La Justicia Penal Militar tuvo un repentino deseo de investigar y se notó más en el proceso contra al coronel Carlos Feria, jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, implicado en las pruebas de poligrafía que se adelantaron a Marelbys Meza, la exniñera de la entonces jefe de gabinete del Gobierno, Laura Sarabia.
Esa jurisdicción “reclamó” el proceso y un juez en la justicia ordinaria les dio la razón. Remitió el expediente argumentando que se trata de actos en el servicio, una incoherencia de cabo a rabo, pues otro juez dejó la advertencia de que los hechos investigados no podrían entenderse como funciones propias de la seguridad presidencial.
“Esta conducta debe ser reclamada por la jurisdicción penal militar por cuanto cumple con los presupuestos objetivo y funcional para indicar que estas personas no solamente eran miembros de la fuerza pública en servicio activo cuando cometieron estas conductas que le fueron endilgadas, sino que tenían un vínculo estrecho y directo con el servicio”, precisó el juez penal militar.
Justamente los resultados de la investigación, a cargo de la Fiscalía, advierten que las pruebas de poligrafía estaban destinadas a los funcionarios y quienes llegaban a trabajar a la Presidencia de la República, no para particulares, civiles y menos para indagar los hechos de un hurto en la casa de Laura Sarabia. Pero así ocurrió.
Los policías de la seguridad presidencial, al mando del coronel Carlos Feria, imputado por la Fiscalía, utilizaron los equipos a su cargo y se esforzaron por someter a Marelbys Meza a las pruebas de poligrafía. La amenazaron, le advirtieron que iría a la cárcel y que su casa era objeto de allanamientos. Sin embargo, el juez consideró que esas eran actividades propias de su servicio.
La Fiscalía y las víctimas rechazaron la decisión y los segundos advirtieron que radicarán un conflicto de competencias para que el tema se discuta en la Corte Suprema de Justicia por ser esa la instancia correspondiente para dirimir la discrepancia jurídica. Mientras la Justicia Penal Militar insiste que son hechos en el marco de la función como seguridad presidencial, el ente acusador tiene otra interpretación.
“Usted (coronel Feria) estuvo al frente y dispuso las acciones encaminadas a contactar el organismo investigativo y adelantar así las indagaciones (...). Permitió el uso de los equipos de poligrafía de uso irregular, ya que estos son destinados para el estudio de seguridad de funcionarios o empleados que van a ingresar al servicio de la jefatura”, reseñó el fiscal del caso.
Los hechos son contundentes. Si es clara que las pruebas de poligrafía estaban destinados a funcionarios públicos, la seguridad presidencial no tenía por qué estar usándolos para buscar a los responsables de un hurto, llevar a una civil, sin dejar registro de la entrada y acorralarla para hacerle las pruebas de poligrafía.