La Veeduría Distrital cerró una investigación para establecer posibles ineficiencias administrativas en la ejecución del convenio interadministrativo de cooperación 613 del 9 de julio de 2019, suscrito entre TransMilenio y el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional.

Los resultados de la investigación fueron enviados a la Procuraduría General de la Nación y al inspector general de la Policía Nacional, mayor Jorge Luis Ramírez Aragón.

De esta investigación la entidad logró evidenciar:

  1. La ejecución del convenio no se supervisó de manera adecuada: se advirtieron debilidades en la supervisión del contrato respecto a los controles que se deben ejercer al ordenador del gasto. Adicional a esto, no se advirtieron los errores en los informes de supervisión y la falta de un acta del comité de coordinación donde se aprobaran los planes de necesidades del convenio.
  1. No aparecen aprobados los planes de necesidades: se constató la existencia del Comité de Coordinación conformado por las partes firmantes del convenio 613-2019, cuya obligación contractual era aprobar los planes de necesidad de conformidad con el objeto contractual. No obstante, en la información remitida por TransMilenio o divulgada por la entidad en el SECOP 1 no se evidencia un acta donde expresamente exista dicha aprobación.
  1. Se hicieron compras que no tienen relación con el fin contractual: se evidenciaron gastos con cargo al convenio, que si bien pueden tener justificación en el accionar de la Policía Nacional, no tienen relación directa o con ocasión del desarrollo del objeto contractual, como es el caso de elementos como instrumentos musicales y atuendos de mariachi, entre otros. Encontramos que más que participar en un convenio para mejorar la seguridad de TransMilenio, el Fondo Rotatorio de la Policía habría destinado recursos para dotar instalaciones o atender a los uniformados. Todo esto escapado a la supervisión de TransMilenio.

Tras estos hallazgos, la Veeduría formuló recomendaciones de tipo administrativo a la gerencia de TransMilenio S.A., con el fin de mejorar la gestión administrativa en este tipo de convenios, además del envío de la documentación a la Procuraduría, institución que tiene competencia sobre el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional. También se compulsaron copias a la Personería de Bogotá y a la Contraloría Distrital para que valoren la documentación y determinen las conductas que se consideren del caso.

“En noviembre del año pasado la Veeduría recibió una denuncia anónima que señalaba un convenio que suscribió en 2019 TransMilenio con el Fondo Rotatorio de la Policía y la Policía Metropolitana. El objeto central era aunar esfuerzos en la seguridad y la convivencia del sistema de transporte masivo TransMilenio. Pudimos darnos cuenta que desde el Fondo Rotatorio de la Policía, con cargo a ese convenio, se adquirieron trajes para mariachis, también aparatos para una gimnasio y a nuestro juicio ninguna de esas adquisiciones tiene relación con el convenio. Por tal razón le solicitamos a la señora procuradora adelantar una investigación disciplinaria contra los miembros de la Policía Nacional responsables de esas adquisiciones”, señaló el veedor distrital, Guillermo Rivera.

Tras la denuncia de la entidad, TransMilenio se pronunció y dio respuesta a los puntos que por parte de la Veeduría encontraron como irregulares y a las observaciones hechas por la misma sobre el convenio interadministrativo de cooperación:

Investigación Veeduría | Foto: Veeduría Distrital
  1. TransMilenio S.A. siempre está dispuesto a cooperar de manera activa con los órganos de control con todo lo que estos requieran. En este sentido, la entidad tiene una política de transparencia y disponibilidad de la información.
  1. El ente gestor agradece la constante tarea de observación, revisión y acompañamiento que hacen los órganos de control al sistema.
  1. Para el caso de las recomendaciones hechas por la Veeduría Distrital sobre el convenio de cooperación entre TransMilenio S.A. y la Policía Nacional, la entidad adoptará las recomendaciones hechas por el órgano de control para mejorar la eficacia en la ejecución del convenio que actualmente se encuentra vigente. De igual manera, el ente gestor remitirá dichas observaciones a la Policía Nacional para que tomen las medidas correctivas correspondientes.