Un video grabado al parecer el 28 de abril, justo el día que comenzaron las protestas en medio del paro nacional convocado para rechazar la reforma tributaria, es una de las decenas de pruebas que investigan las autoridades sobre lo que sería el pago de dinero en efectivo a personas para que participen en las marchas y actúen de forma violenta.
SEMANA conoció apartes de los informes de inteligencia, sustento para los procesos judiciales que hoy se adelantan contra personas que estarían financiando y cometiendo actos vandálicos. A juicio de las autoridades, demuestran sistematicidad en la forma de operar y una articulación nacional.
Cientos de horas de grabaciones en video y audio, seguimientos detallados, fotografías, imágenes captadas por drones y fuentes humanas forman parte del material probatorio con el que se han identificado y se empiezan a judicializar a los determinadores y accionantes de los hechos violentos.
Son dos los protagonistas del video. Uno de ellos es un hombre que usa gorra blanca, tapabocas, mochila terciada y una chaqueta blanca con el logo del Mais (Movimiento Alternativo Indígena y Social). Las autoridades están tratando de establecer si pertenece a este partido o el uso de esa chaqueta es coincidencia. La segunda es una mujer también con tapabocas, pelo recogido y chaqueta verde.
Al hombre se le ve sacando dinero de la billetera, mientras los asistentes, por lo menos unas 20 personas, levantan las manos para pedir su parte. La mujer los organiza y les da explicaciones, toma su celular y empieza a registrar datos. Al recibir el dinero, los asistentes se empiezan a retirar.
Esta manera de financiar las protestas pareciera ser una forma de operar en el ámbito nacional. El fiscal Francisco Barbosa, en entrevista con SEMANA, ofreció detalles de la forma como se organizan para mover el dinero. “En diferentes lugares de Cali, grupos de vándalos llegan en una moto, como ocurría en las protestas en Venezuela. Les están entregando plata, tenemos los videos y ya hay judicializaciones. Salen a romper lo que encuentren, y dejan a personas grabando para que cuando llegue el Esmad digan que están atacando la protesta. Los videos los viralizan en las redes”.
Pero no serían solo motos. Los investigadores lograron identificar por lo menos seis vehículos, entre carros y camionetas particulares, que llegan a los bloqueos, reparten dinero, agua y comida a quienes están en la movilización. Estos se desplazan a diferentes puntos abasteciendo a los que participan en la primera línea.
El fiscal explicó la forma de actuar de estas organizaciones al margen de la ley. “Cuando decimos que hay terrorismo urbano, quiero decir que existen células organizadas. Lo que está sucediendo en Cali es eso; no es normal que bloqueen las entradas a la ciudad, el pánico económico, que obstruyan de forma lógica y ordenada diferentes puntos de la ciudad, y que ataquen los peajes un día y al otro las estaciones de Policía”.
Barbosa asegura que detrás hay organizaciones criminales de mayor escala. “Sabemos con certeza que detrás de estos se encuentran los Gaos (grupos armados en el Cauca), y, al mismo tiempo, el ELN y otros actores, que les presentaremos al país frente a los jueces”, aseguró.
SEMANA conoció que otro frente de batalla objeto de investigación son las redes sociales, en las que de forma orquestada viralizan noticias falsas, videos, mensajes que promueven la violencia, y hasta, al parecer, estarían contratando influenciadores para replicar los mensajes con costos que oscilan entre 7 y 28 millones de pesos.
La información en poder de SEMANA detalla cómo difunden los mensajes. “Documentan cada instante de la manifestación, están pendientes de posibles capturados y hacen transmisiones en vivo con el fin de deslegitimar la actuación del Estado y justificar su actuar mediante el uso de algún hashtag. Ejecutan esta actividad desde sus viviendas, usando conexión VPN y navegadores, como Thor, con el fin de encubrir sus rastros en la red”.
De la mano de los millonarios pagos que se estarían haciendo, también entregan lo que denominan “manuales de acción simultánea”, que explican cómo reaccionar y atacar al Esmad. Dan instrucciones para contener las tanquetas regando gran cantidad de aceite en las vías. “Con estos carros pesados como las tanquetas no podrían entrar al punto de concentración y quedamos mano a mano con el Esmad de a pie. Es el momento de hacerlo, pues hay movilizaciones en todo el país y no van a dar abasto”, dice el manual.
Proporcionan instrucciones para enfrentamientos violentos, como tener siempre bombas con pintura para impactar los protectores visuales del Esmad y dejarlos sin visibilidad. Enseñan a hacer “miguelitos”, pequeños pedazos de mangueras con puntillas para pinchar los vehículos de la Policía.
En cuanto a las comunicaciones advierten que no se debe usar WhatsApp, porque es fácil de interceptar. Usan otra aplicación, con configuraciones de privacidad máximas para que no se puedan rastrear número telefónico, nombre y rostro. En la plataforma crean grupos y hablan con mensajes de voz. “Es un mecanismo eficaz. Es el que hemos estado usando en Cali y funciona como un radioteléfono”, señala la cartilla.
El fiscal fue más allá y reveló que tiene las pruebas de funcionarios que estarían comprometidos con los actos delictivos. “En próximos días, tendremos una acción judicial en contra de funcionarios públicos que están detrás de los actos vandálicos. Le presentaremos al país los elementos probatorios para que escuchen lo que dicen estos funcionarios”.
En documentos de inteligencia se revela que “con ocasión de las actuales manifestaciones de violencia y vandalismo en las ciudades, se destaca la participación activa de una de las células urbanas del ELN denominada los Turpiales, grupo que tendría la capacidad de enviar integrantes desde Antioquia hacia otras ciudades para influenciar sectores sociales y promover acciones como las que hoy se registran en Bogotá, Cali y Medellín”.
Los actos vandálicos que se han presentado en medio de las protestas, en especial en la ciudad de Cali y otras capitales del país, tendrían de fondo una articulación entre organizaciones armadas con redes de apoyo en las ciudades y participación de bandas delincuenciales dedicadas al tráfico de estupefacientes.
El director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, explicó que se trata de una violencia criminal con capacidad de hacer daño sobre la población y especialmente contra la Policía. “Es un movimiento que está en seis ciudades con un despliegue clandestino, trabajando de la mano para buscar apoyos con el ELN y las disidencias de las Farc, con alias Mordisco y la ‘Narcotalia’. Esto está documentado, tenemos evidencia física en computadores incautados al ELN. También está el Movimiento 8 y 9 de junio, de una línea camilista como lo llama el ELN, y el Movimiento Bolivariano, que es de las Farc, con gentil Duarte”.
Hay pruebas de encuentros clandestinos. “Han hecho reuniones que ya las tenemos documentadas, donde claramente les dicen: ustedes los delincuentes, hurten, pero lo importante es que saquen esa gente a la calle y disparen contra la policía”, dijo el general Vargas.
Una de las líneas de investigación apunta hacia el narcotráfico y las redes de microtráfico. “Hemos encontrado tres bandas delincuenciales principales de tráfico local de estupefacientes, que están trabajando de la mano, y vamos a ver si tienen relación con alguna de las oficinas de cobro en Cali”.