La Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común, en representación de los ciudadanos preocupados por la situación vial en Bogotá, presentó una alerta ciudadana y un derecho de petición ante las autoridades competentes.
Lo hizo, solicitando acciones concretas para abordar el “desorden vehicular y peatonal” en la entrada a la ciudad por la calle 80, específicamente en el puente El Cortijo —conocido como el puente de Guadua— sobre el río Bogotá.
La Veeduría recibió las quejas ciudadanas sobre el caos generado en esta zona, el cual denunció SEMANA tras documentar los interminables trancones tras el cierre del tercer carril. A pesar de que desde el año 2013 se autorizó la intervención del puente El Cortijo, según la Veeduría, “han pasado muchos años y no se ve ningún resultado de intervención allí, con lo cual se podría estar generando un detrimento patrimonial”.
Ante esta situación, la Red Bien Común solicitó a las autoridades competentes informar sobre las acciones administrativas, operativas y contractuales tomadas para superar el caos vial en la calle 80.
“Sírvase informarnos qué acciones administrativas, operativas, contractuales, ha tomado su despacho para superar el caos denunciado por la revista SEMANA en el ingreso de la ciudad de Bogotá por la calle 80″, dice la solicitud elevada a: la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad, la Secretaría Distrital de Seguridad, el Ministro de Transporte, Invías y la Ani.
Además, la Veeduría pidió conocer el estado actual de la contratación e intervenciones en el puente El Cortijo, así como requerir al concesionario de la vía Bogotá-La Vega-Villeta-calle 80 para que “asuma sus obligaciones contractuales”.
Asimismo, exigió la adopción de medidas inmediatas para una “coordinación eficaz y efectiva” entre las autoridades locales, regionales y nacionales, a fin de “superar los inconvenientes que, reiteradamente, se presentan en dicha vía e informarnos de las mismas a efectos de realizar seguimiento y control ciudadano a la gestión pública”.
La Veeduría también aclaró que su solicitud se presentó en el marco del “papel del ciudadano en la vigilancia de la gestión pública, deberes públicos, función pública y el interés público en el buen manejo de los recursos públicos y la transparencia de los procesos contractuales en los entes públicos”.
Estas acciones se fundamentaron en las normas constitucionales y legales, así como en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, que promueven la participación activa de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción, destacó el presidente de la Veeduría Bien Común, Henry Antonio Anaya Arango.
Algunos usuarios en redes sociales han reportado que el cierre puede obedecer a que al cruzar el Puente de Guadua siempre hay un retén de la Policía que verifica el pico y placa, y que al cerrar el tercer carril todos los vehículos deben pasar por dicho control.
Sin embargo, la Policía le confirmó a SEMANA que el cierre obedeció a unas fallas estructurales que se están presentando en los muros de contención del puente y que por seguridad tomaron la decisión.
Lo que no supieron aclarar es cuánto tiempo durará esta medida, si será permanente y quién responde a la ciudadanía que a diario se queja por los interminables trancones a los que ninguna autoridad les presta atención.
Aunque la Policía asegura que la respuesta la debe dar la Concesión Sabana de Occidente, en sus redes sociales publicaron un mensaje aclarando que la operación no tiene alcance hasta ese lugar y que su mantenimiento corresponde al Instituto Nacional de Vías (Invías).
En la Gobernación de Cundinamarca nadie da razón por el asunto, pero la situación cada día empeora y la Policía de Tránsito tampoco hace presencia en el lugar para que la movilidad fluya en las horas pico.