El aumento de la carga no remunerada, la falta de acceso al mercado laboral y la violencia, que se agravó por causa de la pandemia de la covid-19, son algunos de los principales desafíos para los derechos de las mujeres en Bogotá, según un panorama divulgado este lunes por la Veeduría Distrital.

El ente de control alertó sobre la profundización de la brecha de género después de la crisis de la pandemia de coronavirus en varios aspectos.

Aumento de carga no remunerada: Los roles tradicionales impuestos a las mujeres como cuidadoras principales en los hogares han provocado un aumento desmedido en el trabajo no remunerado, relacionado directamente con la economía del cuidado.

Aumento de la violencia de género durante el aislamiento: La Secretaría de Seguridad alerta que en los primeros tres meses del aislamiento los casos de violencia intrafamiliar aumentaron un 18%. A su vez, los canales de aislamiento y acompañamiento dispuestos por la Secretaría de la Mujer reportaron un importante incremento.

Frente a esta situación, la Línea Purpura reportó un aumento del 225% en las comunicaciones recibidas solo en la primera semana de aislamiento, pasando de 942 llamadas a 3.109.

Con este panorama el veedor Distrital, Guillermo Rivera, recomendó a la Administración Distrital incorporar medidas integrales que no solo atienden los resultados de la problemática sino también las causas.

La entidad destaca que pese al fortalecimiento y avance en la multiplicidad de los canales de denuncia y de asistencia a las mujeres en riesgo, es necesario avanzar a la comprensión colectiva de que la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar es un asunto público, no privado.

Panorama de las trabajadoras de la salud

De 19.703 casos de contagio de covid-19 confirmados en Bogotá entre trabajadores de la salud, 14.753 son mujeres frente a 4.950 hombres. La razón principal es que hay más mujeres trabajadoras de la salud frente a actividades de cuidado y seguimiento de pacientes con covid-19.

Por tal razón, señala la Veeduría, deben reforzarse las medidas de bioseguridad de las trabajadoras de la salud, programar pruebas periódicas y garantizar la seguridad de sus familias.

Feminicidios en el país

De acuerdo con el Observatorio de Feminicidios Colombia, en 2020 ocurrieron 630 feminicidios en el país; 55 de estas mujeres eran menores de 14 años y 36 de las víctimas eran migrantes venezolanas. Bogotá registró 49 feminicidios y 6 tentativas.

Lamentablemente en la mayoría de los hechos en los cuales se ha podido individualizar al sujeto feminicida, este permanece en su círculo familiar, 248 de los feminicidios fueron cometidos en la vivienda de la víctima y 132 de los casos se trataba de su pareja o expareja.

De otra parte, el acoso en el transporte público también se ha convertido en una forma de violencia cada vez más preocupante. El porcentaje de hechos que reportaban las usuarias en diferentes investigaciones frente a las denuncias son sustancialmente diferentes y pone en evidencia la percepción de inseguridad de las mujeres en el transporte público de Bogotá.

La Veeduría recomienda incorporar a la formación educativa de niños, niñas y adolescentes, la conciencia de que la violencia de género es la manifestación más extrema de desigualdad y por lo tanto no es necesario desmantelar el sistema de creencias que las perpetúan.

Mercado laboral de las mujeres

Según lo identificado por la Veeduría Distrital, mientras que las mujeres ocupadas cuentan con 17 años de educación en promedio, los hombres registran 16 años de educación de media; sin embargo, la tasa de desempleo es más alta en las mujeres.

Otro factor altamente preocupante es la alta tasa de informalidad en las mujeres trabajadoras y que llega a un 48,5% en Bogotá. Esto es alarmante, dice la entidad, si se tiene en cuenta que los trabajadores informales fueron durante la pandemia las personas que más vieron disminuidos sus ingresos.

Finalmente, el veedor Distrital realizó un llamado para que la estrategia de reactivación económica incluya la perspectiva de género para garantizar que las dificultades de tipo estructural que perpetúan la desigualdad entre hombres y mujeres no se traduzcan en una mayor exclusión de ellas del mercado laboral o el acceso en condiciones inequitativas, o bien, el engrosamiento de las líneas de pobreza.