El Consejo de Estado admitió para su estudio una tutela que pide que se decrete la conmoción interior en Cartagena. Esto teniendo en cuenta la grave situación de orden público que se presenta en el Distrito Turístico que afecta seriamente la calidad de vida de los habitantes de la capital del Bolívar y las personas que lo visitan.
En la acción judicial presentada por Alcides Arrieta Meza y Erick Urueta Benavides se señala la necesidad de decretar la conmoción interior para proteger los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, integridad personal y propiedad. Con base en la ejecución de delitos ha aumentado exponencialmente en los últimos meses en la “ciudad amurallada”.
En este sentido, se le pide a la Presidencia de la República que ordene este estado de conmoción interior en todo el territorio y, de no hacerlo, se ordene la intervención inmediata del orden público en la capital del Bolívar, cumpliendo así sus funciones constitucionales y legales.
Y es que, de acuerdo con los tutelantes, para nadie es un secreto que en Cartagena se han reportado altos índices en materia de homicidios por medio de la modalidad de sicariato y hurto, “lo cual amenaza y vulnera los derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la honra, los bienes, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de locomoción, afectando el orden público y la convivencia”.
Para mostrar un ejemplo, en lo corrido de 2022 se han registrado 150 homicidios, lo que representa un aumento del 91 % de estos actos violentos en la ciudad, si se hace la comparación con cifras de años recientes. Igualmente, el hurto a personas ha presentado un aumento exponencial teniendo en cuenta las estadísticas judiciales.
“La situación se ha salido de control y ya es imposible neutralizar con los mecanismos ordinarios, tal como lo reconoce el alcalde (William Dau) en la solicitud realizadas por el presidente de la república”, advierte la tutela. En este sentido, se considera que la asistencia militar por sí sola no soluciona los problemas de la ciudad y es necesario tomar medidas más severas “que permitan enfrentar la ola delincuencial”.
Las cifras del mes de junio revelan que “la situación se ha salido de control y amenaza con tomar una curva de no retorno; de no tomar medidas extraordinarias, 170 homicidios, se suman en lo que va corrido del mes de junio”. Igualmente se pone de presente el constante enfrentamiento entre las bandas que buscan el control del microtráfico en la ciudad y que “para los efectos criminales han venido reclutando a miembros de la delincuencia común y empobrecido”.
Teniendo en cuenta la situación extrema en Cartagena que pone en riesgo la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia, se le pide al Consejo de Estado que le otorgue las facultades extraordinarias al presidente de la República para que declare la conmoción interior como se detalla en el artículo 213 de la Constitución Política y la Ley 137 de 1994.
El Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, le notificó al presidente de la República, Iván Duque Márquez; a los ministerios del Interior y de Defensa, así como a la Policía Nacional, para que rindan informes sobre los hechos mencionados en la tutela.
Igualmente, vinculó al presidente electo Gustavo Petro, al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y al Departamento de Bolívar para que emitan sus respectivos conceptos si lo consideran pertinente.