La declaración de Dairo Antonio Úsuga David, más conocido como ‘Otoniel’ el pasado 21 de diciembre ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) causó un verdadero revuelo político. El otrora máximo jefe del Clan del Golfo aseguró que no había sido capturado por las autoridades, sino que él había tomado la decisión de entregarse de manera voluntaria.
Su testimonio cayó como un baldado de agua fría. El director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas fue el primero en salir a desmentirlo, indicando que Otoniel, en efecto, fue capturado en el marco de la Operación Osiris que le cerró todas sus rutas de escape y acabó con su círculo de seguridad en el Urabá antioqueño.
Posteriormente, el ministro de la Defensa, Diego Molano, y el presidente Iván Duque emitieron fuertes comunicados en los que no calificaron al narcotraficante de “mentiroso”, puesto que existían todas las pruebas para demostrar que había sido capturado en un operativo conjunto adelantado por la Policía, el Ejército y la Armada Nacional.
Tanto Molano como Duque aseguraron que el destino final de Otoniel será la extradición a Estados Unidos, donde es requerido para que responda por delitos relacionados con el tráfico de drogas orquestado por el Clan del Golfo, así como por homicidios agravados y porte ilegal de armas.
Sin embargo, las víctimas de las acciones lideradas por Otoniel le pidieron a las autoridades que garanticen su estadía en Colombia hasta que no cuente toda la verdad sobre las acciones que adelantó y aporte para los proceso de reparación y no repetición. Cerca de quince organizaciones manifestaron la necesidad que se sigan las audiencias, puesto que se sabe que una vez extraditado será más complicado contactarlo, generando así una ola de impunidad.
“Esperamos que sea posible en algún momento vernos de manera directa con garantías para usted y nosotros, queremos que nos escuché, que nos vea, y que muchas verdades sean por nosotros conocidas directamente. No queremos venganzas ni odios”, expresaron las organizaciones de las que hacen parte comunidades desplazadas y víctimas de masacres en Antioquia y el Chocó.
Debido a su posición de mando en el Clan del Golfo y a las organizaciones criminales de las que hizo parte (Farc, Ejército Popular de Liberación (EPL) y Autodefensas Unidas de Colombia) consideran que Otoniel tiene información suficiente y de primera mano sobre las acciones ilegales que se cometieron en dicho territorio, las razones por las que se ejecutaron y la suerte de sus seres queridos.
Con el fin de garantizar su comparecencia al proceso manifestaron su intención de enviarle una carta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para que revise la petición de extradición y de esta forma garantizar que continúe su aporte a la verdad y así lograr la paz. Esto pese a que reconocen que existe un gran riesgo: “Comprendemos, incluso, entendemos que no vaya a decir todo lo que sabe, por eso mismo lo querrán silenciar, mucho más llevarlo a prisión y a un juicio justo, lo quieren en la muerte por las verdades que usted sabe, solo usted, y sus círculos de confianza”.
“Hablar es un riesgo para nosotros, ustedes tienen muchas verdades que no se pueden decir virtualmente, usted sabe verdades que sí el país conociera se abriría la posibilidad de un país distinto, usted sabe de gente muy poderosa que los ha llevado una y otra vez a la violencia”, agrega el documento. Con esto, piden que la JEP siga escuchando a Otoniel y así conocer la verdad sobre otros casos del conflicto armado.
De ser extraditado, piden que se garantice que siga colaborando con las autoridades judiciales. De esta forma, que se realicen audiencias virtuales en las que el exjefe del Clan del Golfo responda sus preguntas y atienda sus cuestionamientos: “Si fuera posible tramitar un encuentro directo en Colombia, y dada su eventual salida a Estados Unidos, le pedimos en el acuerdo con las autoridades de ese país, defina mecanismos para que podamos ingresar a las cárceles y en diálogo directo acceder a verdades que posibilitarán de manera real lograr la paz para nuestras vidas y territorios, y unas nuevas políticas de seguridad y salud pública con los Estados Unidos”.
Por su parte, el jefe del partido Comunes, Rodrigo Londoño Echeverry, aseguró que el proceso de extradición debe suspenderse, puesto que “priman los derechos de las víctimas” para conocer la verdad y ser reparadas. Esto con el fin de que se conozca toda la verdad sobre los hechos que rodearon el Clan el Golfo tras la desmovilización de los grupos paramilitares.
Otoniel, quien fue capturado el pasado 23 de octubre en el Urabá antioqueño, se encuentra actualmente privado de su libertad en los calabozos de la Dijín a la espera que la Corte Suprema de Justicia resuelva la petición de extradición radicada por los Estados Unidos.