A través de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, a la vicepresidenta Francia Márquez, al alcalde Bogotá, Carlos Galán; y a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, las víctimas del atentado con una bomba en el baño de mujeres del centro comercial Andino, perpetrado el 17 de junio de 2017, le piden al gobierno una respuesta para que este caso no quede impune.
De acuerdo con la misiva, los afectados aseguran que ya han pasado 2.557 días desde que ocurrieron los hechos, que dejaron un saldo de 3 personas muertas y más de 10 heridos, y todavía no se ha dictado ninguna sentencia en favor de las víctimas.
“Durante todos estos años, y a pesar de docenas de cartas y solicitudes a entidades gubernamentales, es inaudito, no pasa nada”, dice la carta.
Y añade: “En este día, que debería ser de conmemoración y solidaridad, nos encontramos nuevamente en una situación indignante de abandono y desatención”.
De acuerdo con los afectados, el abandono lo han sufrido desde el gobierno del expresidente Iván Duque y la exalcaldesa Claudia López, ya que las investigaciones, dicen, se han estancado y no han recibido ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades.
“La Fiscalía General no ha avanzado significativamente en el proceso de justicia, y las más de diez familias afectadas continúan esperando una respuesta que nunca llega”, agregan las víctimas.
En este sentido, piden que el Gobierno los reconozca como víctimas, ya que el ELN se adjudicó la responsabilidad del hecho, así como que puedan recibir las respectivas indemnizaciones por los daños causados.
“A lo largo de estos años, hemos enfrentado numerosos obstáculos y desdén por parte de las entidades encargadas de nuestra protección y reparación. La Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV), a pesar de los múltiples fallos, no ha cumplido con sus obligaciones de proporcionar la asistencia necesaria para nuestra rehabilitación y reparación integra”, aseguran.
Los firmantes de la carta, familiares que cargan con un profundo dolor, aseguran que “no queremos ser una cifra más en la lista de víctimas olvidadas”. De igual forma, exigen que se “respeten nuestros derechos y que se nos brinde la atención y reparación que merecemos. Este atentado no solo dejó cicatrices físicas y emocionales en nosotros, sino que también afectó la percepción de seguridad en toda la ciudad”.
Finalmente, le piden al presidente Petro, a la vicepresidenta Márquez y al alcalde Galán “un espacio para reunirnos presencialmente” para hablar de las responsabilidades y la reparación.