Los uniformados investigados e imputados por la Fiscalía tras el asesinato de cuatro personas en el marco de las protestas del 9 de septiembre de 2020 en Bogotá fueron identificados como Andrés Díaz Mercado, Jhon Andrés Gutiérrez y Jorge Andrés Lasso.

Los policías estaban de turno en el CAI Verbenal en el norte de Bogotá cuando se desató una jornada de revueltas ciudadanas por el asesinato del estudiante de Derecho Javier Ordoñez. En esas revueltas cuatro personas perdieron la vida por impactos de arma de fuego.

En tres diligencias judiciales, la Fiscalía programó la imputación de cargos contra los uniformados investigados. En dos casos, la defensa interpuso un conflicto de competencia para que el proceso pasara a la Justicia Penal Militar, pero los jueces negaron esa solicitud y los fiscales avanzaron en la imputación.

Los uniformados no aceptaron los cargos y este jueves, en el caso del homicidio de Germán Puentes en las inmediaciones del CAI Suba, que dejó como imputado al patrullero Andrés Díaz Mercado, la representación de víctimas aseguró que el policía disparó en 21 oportunidades contra los manifestantes y uno de esos disparos impactó al ahora fallecido.

Los investigadores y fiscales del caso presentaron en la imputación de cargos las declaraciones y pruebas de balística para demostrar que los impactos de bala en el cuerpo de las víctimas salieron de las armas que portaban o que tenían como dotación los uniformados ese 9 de septiembre de 2020.

Solo en el caso de este patrullero, Andrés Díaz, la Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento, por considerar que los hechos materia de investigación son graves y que el uniformado puede representar un peligro para los testigos del proceso.

No obstante, la defensa del uniformado se opuso a la solicitud de la Fiscalía tras considerar que las pruebas no son concluyentes, además de que el uniformado ha estado atento a todas las diligencias y citaciones que hizo el ente acusador, así como porque tiene arraigo en la ciudad de Bogotá. En otras palabras, no hay riesgo de fuga.

La representación de víctimas leyó un extenso documento en el que enumera casos, decisiones, estudios y pronunciamientos -incluso internacionales- que dan cuenta de graves hechos de violaciones de derechos humanos por cuenta de la Policía contra la población civil. En esa medida, no solo sustentan su oposición a enviar el proceso a la Justicia Penal Militar, sino la necesidad de la medida de aseguramiento.

“Disparó en 21 oportunidades, aún cuando no lo podía hacer, en un escenario de protesta social con la intención clara y evidente de causar la muerte, que en este caso únicamente concretó respecto del ciudadano Germán Puentes Valero, es decir no se trata de un resultado eventual o aleatorio”, señaló la representación de víctimas al pedirle a la Fiscalía modificar la imputación a más gravosa.

La víctima de este caso estaba por llegar a su residencia cuando observó las manifestaciones que estaban ocurriendo en la localidad de Suba y durante la revuelta fue impactado con una bala de calibre 9 milímetros que, según los peritos de balística y la necropsia en Medicina Legal, fue disparada con el arma del patrullero ahora imputado.

Germán Puentes falleció mientras otras personas lo estaban trasladando a un centro médico de urgencia. En el hospital, su fallecimiento fue confirmado por los médicos.