A pesar de que desde el inicio del paro nacional, a finales de abril, la denominada ‘primera línea’ se ha dado conocer como un grupo espontáneo e inconforme de jóvenes que lidera las protestas, para las autoridades se trataría de una organización con rasgos criminales que importó el modelo de las protestas chilenas y se viene gestando desde hace casi dos años, cuando el gobierno del presidente Iván Duque enfrentó las primeras manifestaciones.

SEMANA conoció en exclusiva documentos, grabaciones y seguimientos a transacciones millonarias que demostrarían sus nexos con disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia y el ELN.

Según los organismos de inteligencia, el rastreo de transacciones permite concluir que la ‘primera línea’ se financiaría, en especial, de estos grupos y de algunas bandas criminales y narcotraficantes. Eso explicaría cómo han logrado mantenerse por casi tres meses en los puntos que han denominado de resistencia.

Los investigadores identificaron que el dinero les llega por diferentes vías. Desde Venezuela, la Segunda Marquetalia ha enviado, a través de correos humanos, cajas con dólares en efectivo, camuflados en camiones con alimentos. SEMANA reveló en su momento el envío de 160.000 dólares de Iván Márquez, exjefe negociador de las FARC, para financiar estas actividades terroristas. La plata llegó acompañada de una carta en la que los alentaba a combatir contra el Estado.

En los seguimientos han detectado casas de cambio en ciudades donde opera la ‘primera línea’ y se negocia este dinero ilegal. Están identificados más de 400 receptores por medio de consignaciones en plataformas digitales. Son los encargados de distribuirlo.

El ELN también es uno de los financiadores mediante el Frente de Guerra Urbano Nacional. Los grupos narcotraficantes ponen su cuota, sobre todo en Valle, Antioquia y Cauca. Documentos incautados, rastros de transferencias y testimonios de miembros de la ‘primera línea’ que han colaborado con la justicia señalan transacciones de entre 1.000 y 1.200 millones de pesos mensuales.

Sin embargo, cada grupo debe buscar otras formas de financiación. Por eso, el microtráfico ha tomado fuerza en los puntos de resistencia, donde también se cobran peajes y extorsiones. Un informe de inteligencia muestra cómo extorsionan a vendedores ambulantes, trabajadores de las plazas de mercado y mayoristas usando la fachada de grupos delincuenciales. Las centrales de abasto de Medellín, Bogotá y Bucaramanga son algunos de los lugares donde cometen sus fechorías.

Está documentado que, en algunos casos, exigen gasolina y prendas de vestir (overoles, gafas y cascos). Es más, estaciones de servicio son blanco de la ‘primera línea’ que presiona para robarse el combustible con el que elaboran las molotov.

En el caso de Bogotá, especialmente en el sur, han hurtado residencias y saqueado bodegas. Las localidades más afectadas por los robos son Kennedy, Bosa y Soacha. “Algunos realizan desplazamientos hacia la zona céntrica de la capital para obtener dinero hurtando los buses de transporte público”, se lee en el documento confidencial. En Medellín, Popayán, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, la historia se repite.

Las acciones violentas no son espontáneas. Hay testimonios y videos que demuestran la entrega de dinero en efectivo a jóvenes por participar en actos vandálicos. Les dan entre 30.000 y 70.000 pesos diarios.

Varios políticos, cuyos nombres conoce el país, simpatizan con la ‘primera línea’. Hay un caso especial que ha sido público: el de Gustavo Bolívar, senador de la Colombia Humana, quien impulsó una Vaki, a través del colectivo Manos Limpias, para comprar elementos de protección. De hecho, la Corte Suprema definirá si en su actuación habría cometido algún delito.