Con una carta dirigida al padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, los senadores Victoria Sandino y Benkos Biohó -del Partido Comunes- pidieron a la organización revisar el operativo en que se dio de baja a Guillermo León Sáenz, el cabecilla guerrillero conocido con el alias de Alfonso Cano.
De acuerdo con los senadores, que no seguirán en su cargo el próximo periodo, se cometieron violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) durante la operación militar que resultó con su muerte.
Las declaraciones de los exmiembros de las desmovilizadas Farc generaron malestar en algunas personas y víctimas de la violencia, por lo que dejaron en claro su posición. El general Luis Mendieta fue uno de los primeros en asegurar que los “crímenes de guerra siempre los han cometido las Farc”, según afirmó en diálogo con la emisora W Radio.
El general señaló que las antiguas Farc “remataban” y desaparecían a los militares. Por otro lado, Jhon Frank Pinchao, también de la institución, invitó a los senadores a trabajar fuertemente en el acuerdo de paz y a tener una posición “seria”.
Oficiales que fueron víctimas de secuestro también subrayaron que para la época en la que se dio de baja a Alfonso Cano, el excabecilla ya estaba cometiendo actos terroristas.
La carta
La misiva comienza reafirmando el papel de los senadores como parte del Acuerdo de Paz firmado en La Habana en 2017. Así las cosas, explican que acuden a la comisión como partes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVRJRNR) de la Jurisdicción Especial para la Paz, con el objetivo de “establecer una ruta para el esclarecimiento de la verdad” sobre lo sucedido con Cano.
Entre tanto, continúan relatando la operación que ocurrió hace diez años, momento en que, según dicen, el proceso de paz ya se encontraba en una fase exploratoria. Al parecer, los senadores habrían logrado recoger testimonios de personas que sobrevivieron a la llamada Operación Odiseo, y con ello aseguran que “Alfonso Cano fue ejecutado fuera de combate, desarmado y en situación de indefensión, en una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario”.
A reglón seguido, Sandino y Biohó expresaron su deseo de presentar el caso a la comisión, con la esperanza de que el Estado colombiano se responsabilice de los hechos en medio de la operación, que aseguran fue orientada desde el Batallón Codazzi, por la III División del Ejército Nacional y “dirigida por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, de la mano de la Fuerza de Tarea de Asalto Aéreo (FTASA), contando con el seguimiento del entonces ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón”, acota específicamente.
La carta radicada exige un cronograma para presentar de manera pública la evidencia que tiene con el objetivo llegar a revelar la verdad para el país y para un consiente acto de contrición del Estado, “cuyo reconocimiento por los responsables es vital para la convivencia y la no repetición pactadas en el Acuerdo de Paz”, escriben refiriéndose a las acciones difusas de este actor en medio del conflicto armado colombiano.
Antes de terminar, en la misiva agregan que, además del Estado también esperan que comparezcan y revelen la verdad de los hechos los responsables militares que actuaron en cadena de mando, quienes seguirían en puestos públicos y habrían expresado públicamente que formaron parte de la operación Odiseo.
Finalmente, concluyen expresando que seguirán asumiendo sus responsabilidades pactadas dentro del acuerdo de paz, en pro de la reparación integral de las víctimas.