 contratos”.  También citaron a juicio al entonces mandatario por presuntamente favorecer el encubrimiento de $300 millones del Estado, suma gastada en la vigencia 2015 -durante la administración de Rengifo-, pero que no fue reportada por Torres. No hay soporte, ni beneficiario del hecho económico, ni conciliación que explique cómo salió y fue gastado ese dinero.  Siete meses después de ese anuncio parece que las investigaciones de la Procuraduría llegaron a un punto muerto. Incluso, en la Provincial de Cali desaparecieron en 2017 todas las pruebas anexadas por Ricardo Abella en la denuncia por extorsión contra los exalcaldes Rengifo y Torres. El proceso fue archivado en 2018, precisamente por falta de pruebas. Lo que prosperó en esa cruzada por desvelar la verdad fue una campaña de miedo, basada en asesinatos, amenazas y desplazamientos. El exalcalde Yonk Jairo Torres y el actual mandatario, Jorge Ramírez, manifiestan no tener responsabilidad en estos hechos, ni en las muertes de Jhonatan Borja e Iván Giraldo. “Los señalamientos son irresponsables”, dicen.

Jorge Ramírez, actual alcalde de Candelaria, Valle. Tras dejar la Alcaldía, Torres fue designado como coordinador regional de Planeación Nacional. Su carrera política no había trascendido de Candelaria. Fue concejal y llegó al primer cargo público de ese municipio avalado por Cambio Radical, La U y Partido Liberal. También recibió el apoyo del anterior alcalde Jhon Wilson Rengifo.  La última acción del Grupo Anticorrupción antes de su disolución fue demandar ante la Gobernación del Valle el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Candelaria. Tres días antes de finalizar periodo en 2015, el exalcalde Rengifo realizó una modificación para urbanizar con 26 mil viviendas la periferia del municipio.  Yonk Jairo Torres también radicó ante el Concejo una modificación para urbanizar otros grandes lotes con 126 mil viviendas. La exconcejal Yuli Berrio advirtió de la ilegalidad del proceso, porque la ley contempla solo una modificación extraordinaria al POT entre 2015 y 2020. La Procuraduría emitió alertas a los concejales recomendando abstenerse de votar ese proyecto que eleva el precio de las tierras hasta cinco veces. En el cabildo hubo caso omiso de las advertencias. 13 de  los 15 concejales votaron positivo a la modificación. El día de la votación el exalcalde Torres llegó al recinto y pacientemente esperó el ejercicio democrático. Jhonatan, Iván, Yuli, Ricardo y Ernesto pusieron al tanto a la Gobernación. Desde la administración departamental fue declarado ilegal y compulsaron copias al Tribunal Contencioso del Valle, que se pronunciará en próximos días, posiblemente echando para atrás lo aprobado en el Concejo. Hoy en el municipio ronda el miedo. Atreverse a hacer una denuncia puede costar la vida.